Piden liquidar contratos de la Ruta del Sol II
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunció que dio por terminado el contrato con Odebrecht para la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.
El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, aclaró que el mecanismo utilizado fue una demanda por nulidad ante el tribunal de arbitramento del contrato, pues este falla más rápido que la justicia ordinaria y se espera tener una decisión en firme en los próximos meses.
Dijo el funcionario que cuando el tribunal expida su decisión es posible reabrir la licitación para que las obras que se verán interrumpidas se reactiven y poderlas terminar.
Sostuvo Andrade que este es un mecanismo jurídicamente sólido que permite proteger los derechos de los usuarios y terceros afectados como el sector financiero.
A su turno, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo que la nulidad del contrato permitirá en un tiempo realmente corto abrir una licitación para buscar un nuevo contratista que se encargue de los cerca de 200 kilómetros que hacen falta de esta carretera, considerada como una de las más importantes para el comercio exterior del país.
Llaman a los primos Nule
Dentro de la investigación que la justicia adelanta por las ‘coimas’ de Odebrecht, la Fiscalía General citó a declarar a los primos Manuel Nule Velilla, Miguel Nule Velilla y Guido Nule Marino en la investigación que se adelanta por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso de licitación en el año 2009 para el proyecto vial Ruta del Sol Tramo II.
Los primos Nule que por ese tiempo gozaban de gran prestigio en el país, por medio de una Unión Temporal presentaron su propuesta ante el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, que le adjudicó el contrato a la empresa brasileña Odebrecht.
La propuesta de los Nule quedó en tercer lugar en el proceso de licitación. Los empresarios, quienes se encuentran privados de la libertad, también deberán explicar la reunión que sostuvieron con el entonces viceministro de Transporte y director encargado del INCO, Gabriel García Morales y el consejero presidencial para las regiones, Miguel Peñaloza, frente al proceso de licitación del millonario contrato.
Además de los Nule en la licitación para el Tramo II de la Ruta del Sol también participó la firma OHL, que era representada por el abogado Miguel Ricaurte Lombana, dijo que en el proceso de adjudicación hubo serias irregularidades.
El comité ejecutivo “nos calificó como una empresa inexperta que no había aportado la experiencia” necesaria, pese a que es una de las más importantes del mundo, tanto en construcción como en administración de carreteras.
Recordó que con ese argumento rechazaron la propuesta de OHL sin que abrieran el sobre para conocer su contenido. Cuando vimos el monto de la adjudicación llegamos a la conclusión de que el proceso no solo había sido conducido para dejar solo a Odebrecht, sino que se adjudicó con un precio bastante mayor al que nosotros habíamos establecido, manifestó.
Ricaurte Lombana consideró que “sucedieron cosas tan anómalas en ese proceso que tenía que haber actos de por lo menos interesados de por medio” y apuntó al viceministro de transporte de la época, Gabriel García Moreno, como una de las personas más activas detrás de las decisiones.
Participación de Otto Bula
En la declaración de Eleuberto Martorelli, representante de Odebrecht Colombia contó cómo fue la obtención del otrosí al contrato de obra de la vía Ocaña – Gamarra de la Ruta del Sol. En su declaración dijo que asumió el cargo del director Superintendente en Colombia en enero de 2013 sustituyendo a Luiz Antonio Bueno Junior y la forma como conoció al entonces senador Otto Bula.
En la declaración ante la Fiscalía Martorelli señaló que la ANI envió un oficio a la Concesionaria sobre la estructuración del tramo denominado “Ocaña-Gamarra” de 90 kilómetros de carretera desde Ocaña – Rio de Oro hasta Gamarra – Puerto Capuco. En julio de 2013 se firmó el otrosí para que Odebrecht realizara los estudios de obra. Según Martorelli el valor de la obra estimado era de $1,2 billones, es decir US$450 millones, Valor por el cual se hizo la adición a Ruta del Sol II.
En el documento dado a conocer por Caracol Radio, Martorelli señala que conoció al exsenador Otto Bula en el periodo de transición con su antecesor, el señor Luiz Antonio Bueno en diciembre de 2012, “entre los días 13 y 14 de diciembre fui presentado al exsenador de la República Otto Bula que tiene una gran influencia en los medios políticos y sociales y actúa como lobista”.
Martorelli le dice a la Fiscalía que Bula comenzó a visitarlo en la compañía en condición de lobista en la promoción del paquete de más de 30 carreteras que serían concesionadas por la ANI, en el que estaba el tramo Ocaña – Gamarra.
El ejecutivo brasileño dijo que Bula le informó que “podría viabilizar un otrosí mediante el cual la ANI cedería la construcción, la operación y el mantenimiento de ese tramo, sin la necesidad de que el proyecto fuera licitado, conforme lo permitía el contrato de concesión”.
Aunque Martorelli reconoce que ya estaba en acuerdo con la ANI para la vía, dice que le comentó a Bula que necesitaban unas condiciones para la compañía: “el incremento del 15% de las tarifas de los 5 peajes existentes; la creación de dos nuevos peajes; anticipación de las vigencias futuras de los años 2024 y 2025 para los años 2016. 2017 y 2018; garantía del Estado a valor presente por ingreso de peaje en los años 2023 y 2018”.
Sostuvo el representante de Odebrecht que en las reuniones con Bula, él dijo que “podría influir para acelerar la obtención del otrosí”, por lo cual acordaron “un valor en pesos, equivalente al 1% del valor previsto para las obras”, lo que se conoce como “succes fee” o comisión por éxito.
En la declaración Martorelli señala que Bula “utilizaría su relación para influenciar de forma lícita a los agentes políticos de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación – DNP-, en un intento de obtener el otrosí definitivo con la inclusión de las condiciones” que pedía la compañía.
Bula fue enviado a la cárcel por un juez de Bogotá, al comprobar su participación en el ilícito.
Crece tormenta política por corrupción de Odebrecht
La adición del llamado otrosí en el contrato del Tramo II de la Ruta del Sol y que contempla la construcción de una carretera entre las poblaciones de Ocaña en Norte de Santander y Gamarra en el Cesar originó un enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody.
Para Uribe, hubo interés personal de la exministra Cecilia Álvarez, quien en ese tiempo ocupaba la cartera de Transporte.
Dentro de las llamadas ‘almendras’ el expresidente Uribe sostuvo que he condenado sin vacilación que personas vinculadas a mi Gobierno como Gabriel García hubieran sido sobornadas. La Ruta del Sol estuvo siempre asesorada por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. En el tramo dos participaron tres proponentes incluso por reclamo de uno de ellos hubo nuevas audiencias públicas, modalidad introducida por nuestro Gobierno para asegurar transparencia.
Gabriel García no lo nombré por recomendación clientelista. Pedí candidato para Viceministro a la Cámara de Comercio de Cartagena tal cual lo ha certificado la doctora Silvana Giaimo quien fuera directora de la entidad.
Los hechos indican que se formuló un replanteamiento del trazado de la Ruta del Sol II para que la vía pasara cerca de los puertos en los que la familia de la exministra de Educación, Gina Parody, tiene intereses económicos.
“Además esta transversal favorece el puerto cercano a Gamarra, en el cual tiene intereses la ministra Gina Parody. El documento Conpes se aprobó sin que las ministras se declararan impedidas, lo que presuntamente constituiría otra irregularidad”, dice el exmandatario.
Uribe también pide que se aclare si el secretario privado de la Presidencia, Enrique Riveira, llamó al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, para presionarlo y así lograr la adicción.
En un abrir y cerrar de ojos la señora Cecilia Álvarez y el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, cambiaron de criterio, dejaron de oponerse y se autorizó una adición de $900 mil millones.
En una comunicación las señoras Álvarez y Parody señalan que se trata de una cortina de humo mentirosa.
“Nadie en Colombia se sorprende de ver a Álvaro Uribe lanzando cortinas de humo con artimañas mentirosas y cargadas de odio”, sostuvieron las ex ministras.
En su comunicación insistieron en que solo hay dos personas que pudieron haber recibido dinero por corrupción en el escándalo de Odebrecht, las cuales trabajaron en el Gobierno de Uribe y tienen vínculos directos con su familia.
“¿Por qué no responde a lo que debe responder, senador Uribe?”, preguntan las ex ministras.
Finalmente, dicen que están tranquilas porque han sido honestas, pese al miedo que causa “el daño que es capaz de hacer un hombre lleno de odio y que oculta maldad hasta con sus seres queridos”.
Denuncia de Robledo
El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo denunció que el Banco Agrario le aprobó a Odebrecht un crédito por $120 mil millones, luego de que la Superintendencia de Sociedades le decretara la causal de disolución a la filial de la firma brasileña.
En rueda de prensa Robledo señaló que el Banco Agrario aprobó el crédito dos semanas después de la decisión de la Supersociedades y con una tasa de interés de DTF+2, mientras que a una persona natural le cobra usualmente un interés de DTF+5 sobre el crédito aprobado.
Según la entidad de vigilancia para el tercer trimestre de 2015, la filial en Colombia de Odebrecht reportó activos por $25.494 millones y pasivos por $29.399 millones, situación que llevó a la Supersociedades a decretar su insolvencia.
Sin embargo, Odebrecht posee el 86% del Consorcio Navelena, mediante dos empresas, firma temporal a la que le fue asignado el contrato de navegabilidad del río Magdalena.
Navelena aún no ha presentado formalmente el cierre financiero del proyecto y, ante las advertencias del Gobierno presentó una carta en la que exponía el plan mediante el cual lograrían dicho cierre.
En caso de que existieran irregularidades en el crédito a Odebrecht tal como lo expuso Robledo, el contrato de Navelena se convertiría en el segundo caso de corrupción en el que está involucrada la firma brasileña en Colombia, luego de que se confirmara el pago de sobornos dentro del proceso de licitación del Tramo II Ruta del Sol.
Procuraduría interviene
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, tomó la determinación de constituir una comisión integral de investigación e intervención para el caso Odebrecht, que tiene un plazo perentorio de una semana para mostrar resultados frente a las denuncias de corrupción ampliamente conocidas por el país y por el resto del mundo.
“Una comisión que estará integrada por una procuraduría delegada para la Contratación Estatal; un procurador delegado para la Intervención Judicial, el director de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y un equipo de procuradores judiciales y asesores especializados”, anunció el Procurador General de la Nación.
Precisó que “(…) sin perjuicio de los resultados que nos ponga sobre la mesa esa comisión vamos a presentar inmediatamente ante la justicia una acción popular en defensa de la moralidad y el patrimonio público”.
“Yo he dicho que la seguridad jurídica no puede ser el blindaje de los corruptos. Por supuesto que estamos dispuestos a brindar la seguridad jurídica y la tenemos que garantizar, pero para quienes no han incurrido en estas conductas tan lesivas para los derechos de los colombianos y para el patrimonio público”, añadió el Procurador, quien también anunció que la comisión creada revisará y analizará las actuaciones disciplinarias que se hayan llevado a cabo en el pasado.
Al mismo tiempo indicó que a partir de la confesión y la aceptación de cargos del exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, y de las declaraciones del exsenador, Otto Bula, se adelantarán las actuaciones disciplinarias con todo rigor y eficiencia, y sus resultados serán de conocimiento de la opinión pública la próxima semana.
Puntualizó que “es indignante, de verdad, para los colombianos que proyectos esenciales para el desarrollo del país terminen, como ya se ha dicho, en coimas o en sobornos”.
‘Ser pillo no paga en Colombia’ enfatizó el procurador Carrillo: “Vamos a identificar y es el compromiso de esta institución a partir de la fecha los tentáculos de este monstruo de corrupción, y dejarle claro al país que identificaremos en qué lugares se encuentran todos aquellos que participaron en esta operación”.
Tomado de:El Nuevo Siglo.com
