C��rculo de Periodistas de Bogot��

Categoría Opinión

En el podio

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El medio de transporte colectivo más seguro que existe en el mundo es el avión. Mientras la demanda del servicio aéreo sube como espuma su nivel de siniestralidad cae en picada. En 2017 superó la barrera de los 4.000 millones de pasajeros, y el comportamiento estadístico registra un accidente de aviación por cada 2,5 millones de desplazamientos. La media internacional sobre accidentes automovilísticos pinta de otro color: uno mortal por cada 400.000 desplazamientos.

En Colombia la seguridad de la aviación civil muestra grandes avances y según la Aeronáutica se encuentra en estándares altos dentro de la región. El más reciente siniestro se produjo en 2016, cuando un avión de la empresa boliviana LaMia, en el que viajaba el equipo de fútbol brasilero Chapecoense, se estrelló contra el Cerro Gordo, cerca de Medellín, con saldo de 71 muertos y seis sobrevivientes. Sin embargo, la causa del percance se atribuyó a autoridades y operadores de ese país que le permitieron a su tripulación incurrir en error por falta de combustible.

El último de consecuencias fatales y bajo responsabilidad de las autoridades nacionales ocurrió en 2010, protagonizado por una aeronave de la desaparecida Aires. A pocos metros de tocar la pista del aeropuerto de San Andrés una tormenta eléctrica la golpeó, fracturando su fuselaje y dejando un balance de tres muertos y 114 heridos.

La semana pasada estuvo a punto de ocurrir otra tragedia en concurrida vía de Cundinamarca, luego de que el piloto de una avioneta Cessna 172, que cumplía vuelo doméstico entre Tunja y Guaymaral, enfrentara difíciles condiciones meteorológicas en la zona y se viera obligado a realizar un cinematográfico aterrizaje en medio del tráfico vehicular. El procedimiento se cumplió sin sobresaltos y sus dos tripulantes resultaron ilesos.

Aunque las inclemencias climatológicas constituyen permanente riesgo en Colombia, donde en ciertas áreas es frecuente volar bajo tormentas y fuertes vientos, en la aviación mundial el factor meteorológico tiene baja incidencia en la accidentalidad. Representa el 12 por ciento de los siniestros, lejos de las fallas humanas y mecánicas que superan el 72 por ciento de los casos.

Los aterrizajes forzosos en vía pública, por su parte, son un evento poco común en la aviación y varios episodios han trascendido las páginas de la prensa en los últimos años, la mayoría con final feliz.

En enero pasado, una pequeña aeronave Beech G33 que pretendía aterrizar en el aeropuerto John Wayne, en Orange County, Estados Unidos, sufrió problemas de motor y se precipitó a tierra sobre la congestionada interestatal 55 de California, en medio del estupor de los automovilistas. Revivía la historia escrita en 2017, cerca al mismo aeropuerto, cuando una Cessna 310 presentó complicaciones técnicas durante su despegue y se desplomó sobre los transitados carriles de la autopista 405.

Cinco años atrás, una avioneta rusa particular, cargada con combustible de mala calidad, abortó un vuelo no autorizado sobre una carretera regional de la provincia de Tver y su piloto tomó las de Villadiego antes de que llegara la policía. En 2011 un avión de Caribbean Airlines proveniente de Nueva York se salió de pista durante su aterrizaje en el aeropuerto de Guayana, impactó contra la valla perimetral y en su embestida destruyó gran tramo de la carretera colindante.

El incidente más sonado ocurrió en 2008, al término del vuelo 38 de British Airways entre Pekín y Londres. El aparato perdió el control cuando circundaba el aeropuerto de Heathrow y durante eternos minutos la tripulación tuvo que maniobrar a máximo planeo para no chocar contra los edificios londinenses. Luego de sobrevolar las autopistas vecinas, en una de las cuales viajaba el primer ministro, Gordon Brown, aterrizó de barriga en un pastizal, y la temida tragedia se sorteó con 19 ocupantes levemente heridos.

Pese a las naturales contingencias provocadas por fatales casualidades, el avión lidera el podio de los medios de transporte más seguros del planeta, gracias al avance tecnológico adquirido por la industria para minimizar la accidentalidad. Y se ha logrado no propiamente a vuelo de pájaro, sino durante largas décadas de trágicas experiencias. De ello pudo dar fe el ex premier británico, luego de que aquel gigantesco Boeing 777 le pasara por encima, rozándole la cabeza.

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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Falsa noticia

Por Fernando Navas Talero

El Círculo de Periodistas de Bogotá,  en el auditorio de la Universidad Central, realizó un Foro   para discutir los traumas  que  se derivan  de la divulgación de información mentirosa y agresiva,  principalmente en relación con el debate  político que  el país enfrenta.

Los ponentes aludieron al complejo acontecimiento extendiendo su observación no solo en cuanto a Colombia corresponde sino, también, internacionalmente y, en ese orden,  aludieron a lo ocurrido en los EE.UU., durante la campaña de la elección del señor Trump.

Ciertamente,  hay que  reconocer que la información  tanto  interna como internacional se ha trastornado  y la duda  ha invadido la credibilidad,  a tal punto que la regla general es desconfiar  de lo que los medios formales o informales reportan.

El hecho no es nuevo, ha sido una tradición. Los juglares, en la antigüedad, divulgaban sucesos reales o fantasiosos y de esa forma fue surgiendo una ocupación que trascendió  y en la medida en que la civilización fue transformándose por el descubrimiento y la cultura, esa actividad se convirtió en un factor de poder como lo es ahora. Su protección constitucional  es justificada;  es una razón de libertad pública y  ahí  radica el  conflicto. El abuso de la libertad es una tendencia natural por parte de quien no tiene ética.

Y es  este último aspecto el que hay que examinar. Muchas noticias, en estricto sentido, y  conceptos u opiniones que se divulgan en los medios, no se someten a la ética. Y sus causas son variadas. Una, la más común, es que el comunicador  es un empleado que  se interesa por el sueldo y no por la verdad en  su oficio. La verdad a medias es la peor de las mentiras. Otros, en la T.V,  satisfacen su egolatría narcisista y no pocos  se valen de su instrumento para adular a  “Dioses” y recibir de ellos  bendiciones.

Que solución es posible? Así como a los abogados se les exige  cumplir  principios éticos consagrados en la ley, de la misma manera debe hacerse en ese oficio.  La doctrina constitucional, sostiene que el periodismo es una función pública, pues su ejercicio etiológicamente vincula  a la comunidad. En ese orden,  establecer unos principios éticos mínimos que reglamenten su ejerció no será nunca una restricción  a la libertad de expresión. Su efecto, debe extenderse a compilar la presión social como garantía de respeto a la opinión del público.

Las escuelas de periodismo deben promulgar  ese valor. Igualmente hacerlo en el campo comercial que explota este oficio (Rupert Murdoch).  Pedagógicamente,  educar  con “sopa de letras” al aprendiz, advirtiéndole que no sostenga  como periodista lo que no  pueda defender como caballero. Esa fue la lección que mi padre me inculcó y practicó a lo  largo de su vida, siendo  corresponsal de guerra en épocas de la tragedia política de este  país.

Murieron los colegas ecuatorianos, asesinados por el estimulo de los enemigos de la paz. ¡Quienes luchan para sostener la guerra!

Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Matar de la risa

Por: Arturo Guerrero

Me muero de la risa. Matar de la risa. Este es el origen del nombre artístico de Matador, caricaturista puesto en la picota privativa de las fuerzas que matan sin entender qué es una metáfora.

Decía La Rochefoucauld que “el ridículo deshonra más que la deshonra.” Este es exactamente el motivo que impulsa a los amenazadores. No entienden de metáforas, pero se sienten asediados por la risa. Por eso deciden ejecutar al causante de la risa.

Poner en ridículo es desplumar la vanidad del poderoso o la superchería del embustero. Cuando las leyes se compran con falsos testigos y los votos valen un tamal, el caricaturista purifica con ácido los aires infectados. Ese ácido es recibido como desquite por los ciudadanos.

El humor es la instancia infalible en tiempos en que todas las instancias están corrompidas. Falsear los jueces, absuelve las Comisión de Acusaciones, la Constitución se birla cambiando un articulito. En medio de esta náusea, el pueblo se muere de risa ante los animales humanizados por el dibujante.

De esta forma el tribunal supremo de la conciencia pública emite un veredicto desde el estómago. Esta sentencia no tiene apelación: si la voz del pueblo es la voz de dios, la risa del pueblo es la justicia de dios. Frente a ella los forajidos se quedan sin potencia.

A esto le tienen mucho miedo. Ellos controlan el dinero para comprarlo todo, mandan sobre los burócratas que les deben sus empleos, arbitran sobre los gatillos dentro y fuera de la ley. Lo único que escapa de su jurisdicción es el rictus malicioso de la gente.

Los pintamonos aciertan en el ángulo más protuberante de las figuras públicas. Piensan mal y no se equivocan, son descreídos, cicutas. Apuntan con sus lápices y cerebros al tumor de la maldad. Y lo convierten en muñeco risible.

Por eso afirmaba Jules Renard que “el humorista es un hombre de buen mal humor”.

La peor censura contra un periodista de humor consiste en forzarlo a la autocensura. Es tan fácil meterle miedo. El hombre tiene hijos, madre, padre dramáticamente muerto. Todos tan inocentes como vulnerables. Su propio pellejo puede importarle poco, pero él es más sus seres queridos que su misma persona.

El caricaturista, igual que el poeta, solo trabaja con limpieza en un ambiente de libertad interior y exterior. Su lápiz balbucea si sube por la nuca el frío de un cañón. La tarde en que intenta trabajar con eficacia se malogra cuando debe sacar una regla de medición para aplicarla sobre cada línea, cada palabra.

De ahí que el crimen de los intimidadores no se reduzca a llamar desde ultratumba a los jefes paramilitares para que atiendan amablemente al artista. Es mayor ofensa la cadena que atan alrededor de las manos de este creador.

En efecto, las medidas de protección desalentarían a los gatilleros. Sus jefes ideológicos pueden frenarlos ante el descrédito que los cubriría. ¿Pero quién recuperará las alas tronchadas de los que hacen morir de la risa a la gente?

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Bolardos en la vía

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, muy ceñido a su filosofía alcabalera, propuso tramitar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para imponer un nuevo impuesto a los tiquetes aéreos, dirigido a financiar obras de infraestructura vial para acceso a los aeropuertos. La pretensión cayó en picada dentro del sector y provocó rechazo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que de inmediato proyectó las consecuencias de la medida en materia de incrementos en los pasajes y reducción en la demanda de pasajeros.

Colombia es la tercera nación de América Latina donde más alto vuelan las tasas impositivas que clavan el servicio aéreo. Se codea con Venezuela y Argentina, al registrar cargas superiores al 30 por ciento en los vuelos domésticos y del 40 por ciento en los internacionales. Sin embargo, las condiciones topográficas del país, sumado a las crecientes posibilidades de recorrerlo ante las perspectivas del andante proceso de paz, entre otras razones, le dan un toque prioritario a este medio de transporte, considerado por las leyes nacionales como servicio público esencial.

Su crecimiento en el transcurso de la década ha sido positivo, pese al ligero bache del año pasado surgido por la caída del 0,3 por ciento que tuvo el servicio doméstico. Causa de ello, además de la persistente desaceleración económica, fue el aumento del IVA para los pasajes, circunstancia que hizo sonar las alarmas. La propuesta de Peñalosa, según la IATA, incrementaría entre uno y dos por ciento los boletos, reduciría la demanda en cerca de un millón de viajeros, interrumpiría 3.200 empleos y contraería el PIB en US$35 millones.

La imposición de impuestos no siempre es buena consejera para generar progreso, más aún si se carece de estudios técnicos sobre los efectos que pueda producir la medida. Frecuentemente ocurre que los ingresos percibidos por esta vía resultan inferiores a los beneficios económicos que podrían esperarse de los sectores afectados. En este caso el transporte aéreo cumple papel estratégico en el país para la promoción y el incremento del turismo, una de las grandes apuestas para el desarrollo nacional, como se plantea con tanto énfasis dentro del discurso oficial.

Hoy en día el sector se encuentra sobresaturado de cargas impositivas que replican en el bolsillo de los consumidores. El pasajero responde en el valor de los tiquetes por el IVA, el cargo por combustible, la tasa aeroportuaria, la tarifa administrativa, el exceso de equipaje y diversos impuestos locales como la tarjeta de ingreso a San Andrés, la contribución por turismo para ingresar a Leticia y la controvertida tasa en el aeropuerto de Rionegro para financiar el túnel de Oriente. Lo paradójico de este embudo alcabalero es que los dineros recaudados poco se suelen reinvertir en el desarrollo del turismo o en fines propios de la aviación.

Las prácticas discriminatorias gubernamentales en perjuicio del transporte aéreo se han puesto de moda en la región y causan preocupación en la industria. La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) advierte sobre las repercusiones negativas que para el desarrollo sostenible de la actividad genera la proliferación de impuestos, lo que a su vez repercute de forma adversa en el desarrollo económico de las naciones.

El incremento del transporte aéreo en Colombia ha sido tentador en la última década, pero esta tendencia favorable no puede ser aprovechada para convertir al sector en un botín público que supla necesidades de financiación de infraestructura, cuyos recursos deben provenir de fuentes oficiales distintas. Castigarlo con más impuestos reducirá inevitablemente la demanda y pondrá a las aerolíneas a recitar ya no los gozosos de estos últimos tiempos, sino los dolorosos del inmediato futuro.

Peñalosa, tan obsesionado en meter la mano en los bolsillos de los bogotanos, como lo registran sus andanzas tributarias en esta y su pasada administración, lidera una polémica propuesta que acorralaría más a los usuarios del transporte aéreo, privaría a millares de pasajeros de este servicio esencial, golpearía el empleo y pondría palos en la rueda de la competitividad turística. Y mucho esfuerzo le ha costado al país echar a rodar esta locomotora –que para el Gobierno Nacional figura entre las más veloces y de mayor crecimiento– como para que el alcalde pretenda ahora –reviviendo viejos tiempos– colocarle bolardos en la vía.

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Continuar la siembra

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El año pasado el crecimiento del PIB turístico del país pasó rozando con un 0,3%, pero no sucedió lo mismo con América Latina, la única región del mundo donde decreció —en 1,7%—, debido a ciertas turbulencias que agitaron el horizonte, como la caída del gasto internacional de Brasil y la crisis política y económica que día a día se recrudece en la vecina República Bolivariana de Venezuela.

Pese al trastabilleo regional, el PIB turístico mundial creció 4,6%, impulsado por el dinamismo que el sector de los viajes obtuvo por los cielos de Europa, donde se registró un alza del 4,6%, gracias al aporte de más de un billón de pasajeros movilizados por sus terminales, cifra que equivale a la cuarta parte de los cuatro billones que viajaron alrededor del planeta.

Al Viejo Continente se sumó, con el acelerador a toda marcha y un registro impactante, el norte de África donde la curva ascendente tocó las nubes y alcanzó un techo del 22,6%. Lo significativo del caso africano es que algunas naciones, como Libia y Sudán, son escenario de agitación social, con elevados costos económicos y de vidas humanas y enfrentan una gran carga de afectación de su imagen como destinos turísticos.

En resumen, 2017 confirmó que el sector de viajes y turismo sigue pisando fuerte en el planeta. Se consolidó con el 10,4% del PIB mundial, equivalente a US$8,3 trillones americanos, y su crecimiento durante el período superó el de la economía global, que apenas arañó las redes del 4% y al que contribuyó con US$2,6 billones. Además, su participación en el crecimiento absoluto del gasto marcó el 16% del consumo global y generó 118 millones de plazas laborales.

El impacto que tienen los viajes y el turismo en la actividad económica global lo certifica desde 1991 el Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC), una entidad privada conformada por los principales actores del sector, que busca demostrar hasta dónde llega su capacidad de fuerza para expandir desarrollo y generar empleo. Las cifras confirman que el turismo rebasó el crecimiento de otras grandes industrias en el mundo, caracterizadas por altos volúmenes de negocios, entre las que se cuentan los transportes, la manufactura, las ventas al por menor, los servicios financieros y la agricultura.

En cuanto se refiere a Colombia, el informe de la WTTC confirma que los viajes y el turismo siguen jalonando la economía, como viene sucediendo en tiempos recientes. Su contribución al PIB nacional durante 2017 fue de $19,66 billones, equivalente al 2,1% del total, y la perspectiva de buenos vientos seguirá este año cuando se estima alcance un 3,2%. Por su parte, el aporte al empleo superó la barrera de los 541.000 puestos, cerca del 24% del total, y para fin de año proyecta un aumento de 1,7% de plazas laborales.

La radiografía destaca otros datos de interés. El sector representó el 14,3% de las exportaciones totales del país, alimentando divisas por $17,9 billones, y su meta de inversiones contabilizó $7,8 billones. 2019 heredará, posiblemente, un crecimiento en las exportaciones de visitantes del 3,6% y un aumento de 5,3% en el rubro de inversión.

El año pasado, en consecuencia, confirmó no solo que el sector de los viajes y el turismo sigue llevando la batuta en el crecimiento mundial, sino que en el caso colombiano mantiene buenas señales, incursiona exitosamente en el portafolio global y demuestra que su potencial está para grandes apuestas. Como lo ilustró la presidenta de la WTTC, la mexicana Gloria Guevara, en conversación con periodistas locales, el país tiene cuatro formidables barajas para jugarse el póker que habrá de convertirlo en potencia turística: atractivos naturales, historia, cultura y tradiciones.

Es cuestión de poner el ojo donde la violencia puso las balas, acercar la presencia del Estado, aclimatar la paz, generar confianza y atraer la inversión privada. En consecuencia, si se pretende ganar la partida será necesario fortalecer el liderazgo de la industria, organizarla e implementar polos turísticos que visibilicen la variada oferta que encierra el mercado nacional. Es decir, como nos lo recuerda la presidente de la WTTC, se tendrá que continuar la siembra. Y con semejante carta de naipes sobre la mesa, el país tiene múltiples opciones para llevarse una mano ganadora.

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Barracuda y tiburones

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

En la medida en que San Andrés se proyecta como el destino vacacional más apreciado por los colombianos, su desafiante realidad se mantiene inalterable. La pequeña y encantadora isla de 26 kilómetros cuadrados, rodeada de coloridas aguas y suaves oleajes, no logra superar ese profundo mar de problemas que la sacuden y que sobresaltan a sus mal contados ochenta mil habitantes.

La bonanza económica que deja el turismo contrasta con la falta de mecanismos institucionales de los gobiernos nacional y departamental para aplicar acciones rápidas y contundentes que atiendan sus múltiples necesidades, así como las falencias que subsisten en el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el desafortunado fallo del Tribunal de La Haya, en 2012, con el que se redujo la frontera marítima del país en 75 mil kilómetros.

La degradación ambiental continúa su curso sin que aparezcan fórmulas mágicas que le pongan su tatequieto a la gradual destrucción de los recursos naturales o que le encuentren solución a las deficiencias en la infraestructura de servicios públicos, la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas residuales y la saturación de las basuras. La superpoblación dispara los altos índices de densidad por encima de los dos mil habitantes por kilómetro cuadrado, y la seguridad hace varios años dejó de ser su fortaleza.

El turismo es el eje central de la economía sanandresana -a cuyo PIB le aporta la tajada mayor- y de él se sostiene directa o indirectamente la casi totalidad de la población. Parte de sus habitantes lo perciben como un mal necesario, ya que no existe alternativa diferente a la de seguir viviendo del desarrollo de la industria, luego de la gradual desaparición de sus tradiciones ancestrales en agricultura y pesca.

Desde 2006 se cobra allí un impuesto de tarjeta de turista, que debe ser destinado para gastos de inversión en infraestructura pública turística y preservación de recursos naturales, pero hasta la fecha son escasos los avances que se registran en cada uno de estos frentes, pese a que el año pasado, solamente, pudieron haber entrado a las arcas departamentales más de $1.200 millones por dicho concepto.

El gravamen, cuyo costo de arranque fue de $26 mil, incluida una existente contribución por el uso de la infraestructura, vuela hoy por los polémicos $105 mil, pero poco se ven los beneficios para el turismo, concretamente, una actividad pujante que en lo corrido de la década, y según registros oficiales, dobló el flujo de visitantes, de 530 mil en 2011 a más de un millón en 2017.

Esta creciente demanda coge fuera de base a todo el archipiélago debido a sus limitaciones en infraestructura hotelera, turística, sitios de interés, servicios públicos, vías y movilidad. Con este bulto de dificultades a cuestas se revive también el debate sobre el fracaso del actual modelo turístico, en el que se ha desatendido la capacidad de carga de las islas, con consecuencias para los recursos naturales y el medio ambiente. La sostenibilidad revive como el único factor que puede evitar un eventual colapso, y si se precisa prolongar la actividad turística hay que empezar por impulsar un turismo sustentable, sostenible y responsable.

La crisis hay que asumirla a través de políticas de Estado que le pongan el acelerador al desarrollo económico y social de la isla y rompan la curva de empobrecimiento que ahorca a sus habitantes. Los recursos que genera el turismo deberían reflejarse, por lo menos, en la ejecución de obras que mejoren la calidad del servicio, consoliden la imagen del destino y salvaguarden su riqueza natural, redistribuyendo beneficios a la comunidad.

La hotelería legal cumple en su medida con las normas de sostenibilidad ambiental y le mete el hombro al tema de la promoción, en el que la administración ha sido esquiva, como se apreció en la pasada Vitrina de Anato, a la que solo asistieron los empresarios. El trabajo que queda es inmenso. Y el tiempo pasa sin que se le baje la temperatura a la olla de presión que no deja de pitar en este hermoso pero desteñido paraíso -el de la barracuda de los ojos verdes y lágrimas azules-, rodeado de problemas y de ciertos tiburones políticos.

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PERMÍTEME EXPRESAR MI GRATITUD
Adrian Espinosa, amigo querido, pintor de sueños, cuyo trazo en azules (homenaje al padre escritor) nos lleva al planeta Genoveva y deja una Estela de Luz en la prisión del personaje central en la novela La Tejedora de Coronas, de Germán Espinosa.
Novela que junto a Bomarzo, de Mujica Lainez; Yo el Supremo, de Roa Bastos; Celia se Pudre, de Héctor Rojas Herazo; Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier; Rayuela, de Julio Cortázar; Sobre Héroes y Tumbas, de Ernesto Sabato y, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, forman, junto a muchas otras novelas, la mayor literatura de nuestro continente.
Vuelvo al trazo que la pintora de rostros Josefina Torres de Espinosa guió para que tú querido Adrian, por esos misterios donde el dolor teje sinfonías, volvieras a la colonia,  a las murallas de Cartagena, y donde aún blanquean los huesos de los antepasados…
Gracias por ese creativo afiche y reconocimiento a la lectura: Día Internacional de la Poesía, en el cierre de: Al Aire Libro en la Biblioteca Nacional de Bogotá.
Patricia Suárez
Editorial
EL INSTANTE
2018
Sobre proyecciones

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El recién nombrado director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, llega con las zapatillas puestas para correr una contrarreloj de cinco meses, que es lo que queda del actual gobierno. Aunque es breve el tiempo para hacer gestión en una entidad donde suele hacerse política, entra dispuesto a definir y planificar prioridades, recurriendo al plus de su experiencia en el campo de la aviación.

Además de rematar la entrega de algunos aeropuertos remodelados que dejará como legado el presidente Santos, el nuevo director impulsará una estrategia para delinear el futuro del sector, que crece a ritmo vertiginoso y promete ser pieza clave para el desarrollo del país, de asumirse los retos de conectividad y competitividad que reclama la coyuntura. Las acciones se encaminan a optimizar estándares de seguridad aérea, modernizar regulaciones aeronáuticas, desempolvar acuerdos bilaterales y fijar el derrotero de la aviación civil para los próximos 12 años.

En la última década, Colombia registró un incremento de las operaciones aéreas cercano al 300%. De 12 millones en 2006, saltó a 36 millones en 2017, y la tendencia se mantiene al alza ante el proceso de recuperación económica y la perspectiva de que en un par de años se consolide un entorno macroeconómico más balanceado.

Aunque la seguridad aérea es un factor de confianza para el país, como lo acreditan dos auditorías de la OACI, realizadas el año pasado, que la sitúan dentro de los niveles más altos de la región, su condición de objetivo estratégico requiere de exigencias permanentes de cumplimiento. Por eso, a la par con la ampliación y modernización de las infraestructuras aeronáutica y aeroportuaria, un desafío estructural que debe solucionarse es la deficiencia de personal técnico en la entidad, decisión que corresponde resolverse en el Congreso de la República, donde se requiere aprobar una ley que le quite el cerrojo a su restrictivo gasto de nómina.

La modernización de las regulaciones aeronáuticas es punto prioritario en la agenda de Salazar. El país, antiguo líder zonal en reglamentaciones aeronáuticas, se quedó en el camino y hace años perdió esa condición. La apuesta es ponerlo en línea con los avances regionales e incorporarlo a las normativas LAR (Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas), con el fin de armonizar su reglamentación en seguridad operacional. Unificar los criterios en esta área conllevará ventajas, como facilitar procesos y procedimientos —necesarios para un país en el que operan las grandes aerolíneas multilatinas— y abrir oportunidades comerciales y académicas para el sector.

El otro frente al que le puso el ojo es el de los acuerdos bilaterales, instrumento para ampliar la red de vuelos internacionales y la cobertura del servicio doméstico. Salazar dio el primer paso para dinamizarlos. Acaba de renovar con vigencia inmediata un añejo convenio suscrito con Argentina, que reducía las operaciones conjuntas a cuatro frecuencias semanales, y extendió el techo a 35 frecuencias, con opciones de vuelos directos entre ciudades intermedias de ambos países. Las autoridades del Eje Cafetero han sido las primeras en mostrar interés por ofrecerse en Buenos Aires para sumarles a los encantos del paisaje los servicios de sus aeropuertos. Dentro del portafolio de acuerdos empolvados, la Aerocivil contempla destrabar alternativas semejantes con países transoceánicos. Acaricia la posibilidad de que la más activa aerolínea africana, Ethiopian Airlines, extienda sus operaciones al país, y que la Norwegian Air, la mayor de Escandinavia y tercera en importancia entre las de bajo costo en Europa, establezca una filial por estas tierras tropicales para explorar servicios comerciales en la región.

Pero la mirada a corto y mediano plazo de Salazar está dirigida hacia la planificación del sector para 2030. La idea es programar la aviación civil a 12 años y evitar un eventual colapso en los servicios ante la tendencia alcista en el desplazamiento de viajeros. El punto de partida de este proceso de reflexión para responder interrogantes sobre proyecciones y necesidades será la segunda semana de abril durante un foro con expertos internacionales.

Fijar el derrotero de la aviación en Colombia para los próximos años, cuando podría llegarse a la abrumadora cifra de 100 millones de pasajeros movilizados, es una prioridad que asumida a tiempo reducirá riesgos, mejorará conectividad y competitividad, y jalonará progreso. Después de una larga década de ejercer responsabilidades aeronáuticas en el exterior, el nuevo director también tendría la posibilidad de proyectarse localmente —a partir del 20 de julio— si le abrocha el cinturón a la Aerocivil con el avance de esta meta.

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Rutas de paz

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

Montes de María es una promisoria subregión del país, en límites entre Sucre y Bolívar, donde el conflicto armado dejó una larga y dolorosa huella de violencia, terror y miseria. Por un lado, la guerrilla de las Farc atormentó durante varias décadas a sus 150.000 habitantes, y por el otro, los grupos paramilitares, con perversidad monstruosa, desbordaron allí ríos de sangre y llevaron luto a decenas de familias raizales.

Alrededor de 56 masacres tuvieron lugar en esta fértil explanada de 2.600 km2 de extensión por cuyas leves inclinaciones montañosas serpentean arroyos y riachuelos y se levanta un área protegida de descomunal belleza, conocida como el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. La atrocidad mayor ocurrió en 2000, cuando 450 paramilitares se tomaron El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, forzaron a músicos nativos para que animaran una espeluznante fiesta en la plaza principal, y al ritmo de gaitas y tambores los torturaron y asesinaron, junto con otras 60 personas. Luego realizaron una monstruosa práctica de fútbol con las cabezas de sus víctimas. 

Un año después, con complicidad policial y de nuevo al mando del desmovilizado Juancho Dique, regresaron por los lados de Sucre y causaron la masacre de Chengue, esta vez en total silencio, pero con el fatídico saldo de 27 campesinos asesinados a punta de golpes de mortero, chuchillos y machetes. Y una tras otra, las restantes tuvieron menos víctimas pero la misma atrocidad.

Fueron años difíciles para una población que se fue diezmando. El desplazamiento a sangre y fuego se hizo cotidiano. Campesinos amenazados abandonaron sus tierras y otros debieron feriarlas en beneficio de oscuras empresas palmeras y madereras. El cambio en el ajedrez agropecuario, frente al gradual fortalecimiento del latifundismo, redujo los cultivos de pancoger que abastecen a Santa Marta y Sincelejo, y los coletazos de la miseria azotaron a quienes quedaron encerrados en aquel infierno de violencia.

Tras la negociación entre Gobierno y paramilitares y la muerte de Martín Caballero, cabecilla de las Farc, y en medio del acuerdo de La Habana, los vientos de esperanza soplaron por la región. La calentura criminal bajó, el Estado fue apareciendo, y poco a poco retornaron millares de lugareños. Dadas las limitadas alternativas para los cultivos de subsistencia, grupos campesinos y gestores culturales conformaron unidades productivas familiares para promover propuestas turísticas, y a ello han dedicado estos últimos años, sumando esfuerzos privados, que contrastan con el vago respaldo de las autoridades municipales.

Para responder a las expectativas del proceso de diálogos con las Farc, liderado por Humberto de la Calle, la Gobernación de Bolívar creó hace cuatro años el Instituto de Cultura y Turismo, y en 2016 delineó la “Ruta de la paz”, un recorrido turístico por los principales poblados de esta zona, en los que se ofrece variado menú de opciones en ecoturismo, senderismo y avistamiento de aves; cultura étnica, y experiencias vivenciales con las comunidades campesinas.

Los Montes de María son un bello rincón desbordado por la naturaleza, con envidiable riqueza en flora y fauna, donde se conserva una larga tradición artesanal, cuya carta de presentación son las conocidas hamacas de San Jacinto. Aparte de los atractivos naturales y la hospitalidad de sus gentes, cada municipio cuenta con su propio festival cultural, en los que se ventilan los frescos aires del posconflicto. El Festi María en Carmen de Bolívar; el de Gaitas en San Jacinto; el de Tambores en Palenque; el de Acordeoneros en San Juan, y el del Bullerengue en María La Baja.

La región, pese a la indiferencia de los alcaldes locales, para quienes el turismo no cuenta en sus presupuestos, da pasos positivos para salir del aislamiento y lo viene logrando. En 2015 contabilizó 5.000 turistas, en su mayoría nacionales, y el año pasado sobrepasó los 40.000, en gran parte provenientes del exterior.

El turismo es una alentadora expectativa, a la que centenares de familias, antiguas cultivadoras, le apuestan con proyectos de emprendimiento. Su futuro dependerá del trabajo mancomunado de las diferentes instancias oficiales. A MinComercio y la Gobernación corresponderá incentivar, capacitar y formalizar microempresas; a los alcaldes, asumir responsabilidades, y al Gobierno Nacional, mantener la seguridad y contribuir a la financiación del amoblamiento turístico. Solo así, las gaitas y tambores sonarán, ya no por los desmanes de la guerra, sino por la llegada de visitantes dispuestos a descubrir los secretos que guardan sus rutas de paz.

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Fotos y votos

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

Es marginal el interés que despierta el turismo como industria por parte de quienes aspiran a ser elegidos al Congreso de la República para el próximo cuatrienio. Si bien es cierto que el Ejecutivo es quien marca la pauta y regula la planificación del sector, no estaría de más conocer las propuestas de los potenciales legisladores, a fin de ambientar las mejores condiciones para su despegue, considerando que viene en alza y se perfila —de saberse aprovechar— como un potente motor de desarrollo.

El buen camino del turismo depende de la unidad de esfuerzos entre Gobierno y comunidades, y los congresistas —como sus representantes— deberían sintonizarse sobre las potencialidades de este renglón económico en sus regiones y aportar en la toma de decisiones legislativas para la implementación de una política pública que planifique y proyecte el desarrollo turístico, tanto en los destinos posicionados como en las nuevas alternativas del posconflicto.

Frente a este verano de propuestas, si se quisiera depositar el voto por algún candidato doliente de la industria, son contados los casos para escoger. En su mayoría, centran sus fotogénicas campañas en trilladas frases de cajón y en promesas populistas, pero sus discursos callejeros adolecen de aquel as bajo la manga para comprometer soluciones puntuales a los delicados problemas que vive el país.

Entre los 2.750 aspirantes, por su trayectoria, aportes e inquietudes sobre el tema, solo podría señalarse a un par de ellos. Alfonso Angarita Baracaldo, veterano congresista que aspira retomar al Senado por el Partido de la U (U-33), y quien pese a priorizar su programa en la defensa de los pensionados —para quienes obtuvo las conquistas que hoy disfrutan y las que el Gobierno anterior suprimió para un amplio sector de ellos— conserva un permanente interés por el sector. Peleó por la institucionalización y el fortalecimiento de las entidades rectoras de la industria en sus distintos niveles y abogó por que se les canalizaran recursos ajustados a las expectativas de un mercado que, aun en épocas de crisis, se perfilaba como promisorio.

Angarita también le ajustó los pilotes financieros a la Catedral de Sal de Zipaquirá y consolidó de paso una fuente de recursos para el desarrollo turístico de la Capital Salinera de Colombia, un prometedor y apreciable destino de viajes. A través de la Ley 633 de 2000 logró que el Gobierno cediera al municipio la totalidad del valor de las entradas al monumento, lo que en los últimos años le ha permitido a esta mina de sal irse transformando literalmente en jugosa mina de oro.

De 2015 a 2016 sus ingresos por entradas dieron un salto olímpico, al pasar de $4.600 millones a $15.200 millones. Inyección financiera que oxigena las arcas municipales para garantizar el mantenimiento de la Catedral y la inversión en nuevas obras de infraestructura turística, tanto en beneficio de su entorno como de toda la ciudad. El número de visitantes superó en 2017 los 600.000 turistas, con llamativa presencia extranjera, que compone la cuarta parte del ponqué.

Dentro de los candidatos a la Cámara, el liberal Juan Carlos Losada (L-101), entusiasta joven ambientalista que presta servicio social con población vulnerable y víctimas de la violencia, hace repetidas referencias a la obligación del Gobierno de redistribuir gradualmente los $32 billones que alimentan el presupuesto de la Fuerza Pública en la implementación del proceso de paz, a fin de llevar presencia del Estado a zonas vulnerables y estimular el desarrollo de industrias con alto perfil de crecimiento como el turismo.

Losada esgrime la tesis de que los parques naturales están subvalorados para el ejercicio de esta industria, y bien pudieran aprovecharse con proyectos planificados y sostenibles de ecoturismo, que contribuyan a su propia autofinanciación e irriguen calidad de vida hacia las comunidades adyacentes.

Son pocas, pues, las alternativas que tienen los gremios para buscarle aliados al sector en el Congreso de cara a las próximas elecciones, dentro del propósito de ajustarle la maquinaria a la industria turística y ponerla a rodar a la velocidad de la más rápida de las locomotoras que hace ocho años prendió el Gobierno Santos.

Angarita y Losada tienen priorizado el turismo en sus agendas, con propuestas encaminadas a la promoción de la industria en zonas de violencia, y ambos le apuestan al futuro de un sector que recibe elogios en los discursos oficiales, pero poco se utiliza como instrumento de cambio social. Son dos alternativas sobre la mesa, salvo que en los diez días que restan de campaña aparezcan otros candidatos con la misma intención de meterle el hombro a una industria pujante, que bien articulada podría conseguirles no solo buenas fotos sino muchos votos.

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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Mostrarse al mundo

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

Arranca en Bogotá la Vitrina de Anato, un exitoso escenario para mostrar lo que tenemos en el mercado del turismo y que contribuye -como motor de ventas- a coronar las crecientes cifras que reflejan el buen momento por el que pasa este sector de la economía. El certamen, liderado por las agencias de viajes, se posiciona entre las ferias de la región y se afianza en el portafolio mundial, donde alrededor de ciento cincuenta eventos de esta naturaleza se programan al año.

Los datos de 2017 suministrados por Paula Cortés, presidente de Anato, perfilan el impulso que ha tomado como mesa de negocios. Durante sus tres días de actividad se formalizaron 120 mil citas empresariales entre vendedores y compradores nacionales y extranjeros, con expectativas de transacciones por cien millones de dólares. Este año, en su trigésima séptima versión, con la participación de treinta países y una mayor representación de la variada propuesta regional colombiana, los contactos comerciales sumarán a la oferta tradicional algunas alternativas del posconflicto, con negociaciones que buscarán superar el récord histórico.

Entre las novedades, además de las ofertas que lanzarán los tres destinos invitados, Curazao, la encantadora isla holandesa del Caribe, junto a Antioquia y Medellín, un binomio regional que mezcla potencial turístico e innovación urbana, habrá un stand dedicado a impulsar la estrategia gubernamental de Turismo, Paz y Convivencia. Propuesta que centra su promoción en cuatro territorios piloto afectados por el conflicto armado, donde se conserva una reserva turística de primer nivel: Ciudad Pérdida, Sierra de la Macarena, Golfo Urabá-Darién y Valle de Sibundoy-Mocoa.

Dichos territorios son un espejo para tantos otros que abundan y esperan voltear la oscura página de la barbarie, haciendo del turismo un camino hacia su transformación y el empoderamiento de las comunidades, priorizando la cultura de la paz, la sostenibilidad y la búsqueda de oportunidades económicas y laborales para mejorar sus condiciones de vida.

Desde hace algunos años el turismo en el país pasó de largo en la carrera por la generación de divisas y se convirtió -después de petróleo e hidrocarburos- en el segundo renglón que alimenta las arcas oficiales, por encima del café, el carbón, las flores y los bananos, nuestros reconocidos productos de exportación. A medida que fue madurando el proceso de negociaciones de paz en La Habana, adelantado por Humberto de La Calle, el flujo turístico inició un despegue acelerado, con incremento superior al promedio mundial. Mientras éste último rozaba la vara del 4 por ciento, las primeras puntadas de un inesperado boompor estas tierras permitían un salto alto del 12 por ciento.

Desbordando las proyecciones estimadas para la fecha, el año pasado –precisamente cuando empezó a regir el acuerdo con las Farc- llegaron al país 6 millones 500 mil turistas, conforme a cifras divulgadas por el Ministerio de Industria y Comercio. Logro que revela un crecimiento del 28 por ciento, es decir cuatro veces el global mundial registrado para el período. Cabe recordar que para los albores de la década ingresaban a Colombia unos dos millones y medio de turistas.

Los vientos de paz, tras la firma del acuerdo, le han dado impulso al sector y evidencian que el silencio de las armas es mejor negocio que la guerra. Hoy los parques naturales superan el millón y medio de visitas, ciertos municipios del país con mercados definidos hacen el intento de vigorizar su actividad mediante el emprendimiento de nuevos proyectos, y otros olvidados y ensombrecidos por los sinsabores de la violencia buscan irrumpir en el mapa de las alternativas turísticas.

La vitrina de Anato es un provechoso escenario de ventas, pero el Gobierno deberá promover la diversificación de la oferta y la consolidación de productos turísticos atractivos. Y mucho espacio tiene abierto si ejerce autoridad, control militar y seguridad, y lleva infraestructura y servicios a la Colombia profunda, simbolizada en una decena de departamentos asolados por la violencia que buscan -en eventos como este- tener presencia, mostrarse al mundo y abrirle los brazos al turismo.

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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

En el ojo ajeno

NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El gobierno estadounidense tomó la decisión de sepultar las controversiales travel warnings —con las que periódicamente sentenciaba a determinados países por sus problemas de seguridad y de orden público— y estableció un ranking global de asesoría al viajero —travel advisory—, que clasifica en cuatro categorías a todas las naciones del mundo, considerando en cada una de ellas sus particularidades internas a nivel territorial.

Las alertas de viaje gringas se convierten en un incómodo lastre para muchos gobiernos, por la percepción negativa en la imagen que se genera dentro del mercado turístico internacional. El cambio de sistema, sin embargo, resulta más coherente y realista y menos perjudicial, por cuanto le pone punto final a esa nociva generalización que satanizaba a ciertos países, a los que se calificaba de riesgosos, pese a disponer de amplias zonas de sus territorios con bajos niveles de inseguridad y peligro. La nueva clasificación discrimina en cada país las zonas donde las amenazas son visibles y específicas.

Las travel warnings tuvieron a Colombia durante muchos años en la mira e influyeron en la restricción de oferta de turistas estadounidenses, nuestro segundo flujo más importante de viajeros del exterior, con más de medio millón de visitas. Estas desaparecidas alertas se alimentaban no solo con hechos de violencia terrorista, sino con otros sucesos que forman parte de nuestra cotidianidad: desde la transgresión a las leyes de tránsito, hasta el uso de sustancias sicotrópicas en lugares de rumba y los altercados con armas de fuego resultantes de disputas callejeras. El amplio manual de advertencias, difundido entre ciudadanos y cuerpo diplomático acreditado, provocaba reservas y colocaba barreras al turismo.

Aunque el nuevo método recoge algunas de estas preocupaciones, se diferencia del anterior en que ya no estigmatiza a todo un país —salvo que los riesgos de seguridad sean evidentes—, sino que individualiza con información precisa el nivel de peligro que pueda presentarse en diferentes lugares de su territorio. El ranking vigente determina cuatro categorías. La primera invita a los turistas a tomar precauciones normales en el destino de viaje; la segunda sugiere extremar las medidas de prevención durante la visita; la tercera, propone reconsiderar el desplazamiento, y la cuarta recomienda de manera categórica prescindir de él.

En la medición global, el Departamento de Estado le aplica a Colombia la categoría dos, exceptuando ciertas regiones. Los departamentos del Valle, Córdoba, Cesar, Meta, Casanare, Putumayo, Vaupés, Caquetá, Guainía, Guaviare, Nariño y Vichada son considerados de alto riesgo potencial, propio de la tercera categoría, en tanto que Norte de Santander, Arauca, Cauca y Chocó se notifican con características de cuarta categoría ante eventuales eventos terroristas. Con el sistema anterior, la advertencia tácitamente se extendía a todos los puntos de la geografía, con evidente exageración de los peligros y una consiguiente afectación al turismo.

En la misma categoría dos fueron clasificados países de la región como México y Brasil, y algunos aliados importantes de los Estados Unidos, entre ellos España, Francia, Alemania y Reino Unido, donde los sobresaltos terroristas protagonizados por los grupos islámicos se ciernen como una sombra que acecha la tranquilidad de residentes y turistas.

Las acciones terroristas emprendidas por bandas criminales y el Eln, un grupo ilegal pequeño, disperso, con estructura jerárquica sin autoridad de mando, pero con enorme capacidad de daño, constituyen uno de los principales motivos para que medio país se mantenga encasillado en los rangos de alto riesgo impuestos por las autoridades gringas. Una advertencia categórica para que el Gobierno tome el toro por los cachos y lidere acciones en materia de infraestructura y orden público en esas vastas zonas promisorias, a fin de cerrarle el círculo a la delincuencia y  ponerle fin al retraso de su progreso y a la continuada vulneración de su tejido social.

De todas maneras, no deja de ser curioso que Estados Unidos, el primer policía del mundo, donde los brotes de violencia sacuden de cuando en cuando la tranquilidad de sus ciudades y las muertes con armas de fuego registran una de las tasas más altas del mundo, se muestre siempre dispuesto —con el dedo acusador— a priorizar sus políticas públicas de seguridad, mirando la paja en el ojo ajeno y no las vigas propias, con las que pretende levantar un muro de concreto a su alrededor.

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