29 noviembre 2019 –
Foto: Pixabay –
Por: Enric Llopis, Rebelión de España –
“Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia”, denunció en su cuenta de Twitter el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el 12 de noviembre. Cuatro días después informó en las redes sociales del Decreto Supremo 4078 firmado por Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta golpista del país, que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas armadas en la represión; “es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, señaló el líder indígena, que también denunció los crímenes de la “dictadura inconstitucional”: 33 muertos, 804 heridos y 1.511 detenidos según la Defensoría del Pueblo.
El periodista Pascual Serrano recogió en un artículo, publicado en eldiario.es, ejemplos de cómo los medios informativos del estado español evitaron la expresión “golpe de Estado”. Así, según El País, “El Ejército obliga a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia” (11 de noviembre) y, al día siguiente, también en El País, “La violencia sobrecoge a Bolivia. Los militares salen a la calle con la policía para ‘evitar sangre y luto’ (…)”; en El Mundo, “Evo Morales, el indígena que sucumbió a las mieles del poder” (11 de noviembre); y en el diario monárquico ABC, la crónica empezó con un concluyente “Evo Morales tiró la toalla”. Además según el reportero y columnista de The New York Times, Max Fisher, “la crisis en Bolivia ilustra la difusa línea entre golpe de estado y revuelta”, interpretación que difundieron otros analistas.
Son muestras que tal vez encajen en el último ensayo de Pascual Serrano (Valencia, 1964) Paren las rotativas. Una pausa para ver dónde está y adónde va el periodismo, editado por Akal. El autor, que escribe artículos regularmente en eldiario.es, Mundo Obrero y Cuarto Poder, y es miembro del consejo editorial de la revista El Jueves, defiende las tesis que ha expuesto en publicaciones y conferencias. “Tanto el origen como la solución a muchos de los problemas del periodismo se encuentran en las estructuras económicas, y sin actuar sobre ellas, conformándonos con meras aspiraciones de gestión política, poco se podrá hacer”, afirma; y concluye el libro con las palabras que la fuente secreta del caso Watergate le trasladó al periodista Bob Woodward: “Sigan la pista del dinero”.
En un mundo hiperconectado, sobresaturado de información, dominado por la imagen y “pantallas invasoras” (la Asociación de Investigación Para los Medios de Comunicación señala que un tercio de las personas que acceden a Internet a través del teléfono móvil lo hace “casi constantemente”), Pascual Serrano reivindica el valor de los libros y la palabra escrita: la necesidad de profundidad, espacio y tiempo. En ocasiones, añade el escritor, “recurrir a la fuente de una red social para informarnos es como si hace diez años un periodista escribiese ‘oí en un bar’”. Traficantes de Información (2012), Contra la neutralidad (2011) o Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (2009) son algunos de sus libros.
De modo irónico, el periodista titula uno de los apartados del libro “Peligro, rusos”. Hace referencia a informaciones de El País como “La trama rusa empleó redes chavistas para agravar la crisis catalana” (noviembre de 2017), en las que se cita al canal RT y la agencia Sputnik; o por las mismas fechas, en ABC: “La actividad de centros de intoxicación de las redes sociales desde Rusia o Venezuela ha sido probada fehacientemente” en Cataluña, el referéndum del Brexit o las elecciones presidenciales francesas de 2017. También el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN pidió al estado español “que se proteja de la injerencia rusa”, informó el exdirector adjunto de El País, David Alandete, autor del libro Fake news: la nueva arma de destrucción masiva (2019). En diciembre de 2018 la Comisión Europea aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación, que establecía, para la “mejora de la detección” de fake news, un aumento presupuestario de 1,9 millones de euros en 2018 a 5 millones en 2019 (en octubre de 2018 empresas como Facebook, Google y Twitter firmaron el Código de Buenas Prácticas de la UE contra la Desinformación).
¿Dónde puede seguirse el rastro de las informaciones falsas? Pascual Serrano recuerda que en una entrevista en el canal de televisión MSNBC, en febrero de 2017, la asesora del presidente Trump, Kellyanne Conway, mencionó una supuesta “masacre” en la ciudad estadounidense de Bowling Green (Kentucky), que nunca ocurrió y cuya autoría intelectual atribuyó a dos ciudadanos iraquíes (la consejera realizó las declaraciones en el contexto del veto migratorio aprobado por Trump, que afectaba a siete países de mayoría musulmana). Para justificar esta prohibición, en febrero de 2017 Donald Trump también se inventó –durante un mitin en Florida- un ataque terrorista supuestamente perpetrado en Suecia.
En enero de 2013, El País publicó en la portada una fotografía falsa del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, presuntamente enfermo y entubado en un hospital. “¿Acaso los presidentes más poderosos del mundo y todos los grandes medios no nos engañaron cuando nos contaron que, en Iraq, había armas de destrucción masiva”, se pregunta el autor de Paren las rotativas.
Los ejemplos conectan con otro apartado del libro, “Intoxicados por las fuentes oficiales”; Pascual Serrano apunta que, en abril de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, del PP, informó que España suspendía las exportaciones de material antidisturbios a Venezuela; el anuncio, recogido por la Agencia Efe, fue difundido por medios como El Universal de México, La Vanguardia, Caracol Radio de Colombia, COPE o La Nación de Argentina; al día siguiente el gobierno de Venezuela aclaró, en un comunicado, que las fuerzas de seguridad de este país “no poseen ningún contrato vigente” de suministro de equipos antidisturbios con el Gobierno de España o las empresas españolas; se dio la circunstancia que agencias como Efey medios como La Vanguardia se hicieron eco del desmentido, “pero millones de personas de todo el mundo se quedarían con la primera versión”, concluye el escritor y analista.
En el verano de 2013, el Ministerio del Interior español emitió un comunicado, con fotografías y un vídeo adjunto, que hacía referencia a la llegada en una patera -a la costa de Melilla- de 15 migrantes subsaharianos, tres de ellos menores. “Las mujeres amenazaron con arrojar a los niños al agua” si se acercaba la guardia civil o “interceptaba” la embarcación, según Interior. La versión oficial añadía que, para frenar la acción de los guardias, los (hombres) migrantes amenazaron con prender fuego a la patera. ABC y El País, entre otros medios, reprodujeron el contenido de la nota oficial. Pascual Serrano recoge el análisis de la noticia en eldiario.es, que rebate la tesis de Interior: el vídeo difundido como presunta prueba de los hechos no demostraba ninguna de las acusaciones y, además, se omitía que uno de los agentes rocío la patera con un extintor.
Corren “malos tiempos para la libertad de expresión”, subraya el ensayista, que en 2016 publicó con Juan García Moya el libro Los gobiernos españoles contra las libertades. Pascual Serrano explica en el libro el caso de los fotoperiodistas Raúl Capín, colaborador de Mundo Obrero, y Adolfo Luján, detenidos en mayo de 2013. Su detención muestra “la represión de las autoridades españolas y su desesperación ante la difusión de documentos que muestran la violencia contra manifestantes”, explica; pero también que la captura policial fue “clamorosamente ignorada por los medios comerciales”; el director y el subdirector de la revista El Jueves fueron juzgados por un presunto delito de injurias en 2018, tras publicar el siguiente chiste en la portada: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña” (la causa fue finalmente archivada en mayo de 2019).
Pascual Serrano señala el procesamiento del actor Willy Toledo por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos (septiembre de 2018); y recuerda que la Audiencia Nacional condenó tanto a la tuitera Cassandra Vera -a un año de prisión- por los comentarios en las redes sociales sobre la muerte de Carrero Blanco (el Tribunal Supremo la absolvió en marzo de 2018); como al rapero Pablo Hásel, por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias contra la corona y las instituciones del Estado (dos años de prisión y 24.300 euros de multa, rebajada a nueve meses por la Audiencia Nacional en septiembre de 2018). En este contexto de restricción de libertades, el periodista concluye con una idea central: “Es responsabilidad de los poderes públicos garantizarnos una información veraz”.