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Los impactos de la reforma tributaria sobre la equidad y la democracia en Colombia serán una tierna caricia al lado de lo que propone el proyecto de ley 152 que reforma al sector de las TIC.
Tomado de: La Silla Vacia.
Al gobierno del Presidente Duque se le acusa de falta de iniciativa y de poca efectividad parlamentaria, pero la ministra Sylvia Constaín va como un volador. Al punto que con mensaje de urgencia y la maquinaria aceitada, este proyecto de ley fue aprobado la semana pasada de una vez en las comisiones sextas de ambas cámaras, sin que se atendiera ninguna voz pidiendo un diálogo profundo.
El senador Antanas Mockus, el más votado del país, que en hora buena aceptó ir a la Comisión sexta del Senado, y alguien que mal podríamos juzgar como un enemigo del sector privado, tuvo que dirigirle una carta a la ministra pidiéndole mesura y diciéndole que a esa velocidad vamos a terminar “encunetados”.
Ni el ministro Molano ni el Ministro Luna, que siempre me parecieron demasiado proindustria, despacharon el tema de modo tal aleve. Y hay que recordar que tanto la Ocde como la Unesco los asesoraron para que se tuvieran en cuenta estándares internacionales en materia de regulación y garantías de acceso a los servicios de televisión e internet. Por cierto, ¿se han sometido a debate las recomendaciones de esos organismos?
El afán del gobierno es simple: que la agenda de las empresas de tecnología, televisión y comunicaciones se ponga en la ley rápido. Antes de que los colombianos con distintos puntos de vista podamos pedir participación en las decisiones. Qué gente tan urgida. No es para ya la corrupción (los proyectos de ley que 12 millones de colombianos pedimos en una consulta popular están engavetados), ni es urgente la crisis de las universidades públicas, ni es urgente nada que interese a los ciudadanos comunes. Pero nos vamos a reventar si no aprobamos ahora mismo entregarles a las empresas de comunicaciones y tecnología el uso del espectro electromagnético, un bien público trascendental para nuestro futuro.
Lo que propone el proyecto es otorgar licencias baratas por treinta años renovables (sí, casi eternas) al sector empresarial de las TIC, fortalecer a los canales privados actuales de la televisión y que el poder para regular las comunicaciones sea más dependiente de los gobiernos. Y según la ministra no se puede dar un debate nacional de unas cuantas semanas antes de tomar esa decisión, porque cada minuto que privemos a las empresas de comunicaciones y tecnología de esas garantías de largo plazo, nos afectan a todos los colombianos.
Que los gobiernos reconozcan que defienden intereses empresariales y pongan de ministros a personas que han estado siempre al servicio de gremios y dependencias de asuntos públicos (dedicadas a hacer lobby) en las empresas es preocupante, porque hace dudar que considerarán múltiples intereses cuando trabajen en el Estado. Pero vaya y pase. Al fin de cuentas los eligió una parte del país y si deciden no gobernar para todos, sino para una agenda, pues ni modo.
Que como consecuencia les quieran entregar a la carrera, para toda la vida y casi regalado un bien publico valiosísimo a las empresas del sector que se lucra de ese bien público, y de ñapa les quieran garantizar que la vigilancia del servicio que van a prestar no quedará a cargo de un ente independiente, sino de un aparato de gobierno, ya es el colmo.
Pero que nos digan que todo eso lo hacen por nuestro bien si me parece de un cinismo inaceptable. El discurso de la ministra Constain, es que las empresas de telecomunicaciones no han podido crecer porque están ganando muy poco, y aunque se mueren de ganas, no consiguen llegar a los sectores más apartados con sus inversiones ni vender sus servicios baratos a los más pobres. Que el Estado tiene acorraladas a las empresas, y que nos estamos afectando a nosotros mismos si seguimos limitando a esos héroes de la inclusión.
Ahora resulta que si los ciudadanos no tenemos servicios de telefonía, internet, etc. buenos y baratos, eso no tiene que ver con las empresas que prestan esos servicios, sino con quienes pensamos que se puede tener un sector de tecnología regido por otros puntos de vista distintos a los de los dueños de esas empresas. No señora ministra, eso es como cuando el superintendente financiero Jorge Castaño, con el apoyo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, dijo que el sistema financiero es un patrimonio de todos y que hay que perseguir penalmente a los jóvenes tuiteros que promueven un boicot al grupo AVAL y el Fondo de pensiones Porvenir. Lo que nos dicen el superintendente y la vicepresidenta es que cuidar las utilidades de Luis Carlos Sarmiento es proteger nuestros ahorros. Y lo que ahora nos dice la doctora Constaín es que los negocios de Carlos Slim y Bill Gates también son nuestros. No hola, también tampoco.
La cultura, la educación y la política dependen del uso del espectro electromagnético y la provisión de servicios digitales y de televisión. Nuestra privacidad, el acceso a la información, la manera como nos educamos, la construcción de la identidad nacional y regional, la calidad del debate público, quién gana y quién pierde las elecciones, lo que vemos en las pantallas, se juegan en esta ley.
Quienes proponen fortalecer proveedores públicos o comunitarios de televisión e internet, defienden la necesidad de un regulador independiente o proponen cobrar las licencias con tarifas acorde con la rentabilidad de un sector muy lucrativo para financiar con esa plata a la televisión pública, tienen derecho a una tribuna tan visible como la de las multinacionales a las que el gobierno actual representa. Y para eso lo sensato sería retirar el proyecto de ley 152 de 2018 y abrir una discusión seria que lleve a un proceso de reforma incluyente. Pero por lo pronto, lo urgente es dejar la urgencia en la aprobación del proyecto actual y no ponerlo este año en las plenarias del Congreso.