Tragedia en Mocoa por desbordamiento de ríos Foto: Twitter: @unionradio93_7
Al menos 23 personas habrían muerto por cuenta de las inundaciones. A esta hora, más de 60 heridos son atendidos. Se traslada un avión con ayuda humanitaria desde Bogotá.
Mocoa amanació debastada. En la madrugada de este sábado las fuertes lluvias llevaron a los desbortamientos de los ríos Mocoa, Sancoyaco y Mulato, lo que ocasionó una tragedia cuyas proporciones aún son incalculables. Informes inciales hablan de la muerte de al menos 23 personas y de alrededor de 150 heridos.
El hospital de la capital de Putumayo está colapsado por cuenta de la emergencia. Los sobrevivientes son llevados a esta hora a las instalaciones del coliseo del Instituto Tecnológico de Putumayo.
El alcalde de Mocoa, Jose Antonio Castro, instaló una sala de crisis. Indicó que hasta el momento no hay cifras consolidadas de la tragedia y que en el terreno hay 2.500 hombres de la Fuerza Pública y organismos de socorro atendiendo a los damnificados, de los cuales 800 son hombres de la Policía y 1.400 soldados del Ejército.
La emergencia afectó 17 barrios de la ciudad. Los mayores daños son en las viviendas de personas que viven en zonas contiguas a los ríos. Son cuantiosos los destrozos, varios barrios quedaron prácticamente desaparecidos.
La Unidad de Gestión de Riesgo activó su sistema de emergencia para atender la situación. Anunciaron que un avión se desplaza con personal técnico y ayuda humanitaria.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró vía Twitter que pidió el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgo y de las Fuerzas Militares para atender la emergencia por deslizamientos y lluvias. El Primer Mandarario acompañado de los ministros de Defensa, Salud y Medio Ambiente se movilizan a esta hora al lugar de la tragedia.
La diputada de la oposición venezolana Amelia Belisario (C) discute con soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
JUAN BARRETOAFP
El diputado de la oposición Carlos Paparoni (d) discute con soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. JUAN BARRETO AFPSoldados de la Guardia Nacional impiden el paso de un grupo de diputados que protestan en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. CRISTIAN HERNÁNDEZ EFEUna partidaria del presidente venezolano, Nicolás Maduro, protesta frente a los partidarios de la oposición fuera del Tribunal Supremo de Justicia. MARCO BELLO REUTERSEl diputado de la oposición Carlos Paparoni (d) discute con soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. JUAN BARRETO AFPUn grupo de partidarios del gobierno venezolano se enfrentan a diputados de la oposición que se manifiestan frente al Tribunal supremo de Justicia. MARCO BELLO REUTERSLos diputados de la oposición Carlos Paparoni (segundo por la derecha) y Carlos Paparoni (centro) se enfrentan a soldados de la Guardia Nacional frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. JUAN BARRETO AFPJuan Requesens (c), diputado de la opisición venezolana, protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERSLa portavoz de la oposición venezolana, Amelia Belisario, grita al personal de la Guardia Nacional durante la manifestación ante el Tribunal Supremo en Caracas el 30 de marzo de 2017. JUAN BARRETO AFPUn manifestante muestra una pancarta durante una protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas. CARLOS GARCIA RAWLINS REUTERSEstudiantes universitarios se enfrentan a la Policía Nacional de Venezuela durante una protesta frente al Tribunal Supremo en Caracas. FERNANDO LLANO APEnfrentamiento entre la Guardia Nacional y estudiantes universitarios durante la protesta, Caracas. ARIANA CUBILLOS APManifestantes frente a la Guardia Nacional de Venezuela durante la protesta, en Caracas. MARCO BELLO REUTERSUna manifestante es ayudada tras haber sido atacada con gas pimienta durante una protesta en Caracas. FERNANDO LLANO AP
Autoridades atienden la situación. Bomberos reportan varias personas desaparecidas.
Mocoa. Foto amazwe.com
El lodo afectó 17 barrios de la capital del Putumayo. Foto bluradio.comFoto caracolradio.com
La situación en Mocoa es devastadora. El desbordamiento de tres ríos y una avalancha de lodo y piedra que se presentaron en la noche de este viernes, han dejado 16 personas fallecidas y más de 75 heridos.
“Es una tragedia que lamentamos muchísimo. Y reclamamos un SOS”, dijo el alcalde de Mocoa, José Antonio Sánchez, a Caracol Radio, quien confirmó que fueron 17 barrios los afectados, entre estos están San Miguel, Laureles, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio y San Agustín.
De acuerdo con el alcalde, la capital de Putumayo se encuentra sin energía, sin agua, “totalmente aislado”. Fueron tres ríos –entre ellos el Mocoa y San Boyaco-, los que se desbordaron y dejaron viviendas destruidas, vehículos arrastrados, dos puentes devastados y decenas de familias afectadas. “Mi casa está destrozada, el barro está casi hasta el techo”, narró el alcalde de Mocoa.
Sánchez, manifestó que esperan “la solidaridad de los colombianos. Estamos llorando los capitalinos. (…) Gran parte de esta población numerosa se la llevó la avalancha. Muchas casas fueron borradas”.
Y aseguró que espera que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, vaya a la zona y los apoye en este difícil momento. “Se necesita apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (…) Se necesita agua, colchonetas, elementos comunes de emergencia, alimentos no perecederos”.
Por último, el alcalde afirmó que en la mañana de este sábado esperan hacer el inventario de daños y poder tener una cifra de las personas desaparecidas.
El Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, se solidariza con los colegas venezolanos cuya labor fue reprimida físicamente en las últimas horas, como una consecuencia adicional golpe a la democracia propinado ayer por el gobierno de Nicolás Maduro.
Las agresiones de las cuales fueron víctimas los reporteros caraqueños a manos de la Guardia Civil de Venezuela, llaman particularmente a la solidaridad gremial con Elyangélica González, corresponsal de la Cadena Radial Colombiana, CARACOL, quien a través de sus emisoras pudo dar el testimonio de los ultrajes, golpes sufridos y de la detención a la cual fue sometida junto a sus colegas por ordenes de altos oficiales que simultáneamente estaban reprimiendo una protesta estudiantil contra el cierre de la Asamblea Nacional, dispuesta ayer por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Respetuosa pero enérgicamente, el CPB solicita a la cancillería colombiana asumir una posición clara y firme frente a la crítica situación propiciada por la dictadura del señor Maduro con la supresión de las ramas judicial y legislativa del poder público, la censura, el cierre de medios de comunicación , el cierre unilateral de la frontera con Colombia y ahora el brutal atropello físico a los periodistas venezolanos.
El Círculo de Periodistas de Bogotá se suma a la solicitud de los gobiernos, cuerpos legislativos e instituciones civiles de América Latina para que la Organización de Estados Americanos, OEA, e incluso la Organización de Naciones Unidas, ONU, adopten urgentemente decisiones que faciliten el restablecimiento de la democracia y de los derechos civiles en el vecino país y la protección a las víctimas del actual régimen de gobierno en Venezuela.
Manifestantes en Caracas protestaron este viernes por la decisión del TSJ. /AFP
Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay aseguran en un comunicado que “causa alarma” el traspaso de poderes del Parlamento al TSJ y pide un apego irrestricto a la Constitución.
Por: redacción internacional
En un comunicado conjunto, cinco países de la Unasur —Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay— condenaron la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de transferir los poderes del Parlamento a sus dominios, lo que ha desatado una crisis institucional inédita en ese país. Los países aseguran que “causa alarma” la decisión del alto tribunal, emitida en la noche del miércoles y que ha producido numerosas protestas en Caracas y decenas de ciudades en Venezuela.
Estos hechos, afirman, “atentan contra los principios y valores de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de los poderes públicos”. El comunicado tiene una gran similitud con las afirmaciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien aseguró hoy que es “inaceptable” la resolución del TSJ y que se deben restablecer los papeles de cada uno de los órganos públicos. Los países instan al “restablecimiento del orden democrático” a través del apego a la Constitución. La ONUhizo este viernes una petición en el mismo tono.
Este es el segundo pronunciamiento que realizan estos países en conjunto en una semana. El anterior también refería el respeto a las leyes y la preocupación por la situación de Venezuela, inmersa en una crisis política y económica que ha producido un desabastecimiento de alimentos y medicinas mayor al 80% y una perspectiva de inflación superior al 1000% para este año. Los opositores denuncian que hubo un«golpe de Estado».
Hay que recordar que estos países también hacen parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, ha impulsado la activación de la Carta Democrática, que traería sanciones económicas y un aislamiento político a Venezuela que algunos ven como inconveniente en este momento de crisis. En su declaración de este viernes, Santos dijo que “no descarta” la activación de la carta, pero que los miembros de la OEA deben pensar primero “en el futuro” de dicha decisión y qué se hará luego.
El presidente Santos presentó un muy favorable balance de las cifras que muestran una ostensible reducción de los indicadores de violencia en Bolívar, durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios.El presidente se mostró alarmado por lo que ocurrió con el Parlamento de ese país y llamó al diálogo./ Foto:Presidencia.
El presidente Juan Manuel Santos rechazó este viernes, durante la clausura del Congreso Nacional de Municipios, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de anular las acciones de la Asamblea Nacional de ese país.
“Lo que sucedió ayer (jueves) al quitarle todos los poderes a la Asamblea Legislativa nos obliga y nos obligó a levantar nuestra voz de protesta y nuestra voz de solidaridad con la democracia venezolana que se ve claramente vulnerada. Anular con una decisión arbitraria el poder Legislativo es inaceptable, esto claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia que es la representación popular”, dijo.
Aseguró que es imperativo encontrar una solución pacífica a crisis que vive ese país, recordando que, “no hay país que gane más o que pierda más con lo que suceda en Venezuela que Colombia”. Y dijo que la Comunidad Internacional debe plantear soluciones.
“La comunidad internacional debe enviar señales claras, contundentes, de que estamos listos a ayudar pero no a cohonestar con medidas que en lugar de ayudar agraven la crisis o permitan que la crisis se siga agravando”, dijo.
La ONU y la OEA, agregó Santos, deben plantear salidas y no deben descartar la aplicación de la Carta Democrática pero deben proyectar qué pasará tras esa decisión.
“Y la posible aplicación de la Carta Democrática no se debe descartar, pero es importante al mismo tiempo pensar más allá: ¿si ese paso se da entonces qué, cuál es la salida, cuál es el futuro? y ahí también hay que hacer un llamado a la oposición en Venezuela, para que se coordine y se ponga de acuerdo”.
Santos afirmó que aunque las relaciones no han sido fáciles con ese país, han sido cordiales, pero reconoció que “sufrieron otro revés” tras la instalación de un campamento militar en territorio colombiano. Pero agradeció el apoyo al proceso de paz, y dijo que hoy la historia está demostrando cuál es el mejor sistema.
“Yo agradezco el apoyo que durante el proceso de paz hemos recibido por parte de Venezuela de forma permanente, las profundas diferencias que teníamos sobre la mejor forma de gobernar, de manejar la economía, de producir resultados sociales no las pondríamos en discusión porque nunca nos íbamos a poner de acuerdo. (…) Convenimos algo muy pragmático: dejemos que la historia dé su veredicto sobre cuál es el mejor sistema. Creo que la historia está dando su veredicto”, agregó.
Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano, rompe la orden de arrebatarle los poderes a la Asamblea Nacional.
La ruptura del orden constitucional venezolano, por orden del Ejecutivo, para que el un tribunal asuma las tareas del Parlamento, es considerada, entre otras cosas, como una “despedida de la democracia”.
Süddeutsche Zeitung, de Múnich: Maduro convierte a Venezuela en una dictadura
«El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le arrebató el poder al Parlamento y ahora legislará él mismo. Con esto, Venezuela se despide, definitivamente, de la democracia. El Gobierno de Maduro ya había anunciado que el Parlamento caería, cuando 300 funcionarios del gobernante Partido Socialista asaltaron una sesión del Parlamento.
El Parlamento cayó ahora que sus poderes le fueron arrebatados por el Tribunal Supremo, que pretende no solo interpretar las leyes sino dictarlas. La política del presidente Maduro tiene cada vez menos de democrática: encarcelar a sus contrincantes políticos y bloquear con dudosos métodos su destitución. Aunque, según la Constitución, Venezuela es aún una democracia presidencial, el país ha pasado, definitivamente, a engrosar la camarilla de dictaduras”.
El País, de Madrid: «Un auténtico golpe de Estado»
«Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país, que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.
Maduro ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.
Hoy, Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres”.
Die Welt, de Berlín: «El socialismo está muerto. ¡Viva la dictadura!”
Diosdado Cabello es el hombre más influyente tras las bambalinas del gobernante Partido Socialista, y el más temido de todos. Hace pocos días, Cabello ironizó que sin oposición no se podrían hacer elecciones. Sus palabras habrían de convertirse en oscura profecía: este 29 de marzo, la oposición perdió su último instrumento político. El TSJ le quitó los poderes al Parlamento, la Asamblea Nacional, libremente elegida. Ahora, los jueces del régimen pueden decidir si hay elecciones y cuándo.
A la preocupación expresada por el cardinal Jorge Urosa de que al Gobierno no parecen interesarle las elecciones, la respuesta fue el asalto de una iglesia cuyos fieles fueron obligados, a mano armada, a escucharse una arenga sobre los logros de la revolución socialista.
El uso de los «colectivos” son una clara amenaza de Cabello. Armados por el extinto Hugo Chávez para «defender la revolución de una invasión por parte del Imperio”, y como los gringos nunca llegaron, las milicias paramilitares protegen con violencia armada a los socialistas de un pueblo profundamente frustrado”.
Flynn, un general retirado que había asumido como asesor de seguridad nacional en el Gobierno de Trump cuando llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero pasado, renunció a su cargo el 13 de febrero en medio de un escándalo por ocultar sus contactos con representantes del Kremlin. Según el WSJ, Flynn ha dicho al FBI y a miembros del Congreso de Estados Unidos que están investigando los vínculos de la campaña de Trump con Rusia que está dispuesto a declarar si se le garantiza inmunidad ante una posible persecución judicial en su contra.
Las fuentes del periódico aseguran que la oferta fue hecha a través del abogado de Flynn Robert Kelner, tanto al FBI como a los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, aunque se desconoce la respuesta. Entre las discusiones en las que participó Flynn, según el Journal, figuran las deliberaciones para revisar las sanciones impuestas a Rusia por la Administración de Barack Obama por sus interferencias en la campaña electoral.
Una de las fuentes oficiales dijo al WSJ que no está claro si Flynn se ha ofrecido a hablar sobre algún aspecto específico sobre su trabajo en la campaña de Trump, pero el hecho de que está buscando inmunidad da a entender que se enfrenta a riesgos legales. El abogado de Flynn, en un comunicado difundido después de las revelaciones del Journal, confirmó que el general retirado “tiene una historia que contar, y verdaderamente lo quiere hacer si las circunstancias lo permiten”.
Pero también advierte de que “ninguna persona razonable” se sometería a un interrogatorio “en un ambiente altamente politizado, de caza de brujas y sin garantías de un juicio justo”. El abogado no detalló en esa nota detalles sobre los temas que está dispuesto a abordar Flynn en caso de que sea interrogado y las gestiones que está haciendo para prestar declaración.
Sin embargo, lamentó que el general retirado, un veterano militar con 33 años de servicio castrense, está siendo “acusado sin fundamento” y es objeto de “afirmaciones escandalosas de traición”.
Flynn salió de la Administración de Trump por ocultar la naturaleza de las conversaciones que había mantenido con el embajador ruso, Sergei Kislyak. También se supo que recibió decenas de miles de dólares de parte de tres compañías rusas, incluyendo la cadena de televisión RT, por discursos o intervenciones que tuvo poco antes de que se uniera a la campaña electoral de Trump.
Espero que el gobierno peruano colabore con el resto de gobiernos, expresó Mario Vargas Llosa.
Por EFE
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pidió este jueves a los países latinoamericanos aceptar la iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, luego de conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumirá las competencias de la Asamblea Nacional.
«Espero que el gobierno peruano colabore con el resto de gobiernos», dijo hoy Vargas Llosa a medios locales en Arequipa, su ciudad natal.
El premio Nobel de literatura de 2010 aseguró que «los venezolanos luchan diariamente contra una dictadura» porque, a su juicio, el chavismo «ha violado todas las libertades públicas y todas las instituciones que defienden la democracia y los derechos humanos en ese país».
Durante sus charlas realizadas el pasado miércoles, Vargas Llosa consideró que el caso de Venezuela es «realmente trágico» y acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser «un poder enemigo de la democracia».
El TSJ decidió el miércoles que asumirá las competencias del Parlamento debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
Ante esto, la Asamblea Nacional (AN) acusó hoy al presidente Nicolás Maduro de haber dado un «golpe de Estado».
El gobierno de Perú anunció este jueves el retiro definitivo de su embajador en Venezuela, debido a la decisión del Tribunal Supremo venezolano, aunque no precisó si la medida implica la ruptura total de relaciones diplomáticas bilaterales.
Anunció, además, que ha iniciado consultas con países miembros de la OEA, para que en el marco de la Carta Democrática Interamericana, se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela.
«Dicha ruptura es incompatible con las normas del sistema interamericano», remarcó.
Poco antes, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, había considerado «inaceptable» la decisión del TSJ.
«América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela», señaló Kuczynski en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La Carta Democrática de la OEA fue aprobada en 2001 en Lima, tras el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien en 1992 dio un «autogolpe» de Estado, al clausurar el Congreso y el Poder Judicial para elaborar una nueva constitución, lo que le permitió ser reelegido tres veces consecutivas, lo que impedía la carta magna.
Dicho documento es un mecanismo de la OEA para restituir el orden democrático en un estado miembro donde haya padecido una ruptura o alteración, y en caso último contempla la suspensión del país con el voto de dos tercios de los Estados miembros.
Nicolás Maduro junto a los miembros de Tribunal Supremo venezolano. En vídeo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela denuncia el golpe de Estado.ARIANA CUBILLOS (AP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY
La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional venezolana, el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el chavismo— y la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro supone un mazazo institucional de una gravedad extrema, sin parangón desde que comenzara la crisis institucional en Venezuela. Es un auténtico golpe de Estado para el que no cabe la más mínima matización. En un continente donde la democracia ha avanzado espectacularmente desde que dejara finalmente atrás regímenes de los años setenta y ochenta, el retroceso de Venezuela hacia una dictadura constituye una tristísima noticia y arroja preocupantes sombras sobre el futuro del país que de ninguna manera merece quedarse al margen del sistema de libertades felizmente mayoritario en la región.
La Asamblea Nacional es el órgano legislativo legítimo según establece la Constitución venezolana —diseñada e impulsada, por cierto, por el propio Hugo Chávez— y fue democráticamente elegida por última vez en las elecciones de diciembre de 2015. Como presidente del país, Maduro está obligado no solo a reconocer los resultados, que dieron una abrumadora victoria a la oposición, sino a colaborar institucionalmente con la Cámara por el bien y la gobernabilidad de Venezuela.
Pero el mandatario no ha hecho nada de esto, sino que ha intentado, desde el primer momento, saltarse la legalidad con todo tipo de argucias. Estas han incluido el recurso a un fantasmagórico parlamento alternativo o la aprobación de los presupuestos despreciando por completo el parecer de la Cámara. Finalmente, ha ordenado a la justicia, intervenida completamente por el chavismo, un proceso indefendible desde el punto de vista legal que ha terminado con la inhabilitación total del Parlamento. Algo inconcebible en cualquier país que aspire a ser reconocido internacionalmente como una democracia.
En este contexto no pueden extrañar las durísimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el informe de la misma organización que exige unas elecciones. En palabras de Almagro, “de una dictadura se sale por elecciones”.
La ruptura del orden constitucional amparada por Maduro y los suyos supone un peligrosísimo punto de no retorno en la fractura creada en Venezuela por el chavismo. A pesar de los llamamientos serios a la cordura y al diálogo reiterados durante meses por personalidades e instituciones internacionales y al intento de mediación del Vaticano, Maduro se ha negado tozudamente a cumplir los requisitos mínimos que hicieran posible siquiera buscar el entendimiento y ha acelerado su resistencia al cumplimiento de la ley en una estrategia que ha finalizado con el golpe del pasado miércoles.
Hoy Venezuela es un país aislado del resto de sus vecinos, con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y la economía destruida. Este es el verdadero legado de Nicolás Maduro y el chavismo. Algo que no merecen los venezolanos, a quienes no se les puede negar el derecho, como exige la OEA, a elegir a sus gobernantes en unas elecciones libres.
WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos ( OEA), el uruguayo Luis Almagro, pidió hoy formalmente que se convoque a una sesión urgente del Consejo Permanente de la OEA con la intención de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
El secretario general de la OEA envió una carta al presidente del Consejo Permanente, Patrick Andrews, solicitando la convocatoria e invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana «para analizar la situación en Venezuela».
El presidente del Consejo Permanente deberá decidir si convoca o no la reunión y la fecha en la que tendrá lugar.
Foto: Reuters / Edgard Garrido
Almagro denunció ayer que hubo un «autogolpe de Estado» en Venezuela tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojó de sus competencias a los diputados de la Asamblea Nacional y declaró legal que los magistrados asuman sus funciones.
El virtual autogolpe, que conmocionó a la región, llegó apenas dos días después de que la OEA lanzara una fuerte advertencia a Caracas, de un tenso y áspero debate en el Consejo Permanente sobre el país caribeño, que terminó sin votación, pero dejó una declaración de 20 países para diseñar una hoja de ruta hacia una solución política a la crisis.
Lejos de ceder ante la presión internacional, Maduro subió la apuesta. Almagro sentenció ayer: «Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado».
Qué es la Carta Democrática Interamericana
La resolución 1080, aprobada en 1991, habilitó por primera vez a la OEA a tomar las sanciones y las medidas que considerara «adecuadas» en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado.
En abril de 2001, en Quebec, Canadá, jefes de Estado y de Gobierno -reunidos en la III Cumbre de las Américas- encargaron a los ministros de relaciones exteriores que prepararan una carta que reforzara «los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa».
La Carta Democrática Interamericana fue adoptada en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. Fue promulgada para «la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y cultura democráticas» entre los Estados de las Américas.
La Carta está dividida en seis capítulos: La democracia y el sistema interamericano (I), La democracia y los derechos humanos (II), Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza (III); Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática (IV); La democracia y las misiones de observación electoral (V) y Promoción de la cultura democrática (VI).
Hasta ahora, el capítulo IV de la Carta Democrática fue invocado diez veces. En siete ocasiones se aplicó en forma preventiva para evitar el «escalamiento» de crisis político-institucionales que «podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático». En otros dos casos, la Carta se aplicó en momentos considerados como «rupturas del orden democrático». Recientemente, y por primera vez, se aplicó en función del artículo 20.
Artículo 20
«En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática».
