La infanta Cristina junto a su esposo Iñaki Urdangarin.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha notificado este viernes la histórica sentencia del caso Nóos: la infanta Cristina, sexta en la línea de sucesión al trono, ha sido absuelta de la acusación de colaborar en dos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin Liebaert.
La infanta sólo deberá pagar una multa de 265.088,42 euros en calidad de responsable civil a título lucrativo. En realidad le sale a devolver, ya que había consignado ante el juzgado los 587.413 euros en que la Fiscalía cifró su responsabilidad. Es decir, la Justicia le deberá reingresar al menos 322.225 euros.
Peor suerte ha corrido Urdangarin, que ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, siete de inhabilitación para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares y al pago de una multa de 512.553 euros.
El socio de Urdangarin, Diego Torres, ha sido el peor parado al ser condenado a 8 años y medio de prisión, 8 años de inhabilitación especial y al pago de una multa de 1.723.843,10 euros por cinco delitos de corrupción cometidos como corresponsable del Instituto Nóos.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, ha señalado —tras subrayar que está «levitando»— que la infanta está «satisfecha» por el fallo, aunque preocupada por la condena de su marido. «Sigue defendiendo su inocencia», ha apuntado. La infanta Cristina y su esposo han conocido el fallo en su domicilio actual de Ginebra.
Manos Límpias ha sido condenada a pagar el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y el 50% de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada.
El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha indicado tras conocer el fallo que valorará si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de su socio Diego Torres, una decisión que tiene que tomar «esta misma mañana».
MÁS DE TRES AÑOS PARA JAUME MATAS
De igual forma, la Audiencia de Palma ha condenado al expresidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a 3 años y 8 meses de cárcel y a 7 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación. Es un suma y sigue para Matas, que tiene pendiente la resolución de una veintena de causas por corrupción derivadas en su mayor parte del denominado caso Palma Arena.
Solo tres de los acusados del caso Nóos han sido condenados a penas de prisión no sustituibles por multas: el propio Matas, Urdangarin y Torres. En total suman 18 años y 5 meses de cárcel.
Han sido absueltos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón; José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA); Jorge Vela, también exdirector de CACSA; la que fue responsable jurídica de esta entidad, Elisa Maldonado y la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.
José Luis Ballester Tuliesa ha sido condenado a 15 meses y 2 días de prisión —que se sustituyen por penas de multa— y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación.
Gonzalo Bernal García ha sido sentenciado a 15 meses y 2 días de prisión -sustituida también por multa- y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación.
Juan Carlos Joaquín Alia Pino ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.
Miguel Ángel Bonet ha sido sentenciado a una pena de 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.
La encargada de redactar la sentencia ha sido Samantha Romero, presidenta del tribunal, Eleonor Moyá, máster en criminología, y Rocío Martín, ponente que en 2013 firmó la mayor condena por corrupción a un político en España: 16 años de cárcel para Josep Juan Cardona, conseller de Jaume Matas.
El caso Nóos, abierto en 2010, es una de las 27 piezas separadas del sumario Palma Arena, de 2008.
El gremio médico ha promovido un acelerado proceso para afianzar la autorregulación y evitar desbordes que atenten contra la estabilidad del sistema.
Ley Estatutaria entra en vigencia. División frente a lo que se podrá hacer en práctica, sin plata.
A partir de este viernes, la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), la cual consagró la salud como un derecho fundamental, entra en plena vigencia, al cumplirse el plazo de dos años otorgados para definir con claridad las “prestaciones en salud” a que tienen derecho 49 millones de colombianos.
En rigor, el artículo 15 de la citada norma establece que los afiliados al sistema de salud tendrán derecho a todos los servicios requeridos, con excepción de los que sean excluidos de forma explícita. (Lea también: La Ley Estatutaria de Salud, para ‘dummies’)
En otras palabras, según Elizabeth Beltrán, médica salubrista y miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, “a partir de hoy el Plan Obligatorio de Salud (POS) deja de existir, y los médicos podrán formular en ejercicio de su autonomía, principio que también se consagró en la ley, lo que consideren pertinente para sus pacientes”.
Y aunque pareciera que esto es un plan de salud ilimitado, según Beltrán no es así porque la ley contempla unas exclusiones que deben ser explícitas y definidas por el Ministerio de Salud.
Félix Nates, director de regulación, costos y tarifas del Ministerio de Salud, asegura que el mecanismo para definir las exclusiones se elaboró con participación de las sociedades científicas y otros actores, y estas serán dadas a conocer en los próximos días.
Financiación, el gran lío
Pero más allá de los ajustes técnicos, la ley estatutaria genera otras inquietudes, entre las cuales la más preocupante es el aspecto financiero.
Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo), es enfático al afirmar: “Ojalá esto no se convierta en un desengaño para todos por la falta de recursos. Entra, en rigor, en un sistema con desequilibrio financiero evidente”.
Si bien el directivo gremial no dio cifras, algunos estudios proyectan que en el primer año de entrada en vigencia de la ley estatutaria, los costos adicionales en la salud podrían superar los 2 billones de pesos, cifra superior a lo que hoy cuesta el no POS. (Lea también: Ley Estatutaria de Salud: ¿a qué no tienen derecho los pacientes?)
Frente a la preocupación por el déficit financiero que, se presume, va a generar la aplicación de la ley, Pedro Contreras, de la gran junta médica y coautor de la norma, dice: “Nosotros siempre hemos creído que el sistema cuenta con recursos financieros suficientes, que reorientados y controlados rigurosamente pueden garantizar el goce efectivo del derecho a la salud”.
Insiste en que, en caso de faltar, el Estado debe buscar fuentes adicionales de financiación, sobre la base de que este es un derecho fundamental que prima sobre cualquier otro interés.
El optimismo expresado por Contreras contrasta con la visión de los usuarios. Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo, asegura que “no ha existido voluntad del Gobierno para echar a andar la ley estatutaria, sancionada hace dos años por el presidente Juan Manuel Santos, como se puede evidenciar con las normas que ha intentado expedir para reglamentarla y los raquíticos presupuestos aprobados para todo el sector”.
El movimiento social Pacientes Colombia se quejó en un comunicado de que “la salud en Colombia es un artículo de lujo, lejos, muy lejos de ser un derecho fundamental”, así como de que el sistema de salud “se está transformando con resoluciones, con baja participación ciudadana, llevando a la pérdida de derechos adquiridos”.
Lo cierto es que mientras algunos piensan que existen posibilidades de otras fuentes de financiación para cubrir el eventual incremento de los costos de los servicios, otros expertos van más allá.
El consultor en servicios de salud Hernando Macías asegura que “el aumento en la demanda de servicios multiplicará la abultada cartera de los hospitales, frente a unas EPS que seguirán recibiendo el mismo dinero, para ellas ya insuficiente”. (Lea: Diez cosas que cambian con la Ley Estatutaria de Salud)
En consecuencia, dice el experto, los hospitales y clínicas incrementan el riesgo de brindar servicios sin contar con la totalidad de los elementos requeridos por falta de liquidez, lo que podría exponer a los usuarios a “consecuencias negativas sobre su bienestar”.
También Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Hospitales y Clínicas, dice que la ley estatutaria se queda vacía al implementarse con las herramientas de un sistema de salud en estado crítico. “Se requiere una reforma ordinaria que propugne por un sistema único de salud, financiado de manera suficiente, en el que se reemplace lo inútil del actual esquema y se preserve lo que ha servido”.
Autorregulación, una necesidad
Finalmente, Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), dice que para los médicos que propusieron esta ley, el articulado proporciona el marco necesario para estructurar el modelo de salud que necesita el país. “Es el paso más importante que se ha dado en lo social en términos de derechos. Aquí lo que se requiere es la participación de todos los sectores para entender que garantizar el bienestar de toda la población es la base para el desarrollo del país”, recalca Navarro.
El gremio médico ha promovido un acelerado proceso para afianzar la autorregulación y evitar desbordes que atenten contra la estabilidad del sistema.
Jaime Calderón, expresidente de la ACSC, afirma que hacer que los pacientes vuelvan a ser el centro de la salud es el deber de todos los profesionales de la medicina con la entrada en vigencia de la ley que la consagra como derecho fundamental. Invita a defender este avance, que “es de todos”.
CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ Asesor médico de EL TIEMPO
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que la situación afecta a 53 familias en Tibú y a otras 43 en el municipio de Teorama.
A un grupo armado “posdemovilización” atribuyó este viernes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el desplazamiento forzado de al menos 96 familias de los municipios de Tibú y Teorama (Norte de Santander), quienes habrían tenido que buscar refugio en Venezuela. (Lea: Presidente Maduro alertó sobre el desplazamiento masivo de colombianos a Venezuela)
Según pudo documentar el organismo, los desplazamientos se registran desde el pasado 10 de febrero, cuando un número aún indeterminado de familias se desplazó de manera interveredal en territorio colombiano (vereda la Cooperativa municipio de Convención) y otras se fueron hacia Venezuela. “La Defensoría del Pueblo registra que algunas de las familias ya han retornado a sus comunidades”, declaró la OCHA.
Apenas este miércoles, la Oficina recibió información sobre un nuevo desplazamiento masivo de 50 familias del municipio de Tibú. “A la fecha de elaboración de este informe, se evidencia que persiste temor generalizado en la población, y se estima riesgo de que se presenten nuevos desplazamientos masivos en la zona”, advirtió el organismo. (Lea: Ejército desmiente supuesto desplazamiento de colombianos a Venezuela)
La OCHA señala además que autoridades tradicionales del Pueblo Indígena Barí denunciaron la presencia de un “grupo armado posdesmovilizacion” en la comunidad Sahpadana y Brubuncanina. “En esta última también se informó la llegada de familias campesinas desplazadas. Se encuentran en riesgo de desplazamiento las comunidades Ocbabuda y Suerera”, precisa.
Se espera que autoridades municipales de Tibú, Teorama y Convención, adelanten con brevedad el censo de la población en situación de desplazamiento y adopten medidas para la activación de la ruta de atención a víctimas.
“El 15 de febrero durante un consejo de seguridad adelantado en el casco urbano de La Gabarra (Tibú), se evidenció la necesidad de adelantar un censo de las familias desplazadas que se encuentran en el refugio humanitario, y así identificar necesidades humanitarias y posibles acciones de respuesta (…) Algunas de las familias desplazadas se ubicaron en un Refugio Humanitario (RH) constituido por campesinos de la región el 14 de febrero en el perímetro de seguridad de la ZVTN de Caño Indio, en Tibú”, puntualiza la OCHA.
La Oficina manifestó que, en cabeza de su Equipo Local de Coordinación (ELC), continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las autoridades locales y el Ministerio Público.
«Hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera, producto de la continuación de la guerra civil en Colombia (…) Se vinieron con lo que consiguieron por la guerra (…) los hemos atendido con los brazos abiertos como hermanos, y ellos saben que llegan aquí y tienen primero a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que les va a respetar sus derechos y les va a dar un abrazo como ha sucedido en la madrugada de ayer”, dijo el mandatario venezolano, agregando que esta cifra únicamente entró por “un solo punto» de la frontera, en el estado de Zulia.
Ante esta denuncia, el general Jaime Carvajal, comandante de la segunda división del Ejército colombiano, había asegurado que estas afirmaciones del presidente venezolano son falsas.
“En ninguno de los municipios tenemos conocimiento de desplazamiento de campesinos colombianos”, señaló en diálogo con Blu Radio.
Además aseguró que en la zona no hay presencia de paramilitares como lo han manifestado las Farc, lo que supuestamente ha retrasado la llegada de integrantes de las Farc a la zona de concentración de Caño Indio.
Entrega de Premios CPB y homenajes en La noche de los mejores (9 de febrero 2017)
Con un homenaje a Enrique Santos Castillo y un Premio Especial sobre la paz, el Premio de Periodismo CPB conmemora sus 35 años.
“El CPB institucionalizó la medalla Enrique Santos Castillo para exaltar el apoyo, defensa y aporte al desarrollo de la prensa y de la libertad de expresión, a partir de este año”, dijo William Giraldo, Presidente del CPB.
El mismo jurado, el 9 de febrero, en La noche de los mejores, revelará los nombres de nominados y ganadores del Premio CPB 2017.
Concursan 600 periodistas con 404 postulaciones en 13 categorías.
El programa, La noche de los mejores será transmitido en directo, de seis a siete de la noche, por el Canal Uno, desde el Teatro Cafam de Bellas Artes.
El día del periodista, el 9 de febrero, en la entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB 2017 se rendirá un merecido homenaje a uno de los más grandes y reconocidos periodistas colombianos: Enrique Santos Castillo. Además, se entregará un Premio Especial al Mejor Trabajo sobre la Paz, y se conmemorarán los 35 años de la creación de éste importante premio de periodistas para periodistas.
Medalla Enrique Santos Castillo y Premio Especial sobre la Paz
Con el fin de reconocer la admiración, respeto, honra, legado y trayectoria periodística, de Enrique Santos Castillo, el Círculo de Periodistas de Bogotá institucionalizó, a partir de este año, la entrega de una medalla que lleva su nombre. “Con éste galardón, se exaltará y reconocerá el apoyo, defensa y aporte al desarrollo de la prensa y de la libertad de expresión”, señala William Giraldo Ceballos, presidente del CPB, y quien recuerda que Enrique Santos Castillo fue fundador y primer presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá. “En su larga trayectoria en el diario El Tiempo, conjugó virtudes de un periodismo objetivo, honesto, gallardo, ejemplar y libre”.
Enrique Santos Castillo (1917-2001), fue un gran editor con “olfato periodístico” como pocos, que durante 56 años trabajó en el diario El Tiempo, 36 como jefe de redacción y veinte, como editor general. Es reconocido por haber sido un abanderado de la defensa de la democracia y por ser el decano y maestro de más de tres generaciones de periodistas, entre ellos, sus hijos Enrique y Juan Manuel Santos Calderón, este último, actual Presidente de la República.
Por otro lado, por esta única vez, con un premio especial, se premiará el mejor trabajo sobre la paz, como un homenaje a los esfuerzos de los colombianos y, particularmente, de los periodistas que con su trabajo han contribuido al proceso de paz entre el gobierno y las Farc, tras más de 50 años de conflicto. “Es una forma de unirnos a un histórico momento que vive el país, de reconocer el importante papel que ha cumplido el periodismo y de esperanza por cambiar los temas y artículos periodísticos de guerra por los de paz “, dice William Giraldo.
Un jurado de excepción califica los 404 trabajos postulados
En esta versión del 2017, concursan alrededor de 600 periodistas que postularon 404 trabajos en 13 categorías. La más alta postulación de los últimos años del Premio, realizada en una convocatoria que duró sólo un mes. Sólo, el 9 de febrero, durante la ceremonia de proclamación y entrega, el jurado revelará los nombres de los nominados y ganadores.
El extraordinario jurado del Premio, está integrado por siete ´celebres y prestigiosos periodistas:
María Elvira Arango (presidenta del jurado), directora y conductora del programa Los informantes, de Caracol Televisión. Destacada entrevistadora de radio, prensa y televisión. Dirigió la revista Bocas y creó la revista Don Juan.
Carlos Gustavo Álvarez, periodista, escritor y experto y asesor en comunicaciones estratégicas. Columnista de Portafolio. Ex director de la Revista Elenco, y ex editor de Cromos,Credencial, y de la Página Dominical de El Tiempo.
Javier Ayala, periodista económico con amplia trayectoria, consultor y asesor de importantes entidades. Creó y dirigió el Noticiero Nacional de Televisión. Comentarista de temas de economía en radio, prensa y televisión.
Daniel Coronell, presidente ejecutivo y director de Noticias de Univisión, columnista de la revistaSemana, editor excepcional y periodista de investigación de renombre internacional.
Vladimir Flórez, “Vladdo”. Célebre caricaturista, periodista e ilustrador. Caricaturista de la revista Semana y columnista de El Tiempo. Presenta y dirige NSN Noticias (Noticiero Sin Noticias). Creador de Aleida, personaje renombrado entre el público femenino porque despotrica de los hombres.
Álvaro García, director del galardonado noticiero Red+Noticias y del programa de Claro televisión Palabras más. Ex embajador. Dirigió Noticias RCN televisión y fundó y dirigió la revistaJet Set.
Germán Santamaría, laureado cronista, escritor, ex embajador y ex director de la revista Diners. Siendo cronista de El Tiempo, convirtió a Omayra Sánchez en el símbolo de la avalancha que sepultó a Armero.
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Ganadores Premio de Periodismo CPB 2017
Mauricio Gómez obtuvo el más alto galardón, Mérito Periodístico Guillermo Cano
El Presidente Juan Manuel Santos entregó el Premio Especial de la Paz a Germán Alfonso Pérez, del Canal Universitario Nacional Zoom por No más violencia. Este premio se otorgó sólo por este año.
José Alejandro Cortés Osorio, expresidente del Grupo Bolívar y creador del Premio de Periodismo Simón Bolívar, recibió la Medalla Enrique Santos Castillo por su estímulo y apoyo a la prensa colombiana. Este premio se entrega por primera vez y se institucionaliza a partir de este año.
404 trabajos periodísticos, de diferentes regiones de Colombia, fueron sometidos a la evaluación del jurado, que fue presidido por la periodista María Elvira Arango. Premiaron 14 categorías.
William Giraldo, presidente del CPB, dijo que las actuales circunstancias demandan urgente un código de ética para los medios y para los periodistas donde prime el interés público, la imparcialidad, independencia integridad y respeto.
La ceremonia se realizó en el Teatro de Bellas Artes de Cafam y fue trasmitida por el Canal Uno, con la producción del Caracol Televisión por el canal Uno.
En una solemne ceremonia en la que periodismo y la paz fueron los protagonistas, y a la que asistió el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el reconocido periodista Mauricio Gómez Escobar, quien tiene amplia trayectoria periodística, principalmente en televisión, recibió el máximo galardón del Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, 2017, el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano.
El importante galardón fue entregado por el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, William Giraldo, y fue otorgado por la junta directiva del CPB, a Mauricio Gómez Escobar por haber dedicado su vida al periodismo, por su calidad profesional y su honorabilidad personal, que son ejemplo para las nuevas generaciones.
En el mismo acto, que fue transmitido en directo por televisión en el programa La noche de los mejores, el jurado del Premio Nacional de Periodismo CPB, que fue presidido por acompañada por los también célebres e influyentes periodistas Carlos Gustavo Álvarez, Javier Ayala, Daniel Coronell, Vladimir Flórez, Álvaro García y Germán Santamaría, reveló los nombres de los finalistas y ganadores del Premio Nacional de Periodismo CPB 2017. Estos fueron:
PRENSA:
GANADOR
1.- El NO ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia
Autora: Juliana Ramírez Prado
Medio: La República
2.- Agua Bendita
Autores: Alejandro Santos Rubino y Cristina Castro Pinzón
Medio: Revista Semana
3.- Un abuso de pareja que llegó al límite
Autora: Yolanda Gómez Torres
Medio: El Tiempo
RADIO:
GANADOR
1.- Después de la guerra: memoria de un país que le apuesta a la paz.
Autores: Lorena Vega, Deysa Rayo, Carolina Bustamante, Vanessa Alejandra Vallejo, Juan Ricardo Pulido y Juan Carlos Lasso.
Medio: Radio Nacional de Colombia
2.- La Guajira: entre trochas ilegales y dudosos manejos ambientales.
Autora: Angélica Barrera
Medio: La F.M. RCN Rario
3.- Música para la infinita soledad del secuestro
Autor: Indalecio Castellanos
Medio: La Noche de la Libertad, de RCN Radio
3.TELEVISIÓN:
GANADOR
1.- Silvia: mil paisaje en paz
Autor: Oscar López Noguera
Medio: Telepacífico Noticias
2.- Nancy, la viuda que reclama la finca de Tirofijo
Autora: Martha Soto
Medio: El Tiempo Televisión
3.- El día que…
Autores Harold Romo, Carlos Alberto Castaño y Lucía Cedeño
Autores: Ginna Morelo Martínez, Rafael Quintero Cerón, Simón Sánchez Sotomayor, Claudia Carolina Báez Urbano, Luis Alejandro Urueña Castro y Juan Manuel Ríos Reyes.
Autores: Luis Carlos Gómez, Angélica Sánchez, Mónica Jaramillo, Angie Palacio, Sandra Rodríguez, Jeanette Colorado y Hernán Sansone
Medio: Revista Semana
Por otro lado, se otorgó por primera vez la Medalla Enrique Santos Castillo, a José Alejandro Cortés Osorio, expresidente del Grupo Bolívar y quien, en 1975, en honor a Simón Bolívar, creó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que desde entonces se entrega anualmente. En ese momento, Cortes Osorio Dijo:” Con humildad pero con la satisfacción que dejan las acciones justas, pretenderemos, con la ayuda de un gran jurado nacional, cuya esencia son todos y cada uno de los periodistas de Colombia, reconocer, no solo las actividades que se cumplen para la superación profesional, sino también la trayectoria de vidas consagradas y ejemplarizantes. Galardonados todos ellos que contribuirán a coadyuvar a que nuestra prensa siga siendo independiente, justa, exactas, honesta, responsable y digna”.
También por primera vez, y sólo en esta oportunidad, dada la importancia del proceso de paz y de los acuerdos alcanzados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, la insurgencia más antigua de América Latina, que buscan poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, que deja un saldo doloroso y dramático de más de 200.000 muertos y millones de víctimas, el Círculo de Periodistas de Bogotá, como la primera y principal agremiación periodística del país, no podía estar ausente ante este momento histórico, creó un Premio Especial para el mejor trabajo sobre la paz, que fue entregado por el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón.
El sacrificado, de Arenas Betancourt
Los ganadores, en las 13 categorías, recibirán la escultura El Sacrificado, creada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, especialmente para el CPB.
Esa misma escultura, también la recibirá el ganador del Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano, que será elegido por la Junta Directiva del CPB, presidida por William Giraldo, y cuyo nombre se dará a conocer esa noche. Este premio se otorga a quien haya dedicado su vida al periodismo y quien por su calidad profesional y su honorabilidad personal, sea ejemplo para las nuevas generaciones.
Con esta distinción se busca exaltar la memoria y legado de Guillermo Cano Isaza, quien dirigió el diario El Espectador, durante 34 años. Su rectitud, la defensa en pro de los derechos humanos, la lucha contra la violencia y el narcotráfico, le costó la vida. Fue asesinado hace 30 años, el 17 de diciembre de 1986, al salir de la sede del periódico.
Desde el Teatro Cafam La noche de los mejores
La proclamación y entrega de los Premios de Periodismo CPB, se realizará en el Teatro Cafam de Bellas Artes, que tiene una gran sala con capacidad para 900 personas y cuenta con los más modernos adelantos técnicos y equipos de sonido que lo colocan como uno de los escenarios más sofisticados del continente.
El evento será transmitido en directo por televisión, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. por el Canal Uno, con la producción de Caracol Televisión, en el tradicional programa La Noche de los mejores.
Los presentadores de este importante y tradicional evento, son el periodista Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, de Caracol Televisión y Mónica Jaramillo, presentadora de Noticias Caracol. Los premios serán entregados por miembros de la junta directiva del CPB, integrantes del jurado, destacados periodistas de la prensa, la radio y la televisión y algunas personalidades.
Después del acto, el CPB ofrecerá un coctel en homenaje a los ganadores de los premios, agasajados y galardonado o galardonados con Premio Especial sobre la paz.
En escena la libertad de prensa cuestionada
La Fundación Centro Escénico Luna Lunera se vincula a la celebración del día del periodista del CPB, y el mismo 9 de febrero, en el auditorio del Teatro Cafam de Bellas Artes, de cuatro a cinco de la tarde, presentará el monólogo Yo Katty Sajona…grito, cuyo argumento es una denuncia sobre la persecución a la libertad de prensa. La obra está basada en uno de los ocho monólogos de los dramaturgos y artistas italianos Darío Fo y Franca Rama llamada Yo, Ulrike, Grito…
La protagonista es la actriz Kranky Cely, la dirección y adaptación fue realizada por Antonio José Gómez, y hace referencia a los más importantes casos sobre la libertad de prensa de los últimos cincuenta años en Colombia.
Foto:Arnaldo Valencia Conto con Gabriel García Marquéz
Cortesía de Claudia Rodríguez V.
El Círculo de Periodistas de Bogotá lamenta profundamente la muerte del colega Arnaldo Valencia Conto. Hacemos llegar a sus seres queridos nuestra expresión de condolencia y de solidaridad. Informaremos a los colegas y relacionados el sitio de velación y exequias.
Juan Gossaín
Por favor transmítanle mi solidaridad y mi cariño a la familia de Arnaldo Valencia Conto, que fue mi compañero en Caracol. Gran periodista y gran señor, amigo noble y caballero auténtico. Un abrazo.
Velación funeraria los olivos calle 42 # 14-20 Bogotá D.C
Mensaje de José María Bolaño:
Atención: uno de los más reconocidos y queridos periodistas, Arnaldo valencia conto, acaba de morir en Bogotá. Esta sensible desaparición nos causa el más grande dolor entre quienes tuvimos el honor de trabajar con el en caracol,donde se desempeñó como jefe de redacción. En las próximas horas les estaremos informando la funeraria donde será velado. Paz en la tumba de uno de los seres más queridos y de los periodistas pioneros que más aportó a la profesión.
Discurso pronunciado por William Giraldo Ceballos, Presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, en la proclamación y entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB 2017.
En su pelea con los jueces y la prensa, el presidente estadounidense ha reiterado que su poder es “incuestionable”.
Puede parecer anacrónico, pero una frase del siglo XVII, atribuida a Luis XIV, define con precisión lo que el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores piensan sobre su gobierno: “El Estado soy yo”. Cuatro palabras con las que, de acuerdo con la tradición, el rey les reiteró a sus súbditos quién era el jefe.
Se trata de cuatro palabras que han sido usadas para describir regímenes absolutistas, dictaduras y autocracias. El gobierno estadounidense tiene su propia versión de ellas: “El poder del presidente no va a ser cuestionado”. Aunque no lo dijo Trump sino uno de sus asesores más cercanos (y cuestionados): Stephen Miller.
Miller fue a casi todos los medios de comunicación de su país a defender a su jefe. Y en una entrevista con Fox News salió con esta perla. Lo hizo para criticar a los jueces que se han opuesto a la decisión de restringir el acceso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Dijo que se trataba de decisiones “ideológicas” y de una “usurpación judicial de poderes”, desconociendo la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que hace parte de la democracia estadounidense. Miller aseguró que el presidente puede suspender la entrada de extranjeros cuando es “de interés nacional”.
Mejor dicho: que el presidente de los Estados Unidos, en cuanto a defensor de su país ante el mundo, no debe ser cuestionado por otras ramas del poder público, como por ejemplo los jueces, sino obedecido. Esto en cuanto a que él, de acuerdo con esta visión, encarna la ley y es el defensor de la seguridad nacional.
Algo similar a lo que dijo el filósofo alemán Carl Schmitt en 1934, respecto al ascenso de Adolf Hitler al poder. Algo muy parecido, a su vez, a la recordada Doctrina de Seguridad Nacional con la que las dictaduras del Cono Sur justificaron asesinatos y desapariciones, asegurando que eran parte de una campaña contrainsurgente. Es decir: por la seguridad nacional.
En resumen: cuando se trata de proteger al país de “amenazas externas”, no debe haber límites para el presidente. Muestra de ello son las palabras de Miller y las de su jefe. Cabe recordar que, al conocerse de un fallo en contra de su cuestionado decreto, Trump trinó que la seguridad “de nuestra Nación está en riesgo”.
Ya el gobierno estadounidense lo había dicho en su respuesta a una demanda contra este decreto que restringe el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos. Así quedó consignado en el fallo en el que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el decreto.
En el fallo, de 29 páginas, los jueces aseguran que la posición del Gobierno ha sido que las medidas del presidente, respecto a la inmigración, sobre todo aquellas relacionadas con la “seguridad nacional”, son incuestionables, “incluso si esas acciones pueden contravenir derechos constitucionales”. Un argumento con el que los tres jueces se muestran en desacuerdo.
Y Trump respondió diciendo que todo esto se va a definir en la Corte Suprema de Justicia. Habrá que esperar. Mientras tanto, Trump afronta su primera crisis tras la renuncia de su asesor en Seguridad Nacional, el general (r) Michael Flynn, por haber hablado con Rusia sobre las sanciones que el expresidente Barack Obama le impuso a este país. Trump no ha hecho más que desplegar cortinas de humor y quejarse de “filtraciones ilegales en su contra”.
Todo hace parte de ese mismo discurso: “el Estado soy yo”. Por ende: quienes estén en su contra están en contra de Estados Unidos y son una amenaza para la seguridad nacional, incluyendo a quienes revelan sus desaciertos.
A uno se le ocurre que lo primero que hace un investigador después de obtener el testimonio del coautor de unos delitos en que este avienta a otros para salvarse de castigos severos, es constatar la autenticidad de sus afirmaciones. Lo segundo, es penetrar, siquiera unos centímetros, las razones que mueven al declarante a denunciar a algunas personas con nombre propio, además de la obvia rebaja de penas que pretende. No hay tanta proliferación de testigos falsos como han argumentado, con éxito y ante jueces no siempre cándidos, muchos delincuentes reales que encontraron el camino de su absolución haciendo parecer mentirosas, las verdades cristalinas que los condenarían en un sistema probo. Pero, del otro lado, un operador judicial tampoco puede calificar, con igual peso, las acusaciones que escuche de un bandido ajeno a los entramados colombianos del poder, que las de otro, hundido hasta el cuello en los conflictos locales. Ponderar, es el término clave. Y esto es lo que se echa de menos en el fiscal general, tan elaborado jurista en unos casos y tan simple en sus posiciones públicas sobre el escándalo Odebrecht en el país. A no ser que la explicación sobre la doble personalidad de Martínez Neira resida en que tenía en mente el equilibrismo político más que la balanza de la Justicia cuando reventó las “revelaciones” que enlodaban la campaña Santos y que terminaron nivelándola con el desprestigio de la campaña Zuluaga, según análisis juicioso de Cristina de la Torre en su columna de ayer, en este diario (ver).
En efecto, no tienen similar valor ni pueden tenerlo en los despachos judiciales las denuncias de un publicista brasilero con contratos en todo el continente y a quien, por consiguiente, le importan un bledo los entretelones de la política nacional, que las de un testigo criollo cuya fortuna deriva del entramado más bajo y sórdido del mundo local. El publicista Duda Mendonça confirmó el año pasado lo que ya había trascendido en 2014: que cobró US$4 millones a Óscar Iván Zuluaga. Ahora se precisa que el candidato uribista le pagó la mitad y que la otra mitad corrió por cuenta de Odebrecht. Seamos sinceros, sin ofender: para Mendonça, Zuluaga debió ser una hormiga al lado de clientes como Lula, Temer, Menem o Bachelet. No habría, en principio, ningún interés particular en enlodar injustamente al precandidato de hoy. Cosa por completo distinta a los móviles que le servirían de motor al sujeto Otto Bula. Si lo que él ha manifestado bajo la gravedad del juramento responde a sustentos fácticos, se sabrá, tarde o temprano. Mientras tanto, las preguntas sobre sus afirmaciones de un oportunismo político pasmoso, flotan: ¿por qué y para qué puso su foco en el gobierno Santos?
Su entorno nos da unas respuestas, más allá de sus palabras: 1. Ha sido aliado político y, de acuerdo a expedientes penales, también socio de negocios turbios de Mario Uribe quien, a su vez, fue aliado político y es pariente cercano del enemigo número uno de Santos (Álvaro Uribe). 2. Ha sido intermediario de la clase política regional más corrupta, con el narcoparamilitarismo de Córdoba, Sucre y Antioquia. 3. Es famoso ganadero y supuesto propietario de miles de hectáreas despojadas a los campesinos. 4. Funge como “tenedor de buena fe” —tal como tildaron Ordóñez y Lafaurie, a otros dudosos terratenientes de la costa— de predios que serán objeto del programa de restitución a sus propietarios reales. 5. Es dueño, en papeles, de haciendas apropiadas mediante desplazamientos masivos y transacciones bajo coacción. 6. Hay evidencias de sus nexos con la “Oficina de Envigado”, la misma de alias Job (quien solía visitar la Casa de Nariño en épocas uribistas), y cuyo jefe máximo fue alias don Berna, colaborador en su momento, de ese gobierno. Después de revisar su prontuario, un investigador cualquiera, no necesariamente el encumbrado Martínez Neira, se preguntaría si Bula pretende obtener menos años de cárcel o si su gran premio —la libertad plena, por ejemplo— depende de hundir en el barro maloliente de la campaña uribista al gran promotor del acuerdo de paz que, oh sorpresa, no le gusta, ni poquito, al fiscal general.
La salvación de esta red social depende de la forma como afronten el reto de reinventarse, recuperando la esencia y sin descuidar a los usuarios.
Primero fue ICQ; después, el Messenger de Microsoft; luego, el Yahoo Messenger, y más tarde el turno les correspondió al Messenger de Blackberry y a MySpace. En sus tiempos de esplendor, a nadie le cabía en la cabeza la idea de que estos gigantes de la tecnología podrían dejar de existir. Pero, aunque parecían imprescindibles, lo cierto es que desaparecieron del mapa. ¿Será Twitter el próximo?
Yo empecé a usar Twitter a mediados de 2008, cuando por aquí mucha gente pensaba que esa palabreja era la marca de un detergente o el apellido de un político lituano. Llegar a esta red de ‘microblogging’ era internarse en un universo en el cual las personas más influyentes y las instituciones más prestigiosas compartían sus opiniones y contenidos. En esa época la fortuna le sonreía a esa plataforma y el valor de sus acciones parecía dirigirse al infinito y más allá.
Sin embargo, de un tiempo acá las cosas han dado un giro dramático y, según los reportes publicados la semana pasada, el valor de la compañía ha disminuido de manera drástica. En medio de rumores sobre una posible venta que al final nunca se produjo, 2016 resultó bastante tormentoso para la compañía fundada diez años antes, en San Francisco. Según Bloomberg, en cuestión de tres años el valor de la empresa pasó de 34,239 millones de dólares a 9,117 millones de dólares, que es su valor actual. Sin duda, una noticia poco alentadora no solo para accionistas y ejecutivos de la compañía, sino para los usuarios, cuya cifra, por cierto, está estancada en unos 319 millones de usuarios activos, pese a que los usuarios registrados superan los 1,000 millones.
Y si la noticia es regular en cuanto al número de usuarios, en términos bursátiles la situación no es mucho mejor. Twitter, que cotiza en bolsa desde 2013, ha visto un desplome continuo de sus acciones, que ayer se cotizaban a 16,57 dólares cada una, un precio muy inferior a los 69 dólares por acción que alcanzó a tener a comienzos de 2014. Son muy variadas las razones que servirían para explicar el momento difícil que atraviesa Twitter, empezando por el ineficiente control que la compañía ejerce sobre las cuentas que se usan para el matoneo sistemático entre usuarios. Es de tal dimensión el problema que la propia compañía anunció medidas para evitar que las personas que han sido suspendidas abran nuevas cuentas. Falta ver qué tan efectivos resultan esos mecanismos, pero la verdad es que yo no me hago muchas ilusiones.
Otro problema que Twitter no ha sabido manejar, pese a las innumerables denuncias, es el de la propagación de mentiras e información tendenciosa; así como la difusión de material ofensivo, como esos cuerpos amputados o cadáveres en charcos de sangre, que tanto les gusta publicar a los del Centro Democrático, empezando por Álvaro Uribe. Y si a esto sumamos la inmensa cantidad de cuentas dedicadas a la pornografía, el panorama se pone aún más confuso.
Así las cosas, Jack Dorsey –uno de los fundadores y actual CEO de Twitter– tendrá que esforzarse mucho para devolverle a su red social la credibilidad y la rentabilidad perdidas. Pero la salvación no va a llegar solo aumentando la extensión de los trinos, ni gracias a los escándalos de Trump, que sirven para armar alboroto, pero no para mejorar la experiencia tuitera.
La solución depende de la forma como Dorsey y su equipo afronten el reto de reinventarse y evolucionar, recuperando la esencia y sin descuidar a los usuarios. Ojalá no sea demasiado tarde.
Colofón. ¿Dónde están los defensores de la familia, como Viviane Morales, Alejandro Ordóñez o María del Rosario Guerra, para defender niños violados por un cura en Cali? ¿Cuándo convocan una marcha contra la pederastia?
Anne Malherbe Gosseline se presentó en una audiencia de apelación para atestiguar a favor de un profesor de natación acusado de abusar a un niño de cinco años. El abogado del mandatario es el defensor del docente
Anne Malherbe Gosseline, esposa del presidente ecuatoriano Rafael Correa, se presentó este lunes en la corte para apoyar a un condenado en primera instancia a 22 años de cárcel por el abuso sexual a un niño de 5 años. La participación de la primera dama generó la indignación de un grupo de activistas que denunció irregularidades en el proceso. Gosseline es compañera del acusado, ambos trabajan en el Liceo La Condamine.
Apenas una hora y media antes del comienzo de la audiencia, la Corte la suspendió debido a la impugnación realizada en contra de dos integrantes del Tribunal, contó Gisela Vaca, abogada de la familia del menor, a quien se lo ha llamado «Lucas» para proteger su identidad.
El profesor de natación acusado, conocido bajo el nombre de «José V.L.«, fue sentenciado en noviembre pasado a 22 años de prisión. En ese momento apeló el fallo, tema que abrió una fuerte polémica entre los que piden que se ratifique la condena y los que defienden al docente.
La participación de la primera dama generó la indignación de un grupo de activistas que denunció irregularidades en el proceso
Dentro de ese grupo de defensores del acusado, están su abogado, Caupolicán Ochoa, quien, además, patrocinó al presidente Rafael Correa en varios juicios; y también la esposa del mandatario, Anne Malherbe Gosseline, una educadora que se presentó voluntariamente para testificar a favor del profesor.
«La vi y me llamó mucho la atención. No es común que la esposa del primer mandatario esté abajo de la Corte Provincial de Justicia», expresó Vaca, al tiempo que cuestionó la impugnación.
«No entiendo por qué si la sala estaba conformada desde hace más de un mes, recién el día jueves se les ocurre una razón por las que tienen que ser separadas dos juezas, más aún cuando ya había un pronunciamiento de que eran competentes (para tratar el caso)», agregó, de acuerdo a lo que consigna el periódico El Universo.
Según la abogada de la familia del niño, su colega Caupolicán Ochoa recurrió a una maniobra jurídica para entorpecer el proceso.
El caso, denominado como “El Principito”, hace referencia a una denuncia que se registró el 10 de noviembre de 2014
El caso, denominado como «El Principito«, hace referencia a una denuncia que se registró el 10 de noviembre de 2014. La víctima y uno de sus compañeros de escuela fueron llevados al baño por un adulto, quien le dijo a uno de ellos que pusiera sus genitales en la boca de su amigo, mientras él les mostraba su miembro viril.
Según lo publicado por el portal ecuatoriano Extra, el informe psicológico a uno de los niños reveló que un adulto «le hizo cosas malas en la escuela«. Indica que el agresor es «de las clases de piscina«, que el ataque fue en el baño, que se encontraba desnudo y que le dio una cachetada.
La defensa del acusado estuvo conformada por Luis y Fabián Borja, explicó Vaca. Pero, «repentinamente, la semana pasada también nombraron al doctor Caupolicán Ochoa, conocido como el abogado de Rafael Correa».
La abogada de la familia del niño también reclamó que el sospechoso no está en prisión. «Es sorprendente que no esté detenido«, afirmó Vaca. Además, dijo que las autoridades del colegio «han brindado absoluto apoyo al acusado«.
Dos vehículos salen de una planta de ensamblaje de General Motors en Villa de Reyes (San Luis Potosí, México). R. BLACKWELLAP
El diferencial entre la renta per cápita mexicana y la de EE UU y Canadá aumenta desde 1994, contradiciendo las promesas iniciales
Agosto de 1992. Washington, México y Ottawa acaban de firmar la creación de la mayor área de libre comercio del mundo hasta la fecha, que entraría en vigor un año y medio más tarde. Los mandatarios de los tres países —entre ellos uno de sus mayores valedores, el republicano George H. W. Bush— se cruzan parabienes y pronuncian discursos grandilocuentes sobre las bondades del acuerdo. “El tratado significa más empleo y mejor pagado para los mexicanos”, anuncia el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Su secretario de Comercio, Jaime Serra, va un paso más allá: “El diferencial salarial [de México respecto a EE UU y Canadá] tenderá a irse cerrando con el tiempo”. La teoría económica neoclásica y la tendencia en el periodo inmediatamente anterior (1988-1992) reforzaba la validez de sus afirmaciones, pero la realidad —a pesar de que la calidad de vida en México, como en el resto del mundo, ha dado un salto en este periodo— les ha acabado dando la espalda.
Más de dos décadas después de la firma del TLCAN, lejos de converger, la renta mexicana por habitante ha divergido ligeramente respecto a la de sus socios. Los datos del Banco Mundial no dejan margen para las dudas: entre 1994 –cuando entró definitivamente en vigor el tratado– y 2015, el ingreso medio por persona se multiplicó por 1,91 en México, por 1,96 en Canadá y por 2,02 en EE UU. En otras palabras: lejos de disminuir, la brecha ha aumentado. La comparativa arroja resultados aún más contundentes cuando se pone en perspectiva la evolución del PIB per cápita mexicano respecto al del resto de América Latina y el Caribe: allí se multiplicó por 2,83, un guarismo que hace palidecer a la evolución mexicana en un momento en el que la nueva Administración estadounidense está poniendo en tela de juicio la vigencia del tratado.
“Parte de la idea del TLCAN era la promoción de la convergencia, y eso no ocurrió: los salarios no convergieron, ni de lejos, como se esperaba”, asegura Gerardo Esquivel, del Colegio de México. “Esto desmiente la idea de que los beneficios han sido solo para México, como defiende Trump”, añade. Los resultados del acuerdo, pese a ser positivos en términos generales para los socios, han sido mucho menos favorables de lo que se vendió: “Ha habido un grupo de ganadores y uno de perdedores, pero las ganancias netas en México han sido muy débiles”, subraya Esquivel.
¿Qué ha sucedido para que no se produjese la convergencia prevista en los noventa, tanto por los modelos económicos como por los discursos políticos? Raymond Robertson, de la Texas A&M University, distingue varios hitos en estas más de dos décadas. “La crisis del peso de diciembre de 1994 [el tequilazo] redujo drásticamente los salarios de los trabajadores mexicanos”, apunta. Tras aquella crisis monetaria devenida en cataclismo económico, la renta per cápita del país hispanoamericano repuntó de forma sostenida hasta 2001, “aunque nunca se recuperó del todo”. Aquel año, EE UU entró en recesión y China accedió a la Organización Mundial del Comercio, un factor crucial para el profesor estadounidense: “Supuso una mayor fuente de competencia para México y presionó a la baja los salarios”. Desde entonces, y pese a la Gran Crisis de 2008 y 2009, que impactó mucho más a EE UU, el PIB per cápita y la remuneración de los trabajadores mexicanos han seguido una senda claramente discordante respecto a sus vecinos del norte. Y eso, pese a que México “ha hecho lo que la teoría económica receta para alcanzar el crecimiento”, incide Robertson. “Varios eventos y factores externos, en cambio, parecen haber impedido que la brecha se cerrase”.
La productividad es, según Monica de Bolle, del Peterson Institute, el factor que más ha frenado la posibilidad de una convergencia real. “Se pensaba que el acuerdo favorecería el acercamiento entre los niveles de renta, pero la divergencia tiene poco que ver con el tratado de libre comercio y mucho con la productividad”, destaca. Mientras que la productividad del trabajo en EE UU y Canadá siguió creciendo tras la firma del TLCAN, en México prácticamente se mantuvo estable. De Bolle, además, discrepa de Robertson en un punto de su diagnóstico: la capacidad de las autoridades mexicanas para introducir cambios internos que hubiesen podido cambiar la trayectoria. “El impulso inicial del tratado no pudo prolongarse en el tiempo por la ausencia de reformas”, sentencia.
De su misma opinión es Roberto Durán-Fernández, de la consultora McKinsey. Para él, el paquete de reformas de 2012 y 2013 llegó con una década de retraso. “El dinamismo de la economía mexicana derivado del TLCAN empezó a disminuir mucho antes de los 25 años que se habían calculado inicialmente”. A este hecho se suma la falta de inversión, lacerante en el caso de las infraestructuras, “que ha afectado mucho porque la configuración de los ejes de infraestructuras condiciona el desarrollo económico”. “Desde que se firma el tratado hay dos Méxicos diferentes: uno desarrollado e industrial que se desarrolla e industrializa más, fundamentalmente en el norte pero no solo —caso de El Bajío o Yucatán, que da salida a sus productos manufacturados a través del puerto de Progreso—, con un componente común: muy bien conectadas con EE UU. Y otro no conectado, fundamentalmente en el sur pero no solo —caso de Veracruz, físicamente nada alejadas de EE UU pero con un eje de carreteras muy deficiente—”, sostiene.
José Romero Tellaeche, director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, emerge como la voz más discordante, mucho más crítica con el tratado y sus efectos sobre la economía mexicana. “Lejos de promover una mayor industrialización, ha producido una leve desindustrialización. Y eso ha hecho que las derramas sobre la economía nacional y el aprendizaje hayan sido mínimas”, apunta. “Además, México se quedó sin política monetaria, fiscal y cambiaria con el TLCAN, con EE UU como único motor de crecimiento”.
Bajo estos parámetros, Romero tacha de “mediocre” el saldo histórico de un acuerdo de libre comercio basado únicamente en “favorecer que las empresas estadounidenses aprovecharan la mano de obra barata” mexicana. “Eso, a la larga, ha provocado una divergencia de renta entre ambos países y un resentimiento en EE UU” que ha desembocado en la elección de Trump. La propuesta del profesor del Colegio de México para salir del atolladero es un proyecto económico “nacional” de empresarios mexicanos bajo el auspicio del Estado y con capital extranjero “no estadounidense”. Sin embargo, Romero reconoce que, al abrirse la renegociación del TLCAN, “se abre la caja de pandora; y es posible que a México le vaya peor de cómo está ahora”.
Durán-Fernández, de McKinsey, cree que se está pecando de optimismo en caso de un final abrupto del tratado. “Se subestima el impacto jurídico: más que una reducción de aranceles, el TLCAN es una garantía de seguridad jurídica, institucionalidad y certidumbre”, apunta al tiempo que recuerda una doble paradoja: que la perspectiva de crecimiento que supuso su firma hizo también que se desatendiese la diversificación, y que nadie pensó que EE UU acabase siendo quien quisiese hacer pedazos el tratado. “Eso no entraba en los planes de nadie: el riesgo venía más bien por el lado de un movimiento proteccionista interno”, asevera. De momento, lo único claro es que el tratado deja tras de sí un reguero de oportunidades económicas aprovechadas pero, también, una promesa incumplida en materia de convergencia. México es hoy, en términos relativos, más pobre que vecinos del norte. Y lejos de revertirse, esta tendencia tiende a perpetuarse.
El Eln entregó al excongresista a una comisión humanitaria del CICR. Estuvo 10 meses secuestrado.
El excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, de 62 años, fue entregado por el Eln a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La liberación se dio cerca del río Baudó, en el Chocó.
En declaraciones a la W Radio, Sánchez indicó a las 9:35 a.m. que estaba por abordar el helicóptero que lo traería de regreso a la libertad. También señaló que perdonar no sería un proceso fácil, aunque haría todos los esfuerzos para respaldar los acuerdos alcanzados de paz con las Farc y los diálogos que están por iniciar con el Eln.
Tras el encuentro entre el Eln y la comisión humanitaria, Odín Sánchez abordó un helicóptero del CICR y fue trasladado a Quibdó. El helicóptero aterrizó en la capital del Chocó a las 12:30 de la tarde, cuando el excongresista se encontró con su familia. Al político también lo recibió una comisión integrada por un representante de cada uno de los países garantes en el proceso de paz con el Eln.
Desde el pasado lunes fueron activados por el Gobierno y esa guerrilla los protocolos para hacer efectiva la liberación de Sánchez, retenido por el Eln desde abril del 2016.
Entre las medidas, se creó un corredor humanitario para que Sánchez pudiera salir de la zona donde estaba secuestrado. En ese corredor las tropas que realizaban operativos en Chocó se encuentran replegadas, con el fin de facilitar la liberación.
“El Eln cumple su palabra de liberar a Odín Sánchez (…) El 31 de enero comenzó el protocolo de liberación, el 1 de febrero se suspendieron las operaciones militares y el jueves vendrán los delegados de los países garantes, dos miembros de la delegación de paz del Eln, uno del Gobierno y dos del CICR”, afirmó en medios alias Uriel, jefe del frente que tiene a Sánchez retenido.
Esta mañana, en diálogo con Caracol Radio, Odín Sánchez afirmó que aunque tiene algunos problemas de salud, se encuentra bien psicológicamente. “Hay cositas que son de quirófano, pero la salud mental, la psicológica y espiritual es envidiable”, dijo.
La familia de Odín Sánchez emitió esta mañana un comunicado en el que le agradecen al Gobierno por establecer como condición para el inicio de los diálogos de paz con el Eln la liberación de Odín, al igual que a quienes los han acompañado “durante estos cuatro años y seis meses en que nos correspondió vivir el doloroso y tortuoso proceso del secuestro y liberación de nuestros seres queridos (Patrocinio y Odín), este último hoy de regreso a nuestra familia y al seno de su hogar”.
Aunque desde hace 10 meses se anunció que se iniciaría un proceso de paz en Quinto entre el Eln y el Gobierno, la mesa de diálogo no se pudo instalar porque esta guerrilla no ha dejado en libertado a los secuestrados que tiene en su poder, exigencia que les hizo el presidente Juan Manuel Santos para poder continuar con el proceso.
El pasado 24 de enero el Eln reconoció que mantiene secuestrado al soldado profesional Fredy Moreno Mahecha. Esa guerrilla dijo en un comunicado que el militar fue retenido “cuando se encontraba desarrollando labores de espionaje entre Saravena y la Esmeralda, en el municipio de Arauquita”.
En esa comunicación, el Eln dijo que Moreno será entregado “con sus respectivos protocolos humanitarios”.
El secuestro de Odín
Odín Sánchez está en poder del Eln desde el 3 de abril del 2016, cuando se canjeó por su hermano Patrocinio Sánchez.
Patrocinio, también político de Chocó, fue secuestrado por esa guerrilla en agosto del 2013 y estuvo retenido por dos años y 8 meses hasta que, por razones de salud, su hermano lo reemplazó en el secuestro. Su secuestro se realizó en inmediaciones de Quibdó, cuando estaba en compañía de su esposa e hija.
A los tres meses el Eln reconoció que lo tenía secuestrado y advirtió que lo iba a someter a un juicio político por corrupción.
El Eln exigió a la familia Sánchez Montes de Oca el pago de 3.000 millones de pesos por su liberación. Por problemas de salud, y luego del pago de 1.200 millones, Patrocinio fue dejado en libertad el 3 de abril de 2016, cuando su hermano se canjeó por él.
Nunca se supo si la familia pagó más dinero por Odín, pero personas cercanas al político afirmaron que realizaron varias actividades, como rifas, para recaudar más dinero para la guerrilla.
Los hermanos Sánchez Montes de Oca estuvieron secuestrados por el Frente de Guerra Occidental, con presencia en Chocó a través de dos frentes que según inteligencia del Ejército no suman más de 70 hombres y mujeres.
Dos guerrilleros del Eln saldrán de prisión
En el proceso el Gobierno se comprometió a indultar por el delito de rebelión a los guerrilleros Nixon Arsenio Cobos y Leivis Enrique Valero, presos en Girón (Santander).
Hoy se conoció que de forma simultánea a la liberación de Odín, se desarrollarán los operativos para que los dos guerrilleros salgan de la cárcel. «Arranca la comisión que recibirá los indultados Nixon Cobos y Leivis Valero», dijo el Eln en su cuenta de paz, en Twitter.
Nixon Cobos Vargas, de 34 años de edad, es padre de una niña de dos años, separado, y tiene ocho hermanos. Tras caer en un campo minado perdió una sus piernas, mientras que resultó con problemas en la otra por las esquirlas que recibió.
Tras este hecho fue llevado al de Tame en donde, debido a la gravedad de sus heridas, es trasladado al hospital de Cúcuta. Allí fue capturado el 25 de junio de 2015 por el delito de rebelión y posteriormente fue condenado a 48 meses de cárcel.
Por su parte, Leivis Valero Castillo, tiene 30 años y se encuentra recluido en Palogordo. Fue condenado por rebelión, después de ser capturado en el 2014.
Valero pertenecía frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, que opera en Antioquia y sur de Bolívar. Fue herido en combate, por lo que sufrió daños en sus extremidades inferiores.
