3 Mayo 2019.
Foto: Pixabay.
La información pública necesita la libertad con tanta urgencia como el cuerpo humano reclama el aire o la luz, de modo que sin libertad plena es imposible la información.
Tomado de: Fundación Colombiana de Periodismo.
Esto explica la aparente hipersensibilidad de la sociedad y de los profesionales de la información pública ante cualquier amenaza contra la libertad.
También explica el empeño de los gobiernos y de las instancias de poder para asumir el control de la información.
La celebración de esta nueva jornada de la Libertad de Prensa ocurre cuando se ha puesto en marcha uno de esos empeños gubernamentales, con el proyecto de ley que describe, como su propósito general, “modernizar el sector de las tecnologías de información y de las comunicaciones”.
La Fundación Colombiana de Periodistas (FCP) ve en ese proyecto una nueva amenaza contra la libertad de prensa.
El proyecto Mintic, prioritariamente preocupado por el interés de los inversionistas, quiere reducir sus incertidumbres legales y fomentar su participación en el sector de modo que en vez de la preocupación por estimular el servicio público de las comunicaciones, esta ley se centra en la economía de los empresarios de las comunicaciones.
La experiencia de los periodistas de hoy demuestra que la libertad de información peligra cuando este servicio puede ser controlado directa o indirectamente por los empresarios. La comunicación pública no puede tener, como alma o impulso, el negocio y para que la información pública pueda ser libre, el negocio tiene que estar subordinado al servicio de informar.
Tal como están diseñadas en el proyecto de ley, las estructuras de “esa modernización del sector”, es el gobierno quien mantiene un control que reduce, hasta hacerla desaparecer, la libertad de información.
En efecto, el proyecto entrega al gobierno la potestad de nombrar dos comisionados del organismo directivo: ¿nombrados con qué criterio: el común en estos casos, que es el político? ¿O el criterio del mérito?
Y en la figura de un “regulador convergente”, se mantiene la posibilidad de activar medidas de control; el Ministerio, a su vez puede otorgar o renovar permisos para el uso del espectro eléctrico; también le reconoce funciones de inspección, vigilancia y control que en manos de cualquier gobierno llegan a ser amenazas ciertas contra la libertad.
La lectura de esta propuesta ratifica la convicción de que nadie nos da la libertad, porque esta debe ser hechura de cada persona; en esa hechura, a su vez, las personas y la sociedad trabajan a contracorriente. Hoy es el proyecto de ley que implementa la voluntad del poder gubernamental de mantener el control de la información; al mismo tiempo que los poderes económicos cobran una alta cuota por su apoyo financiero en publicidad o en patrocinios.
La libertad no es un don, ni un privilegio, es una hechura que cada día se renueva. La lucha que resulta de esa tentativa de control político o comercial al periodismo, al periodismo y a todos los que sienten la necesidad de una información libre, genera unas tareas específicas. Una de ellas, entre las primeras, la de contribuir a la desaparición de la idea de que servicio público de información es lo mismo que servicio oficial o gubernamental de información. Este sería un esfuerzo de definir para robustecer el derecho de la población a una información libre.
Cada jornada de la libertad de expresión trae consigo satisfacciones y tareas. Hoy se destacan, estimulantes, los avances en el ejercicio de la libertad de informar; pero aún más apremiantes son las tareas a las que nos convoca el deber de mantener esa libertad a pesar de las amenazas que la rodean. Esa defensa del bien social de la libertad es nuestra tarea de cada día.