Crculo de Periodistas de Bogot
Buenas noticias del cáncer

Foto: Tyler Olson


Llegó al país un medicamento que ha revolucionado el manejo del melanoma y tumores en el pulmón. Es el mismo que ha mantenido vivo al presidente Jimmy Carter.


El Invima le otorgó registro sanitario a un medicamento que podría aumentar la sobrevida de pacientes de cáncer de pulmón y de melanoma avanzados. Se trata de pembrolizumab, una inmunoterapia aprobada por la FDA en el 2014. Como su nombre lo indica, esta generación de medicamentos funciona estimulando el sistema inmunológico del paciente para que ataque las células tumorales.

Es una excelente noticia para estos pacientes, pues se trata de dos neoplasias letales y para las que había menos opciones de tratamiento. “Son dos enfermedades con mortalidad alta. Así el paciente fuera juicioso con el tratamiento, tenía muy poco tiempo de vida”, dice el oncólogo clínico Diego Gómez. Este medicamento ha cambiado el manejo de la enfermedad en el mundo. El caso más famoso es el del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien fue diagnosticado con melanoma metastásico en agosto del 2015 y tras el tratamiento con pembrolizumab logró la remisión de su cáncer. Se le vio radiante durante la posesión del presidente Donald Trump en enero.

Según los estudios clínicos, con la nueva terapia se calcula que el 40 % de los pacientes con melanoma estarán vivos a dos años, mientras que antes sólo con quimioterapia apenas el 5 %  lo estaba”, señala Francisco Hinestroza, gerente médico de Merck Sharp and Dohme. En cuanto al cáncer de pulmón de célula no pequeña, “con el medicamento el 30 % de los pacientes están vivos a dos años, el doble de lo que alcanzaba con la quimioterapia”, agregó el experto.

El campo de la oncología ha cambiado en los últimos años gracias al conocimiento profundo que los expertos han podido hacer de las células tumorales. De ahí ha surgido la inmunooncología, un acercamiento terapéutico diferente al de la quimioterapia que busca destruir las células directamente. La inmunoterapia lo hace también, pero gracias a otro principio y es que el sistema inmune está equipado para batallar contra agentes extraños. Pero el cáncer, que es un enemigo astuto, se esconde para parecer una célula normal y pasar inadvertido ante este mecanismo de control biológico. Estos nuevos medicamentos les quitan ese disfraz y ponen en evidencia a la célula tumoral para que el sistema inmune la destruya.

Pero Pembrolizumab además es una terapia dirigida porque sirve en aquellos pacientes cuyos tumores expresan la proteína PDL-1, que le permite al cáncer avanzar por el organismo sin que el sistema inmune lo detecte. La función del medicamento es buscar esas células que expresan PDL-1 y bloquear los receptores para que no sigan escondiéndose bajo ese disfraz. Y al quedar expuesta, es destruida.

Teniendo en cuenta que en melanoma avanzado más del 90 % de los tumores expresan el biomarcador PDL-1, el medicamento sirve para todos los pacientes y se indica en cuanto se diagnostica. Se trata de un cáncer muy agresivo. “No camina sino corre”, dice Gómez, pues genera lesiones a órganos distantes en muy poco tiempo. “Antes se morían en seis meses, pero ahora tengo pacientes que viven con ese cáncer dos y tres años”.

En cáncer de pulmón el medicamento está indicado para pacientes con tumores de célula no pequeña, que es el más común, pero sólo en aquellos casos en que expresen el biomarcador PDL-1, por lo cual es necesario hacer una prueba. En este caso está indicado como terapia de segunda línea. Esto quiere decir que primero se le ofrece quimioterapia y cuando esta deja de funcionar, el médico puede proceder a tratarlo con pertuzumab.

El hecho de que esta inmunoterapia tenga un marcador es algo que los médicos agradecen porque “nos permite ver quiénes van a ser los beneficiados y quiénes no”, dice Gómez. Esto exige que además de los tradicionales exámenes de patología hoy se hagan tamizajes moleculares para ver la expresión de estos marcadores y de otras mutaciones como GFR y ALK. Dependiendo de ese perfil del tumor, el médico traza una hoja de ruta para tratarlo. “La idea es tener un canasto lleno de opciones para ofrecerle al paciente y así lograr ganar tiempo de vida”, dice Gómez.

Esto se conoce como medicina personalizada. “Si es positivo, es decir, si se encuentra que el tumor del paciente tiene el 15 % o más de expresión de PDL-1, sabemos que podemos darle este medicamento porque se va a beneficiar”, dice Gómez. Esta información además ayuda a controlar el gasto, pues como se trata de medicamentos nuevos, son muy costosos. Con esto se busca que sólo se le brinda al que le va a hacer efecto con lo que se atenúa la “toxicidad económica”.

En el futuro, con más estudios clínicos, se espera que estas medicinas se ofrezcan en primera línea, por eso “lo que se proyecta es que seguramente la quimio tradicional, la que tumba el pelo, va a desaparecer para darles paso a estos medicamentos”, concluye Gómez.

Tomado de: SEMANA.COM

“Lo que más confunde es el ‘costurero político’”: Sergio Jaramillo

“Desde hace cinco años, quedó claro que las Farc no iban a entregar sus armas al Gobierno”, recuerda el comisionado Sergio Jaramillo. Cristian Garavito

El alto comisionado para la Paz se refiere al histórico comienzo de la etapa de dejación y entrega de armas por parte de las Farc, en simultánea con el disturbio generado por 28 generales en retiro.

El 1º de marzo se inició el cronograma para la entrega de armas de las Farc. Es decir, llevamos cuatro días de activación de la pieza –tal vez– más importante del fin de la guerra, pero hubo dificultades. ¿A qué se debieron?

Por Cecilia Orózco Tascón

El Acuerdo dice que con la entrada de las Farc a las zonas se inicia el registro y el almacenamiento de armas. Como el ingreso se retrasó, tuvimos que adecuar los primeros pasos de la dejación de armas. Sin embargo, el marco de los 180 días se mantiene. En eso estamos de acuerdo Gobierno, Farc y Naciones Unidas.

Algunos medios informaron que el día señalado para el inicio de la devolución de las armas, es decir, el 1º de marzo, no hubo una sola entrega. ¿Cierto o falso?

Lo que se anunció fue el comienzo del proceso de dejación, que supone primero el registro y luego la entrega de las armas. Y eso es lo que va a pasar.

¿Por qué y con base en cuáles cálculos se decidió que el proceso de entrega dure 90 días?

Casi todos los procesos de desarme de una guerrilla son escalonados. Así fue en El Salvador, por ejemplo. Tres meses nos pareció un tiempo razonable para la entrega de las armas individuales. No hay razón para que no pueda cumplirse.

Habla usted de “armas individuales”. ¿Cuándo entregarán las pesadas (lanzamisiles, misiles tierra-aire, morteros, etc.)?

Como indica el Acuerdo, junto con las armas de los que salen definitivamente de las zonas para cumplir otras tareas, las armas pesadas deben ser las primeras en entregarse.

Un primer tropiezo logístico, que parece intrascendente pero no lo es, fue el que comunicó públicamente el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, cuando preguntó al Gobierno y a las Farc si estarían de acuerdo con ampliar en un mes el inicio de la operación de entrega, por el atraso en la construcción de campamentos y contenedores. ¿Por qué les molestó a ustedes esa sugerencia?

Como dije, estuvimos de acuerdo en la necesidad de revisar el calendario de los primeros compromisos de dejación porque las Farc no habían entrado a las zonas, pero no en esperar a que los campamentos estuvieran terminados para que Naciones Unidas comenzara a construir los sitios de almacenamiento de las armas. Eso no tiene ninguna lógica.

¿Hubo molestia del Gobierno por esa solicitud de Arnault que coincidió con la petición que estaban haciendo las Farc?

A nosotros nos parece que es mejor sentarse en una mesa a resolver los problemas.

¿La responsabilidad de la construcción de los contenedores es sólo de la ONU o también del Gobierno y qué se hará mientras están listos?

El almacenamiento de las armas es responsabilidad de la ONU aunque nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a ayudar. Mientras esos depósitos se terminan de construir, la ONU está instalando unas cajas metálicas en los campamentos que serán custodiadas permanentemente por sus monitores.

Esta operación de desarme es vital tanto para derrotar la desconfianza de los incrédulos como para sellar la paz. ¿Por qué se decidió que la supervisión de la misma la hicieran las propias Farc y la ONU sin participación del Gobierno?

Desde cuando comenzamos a hablar confidencialmente con las Farc hace cinco años, quedó claro que ellas no iban a entregar sus armas al Gobierno. Ninguna guerrilla lo hace. Necesitábamos que un tercero con credibilidad las recibiera. Y eso se logró con el acuerdo sobre una Misión Especial de la ONU con supervisión del Consejo de Seguridad.

¿Cuál es la logística prevista para la entrega: registro del arma, registro de la identidad de quien la entrega y proceso de almacenamiento para que haya estadística precisa de la operación?

Como anunció Naciones Unidas, el jueves comenzó el registro de todas las armas en los campamentos que supone, primero, tomar nota del número de serie de cada una de ellas. Y segundo, almacenarlas, comenzando por las armas de acompañamiento (morteros, ametralladoras) y las armas de quienes han salido de las zonas –como los miembros del mecanismo de monitoreo y verificación–; y siguiendo con el primer lote del 30 % de las armas individuales. El registro de las personas estará a cargo de un delegado de la Oficina del Comisionado de Paz en cada una de las zonas. En otras palabras, la ONU responde por las armas y nosotros respondemos por la certificación de los hombres.

¿Cuáles armas se almacenarán y cuáles se destruirán?

El llamado “armamento inestable”, como los explosivos, está siendo destruido. El resto de las armas van todas para un contenedor.

¿Cuánto tiempo permanecerán las armas en esos contenedores?

Las armas permanecerán en los depósitos a más tardar hasta el día D+180. En ese momento la ONU las saca de todas de las zonas y las lleva a un lugar para hacer tres monumentos con ellas.

Aunque las Farc han dado pruebas de su compromiso con el Acuerdo de Paz, debe existir un sistema riguroso de verificación de cada paso del proceso de desarme. ¿Cuáles garantías hay de que entregarán todo el armamento y no guardarán una parte?

A diferencia de lo que ocurrió con los paramilitares, el Gobierno dispone de muy buena información sobre el armamento de las Farc. Si las cifras no casan, se lo haremos saber a la ONU y se tomarán las medidas correspondientes. Hasta ahora vamos bien. La cifra de los hombres y mujeres que entraron a las zonas corresponde con bastante exactitud a la cifra que teníamos.

¿Y también tienen cifras sobre el número de armas y sitios originales de ubicación?

Las Fuerzas Militares y la Policía tienen muy buena información al respecto.

Entiendo que el protocolo de entrega respete la dignidad y evite la exposición excesiva de quienes se reintegran a la institucionalidad. ¿Esta consideración fue el motivo para que la operación de dejación de las armas se ejecute sin medios de comunicación?

Así es. Pero yo creo que más pronto que tarde, las mismas Farc se van a dar cuenta de que lo que más le conviene al proceso, al país y también a ellas mismas, es que los colombianos vean la evidencia de que dejaron las armas. En esto, las imágenes son definitivas. Podría ocurrir al final.

Para usted, que ha trabajado en este proceso desde el primer momento, ¿esta etapa del llamado “Día D+90” es el más emocionante como símbolo del fin de la guerra o hay otros?

Por supuesto que ver a las Farc marchando ordenadamente hacia las zonas o hablando con nosotros de dejar rápidamente las armas para poder constituir su partido político, como lo hicieron esta semana en la zona del Yarí, es satisfactorio. Pero a mí lo que más me interesa no es eso. Me interesa que se implementen los acuerdos y, en especial, la reforma rural integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que esos millones de campesinos, colonos, indígenas y afros que por tanto tiempo han vivido en el desamparo y en la penumbra de la conciencia nacional, tengan una segunda oportunidad.

¿Esos “millones de campesinos” no están de nuevo bajo amenaza por la reaparición de bandas paramilitares y, otra vez, por la falta de presencia del Estado?

Claro. Por eso la tarea más urgente de todas es la de implementar una estrategia efectiva de seguridad para la transición en los territorios.

¿Por qué los colombianos de ciudad que han apoyado la paz pero también los que se han opuesto a ella se ven tan indiferentes al desmonte de 50 años de guerra?

No creo que haya una sola explicación. Evidentemente hay una distancia grande en el tiempo: son más de cincuenta años y la gente se acostumbra a la anormalidad. Hay, también, una distancia grande en el espacio: hace mucho tiempo que nadie en el parque de la 93, de Bogotá, o en el parque Lleras, de Medellín, siente que el conflicto le está respirando en la nuca. Pero lo que más confunde, creo yo, es la política, el costurero político en que vivimos, que resuena en todos los medios y que poco, o más bien nada, tiene que ver con lo que vive a diario la gente en las regiones.

¿Le ha hecho daño el “costurero político” a la pacificación de los espíritus en el país? En otros términos, ¿cree que las palabras armadas dificultan el desmonte físico de la guerra?

Así es. En realidad, las armas son lo de menos. Lo importante es sacar el conflicto de las mentes y los corazones de la gente y crear espacios de diálogo y convivencia. La polarización y el insulto como formas predilectas de comunicación, que campean desde las redes sociales hasta el Congreso, en nada ayudan a desmontar la guerra.

En desarrollo del Acuerdo están ocurriendo varios hechos simultáneos: dejación y entrega de armas, debate legislativo para aprobar amnistías o beneficios similares y trámite de aprobación del partido político de las Farc. ¿Hay peligros en esta etapa?

Vamos bastante bien, pero no nos podemos confiar. Hay que volver a decirlo: la firma del Acuerdo fue el verdadero comienzo, y no el fin, del proceso. El que crea que todo está resuelto porque las Farc entraron a las zonas, no ha entendido nada. Detener definitivamente cincuenta años de guerra va a tomar una generación.

¿Por qué una generación?

En términos materiales, Colombia tiene un rezago tan hondo en el campo, incluso en comparación con casi todos los grandes países de América Latina, que nos va a tomar varias generaciones salir del atraso. Pero una transición de diez años con gobiernos dedicados a implementar los acuerdos y a sacar el campo adelante, puede hacer la diferencia. Y en términos espirituales, si cabe la palabra, no va a tardar menos tiempo sacarle a la sociedad los odios y resentimientos que carga en sus entrañas. Por esa, entre otras razones, hicimos de las víctimas un pilar del Acuerdo. El problema de fondo, como siempre, es político. Sin nuevos liderazgos –ante todo en las regiones–, que muevan con convicción al país hacia algo más parecido a una democracia del siglo XXI, poco o nada de esto va a funcionar.

Un ruido perturbador sucedió la semana pasada cuando varios generales en retiro amagaron con enviarle una carta, casi con sublevación, al presidente Santos. Pareció que desistieron, pero el viernes pasado la firmaron 28. ¿Cómo interpreta este hecho?

El ruido es por el sistema de justicia que está en manos del Ministerio de Defensa. Ninguna decisión sobre agentes del Estado se toma en el Congreso sin su aprobación. Lo que puedo referirle es lo que he visto en el terreno: un comportamiento, en este proceso, de nuestras Fuerzas Militares y de Policía absolutamente ejemplar. Eso es lo que cuenta. En estos días he estado hablando con los oficiales del Ejército encargados de la seguridad de las zonas y su profesionalismo me lleva a soltar lágrimas. No creo que en ningún otro país, un Ejército se haya comportado con tanta altura y seriedad durante la etapa de cese al fuego con una guerrilla. ¿Y qué decir de los más de 1.400 hombres de la unidad de la Policía (Unipep) que protege día y noche a los miembros de las Farc sin que estos hayan puesto queja alguna? Para mí, son héroes de la patria.

Pero ¿cómo explicar que finalmente los generales en retiro le hayan enviado la carta al presidente, incluso con la firma del general Mora?

Lo primero que noto es falta de comunicación. Hay que sentarse a hablar. En lo que me corresponde, que es el tema de las zonas veredales, las puertas de mi oficina están abiertas.

Los grupos del No al plebiscito no aceptan el denominado “nuevo acuerdo”. Algunos han dicho que si ganan las próximas elecciones presidenciales, desmontarán el acuerdo. ¿Cuáles garantías puede dar el Estado hoy, de la seriedad de la palabra ya empeñada?

Garantías hay muchas: la garantía del Plan Marco que proyecta la implementación de tres planes de desarrollo y asegura su financiación; la garantía del artículo transitorio para que los contenidos del Acuerdo sean parámetro de interpretación de sus desarrollos legislativos; la garantía de la declaración del presidente Santos ante las Naciones Unidas. Pero la principal garantía, a mi juicio, es el sentido común de los colombianos. ¿Quién va a querer volver a donde estábamos? Dediquémonos, más bien, a implementar los acuerdos, y eso va a hacer la diferencia en este país.

Tomado de:El Espectador.com

Lo que gritan las encuestas

María Isabel Rueda

¿A qué Presidente serio se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’?

Catastróficas las últimas encuestas de Yanhaas y de Gallup. Indican una descalificación del Presidente que no tiene precedentes en el país –ni siquiera en épocas del 8.000 o del fracaso del Caguán–.

Y no solo le va mal al Presidente. Sino que arrastra consigo a la Vicepresidencia y prácticamente a todas las instituciones que sostienen la vida en sociedad, cuyo tejido Santos ha desbaratado: Ejército, Policía, las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), y la justicia, cuya favorabilidad ya está por debajo hasta de las Farc. “La corrupción nos arrebató la dignidad y respetabilidad que los colombianos queríamos tener como signos colectivos”, asegura el exministro y exmagistrado Hernando Yepes.

A Santos le quedan menos de 500 días de gobierno. Pero no lo acompañarán en ellos mayorías exultantes de gozo por la anunciada desmovilización de las Farc, sino unas que parecen inmersas en el desaliento y la desolación.

Es lo que en sicología se llama ‘desesperanza aprendida’, que consiste en que si alguien está programado para no creer, ya no importa cuántas verdades le digan porque no las creerá. Y al revés: si está programado para creer, va a seguir creyendo, no importa cuántas mentiras le digan. Ambos extremos son graves. Pero hoy los colombianos estamos en el primero. El 80 % considera que el país va por mal camino y el 71 % desaprueba el actual gobierno. Es difícil, por lo tanto, imaginar algo que pueda decir o hacer para que le crean.

Santos nunca gozó de especial popularidad. Pero sí se lo catalogaba como un mandatario por lo menos serio y responsable. Hoy, dos factores están horadando esas cualidades.

¿Qué tal lo de hacerse el que no sabía que su Ministro del Interior iba a imponer el voto obligatorio, a bajar el voto a los 16, a aumentar un año el período presidencial y a acabar la circunscripción nacional y las listas cerradas? ¿Quién va a creer que estaba absolutamente no enterado de que Cristo iba a cambiar las reglas de juego de las elecciones del 2018 sin contarle? Peor aún: el Ministro las está cambiando como precandidato para esas elecciones, lo cual complica más las cosas, porque sería una reforma ‘ad hoc’: para él. Pero, además, como dice el ex- alcalde Jaime Castro, casi todas las de Cristo son propuestas refritas que el país ya había discutido y desechado por inconvenientes. Sobre todo, nada tienen que ver con la ilegitimidad del sistema político, ni con el desprestigio institucional que muestran las encuestas.

Pero sí están creando generalizada indignación ciudadana, además porque nos las quieren embutir por ‘fast track’, y ese es el segundo factor que afecta la seriedad que se le adjudicaba a Santos. Esa vía legislativa exprés ya era muy debatible para implementar el desarrollo de los acuerdos de paz. Ahora resulta escandalosa por el abuso que el Gobierno quiere hacer con ella para sus necesidades políticas.

¿A qué presidente serio y responsable se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’? ¿Y luego despojar al pueblo de soberanía constitucional durante tres gobiernos? Solo al de una república bananera. Y, por lo tanto, les da munición a los que sostienen que Santos nos salió un presidente con mentalidad de ‘ley habilitante’, a lo Maduro, que se manifiesta en un exceso de poder presidencial, como se nota en la forma como viene manejando el proceso con las Farc (“como se me da la gana”) y lo que se está desprendiendo de él. ¿Y qué tal su recomendación de no darle un uso político a la paz, después de que el propio Santos se ganó su reelección y su Nobel con el abuso político de la paz? Por cosas como esas, la gente ya no le cree.

Aparentar que no sabe en qué andan sus ministros; el abuso del ‘fast track’; y el monopolio totalitario de la paz no atentan contra el carisma del Presidente, porque nunca lo ha tenido. Atentan es contra la seriedad y la responsabilidad que en alguna época se le abonaban como mandatario.

Se le acabó la confianza social, y a las instituciones les queda muy poco apoyo. Por eso, el legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis institucional. Es el grito de alerta que envía la opinión pública a través de las encuestas.

Entre tanto… Lo dice el informe del Departamento de Estado de EE. UU.: la coca aumentó en el país porque el Gobierno bajó acciones para no confrontarse con las Farc.

MARÍA ISABEL RUEDA

Tomado de:El Tiempo.com

Enrique Santiago: “Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora”
Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, habla sobre el avance del proceso de implementación del Acuerdo./Cristian Garavito – El Espectador

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Alfredo Molano Jimeno / Natalia Herrera

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Esta semana el Congreso debe realizar el último debate del Acto Legislativo para la Paz, ¿cómo ve el texto tramitado hasta ahora?

Ha habido aportes importantes por parte del Congreso, que han permitido enriquecer y mejorar el Acuerdo. Pero también ha habido intentos de renegociarlo y eso no es lícito. El Acuerdo firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre fue refrendado por el Congreso y eso le da una fuerza jurídica. Además, no corresponde a la fase de implementación renegociar algo que se construyó durante cinco años de conversaciones.

¿A qué se refiere cuando habla de intentos de renegociar el Acuerdo?

De situaciones en las que quizás con buena voluntad se intentan modificaciones que no son parciales y que atentan contra el espíritu del Acuerdo. Es decir, modificaciones que dan privilegios a algunos sectores que deben someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y este es un sistema equitativo. En concreto, las formuladas por la Fiscalía que han pretendido sustraer de la competencia de la JEP a guerrilleros y terceros para que queden bajo la justicia ordinaria. Y eso quiebra la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, que se aplica por igual a las partes que han tenido relación con el conflicto.

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¿Cómo ha visto el papel del fiscal general, Néstor Humberto Martínez?

El fiscal debe respetar lo acordado, porque eso debe cumplirse. Y lo que he visto es que hace propuestas que favorecen a un colectivo y perjudican a otro. No son equitativas, y eso es inaceptable en un sistema judicial que propone tratar a las partes por igual.

¿Cree que intenta minar el Acuerdo en materia de justicia?

Pues él ha manifestado que es un acuerdo imperfecto que hay que corregir.

También hay diferencias respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, ¿cuál es el asunto?

El comunicado de la Fiscalía del 27 de febrero no deja de llamar poderosamente la atención. Primero, porque está aplicando criterios discriminatorios a la hora de aprobar las amnistías. Sólo se la está dando a aquellos que habían abandonado las filas de las Farc antes del Acuerdo de Paz. Llama la atención que no estén priorizando al colectivo más grande, que es los que permanecen en las filas, presos o en las zonas veredales. Y eso no es un criterio jurídico, sino político.

¿Quiere decir que está privilegiando a los desertores y no a quienes firmaron el Acuerdo de Paz?

Desde luego está priorizando los casos de exguerrilleros sometidos a la Ley de Justicia y Paz. Y desde luego la demora en la aplicación de la amnistía, que lleva dos meses de aprobada, está generando mucha inseguridad, angustia y preocupación. No solo en las cárceles, sino en todos los integrantes de las Farc, especialmente en las bases. Lo que me preocupa es que esto puede causar incredulidad hacia lo acordado y hacia quienes negociaron. Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora.

Es irresponsable, porque si algo ha caracterizado el proceso con las Farc es un bajísimo número de disidencias, en comparación con cualquier proceso en el mundo. Los estudios hablan de que en promedio entran en disidencia el 20 % de los miembros de un grupo y en este caso no se llega al 8 %. Así que es muy peligroso que no se cumpla con la implementación de lo pactado.

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¿Y porque cree que se está incumpliendo?

No quiero generalizar. Ha habido jueces y fiscales que han aplicado la ley con celeridad, pero creo que lo que hay es una falta de comprensión del momento histórico que se vive en muchas instituciones del Estado.

Pasemos al tema de los militares y la polémica acerca de la cadena de mando, ¿cómo interpreta lo que se ha dicho desde los cuarteles?

Hay dos cuestiones que quizás las Fuerzas Militares no acababan de comprender. Primero, la importancia del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Eso es sanador, normaliza la situación política del país, contribuye a la reconciliación y, sobre todo, permite el funcionamiento ágil de la JEP. El otro tema es que veo que hay quienes se están preocupando por eludir responsabilidades desde la cúpula de la cadena de mando y buscan que los mandos medios sean quienes respondan. Eso no es ni justo ni valiente. Todos tienen que asumir la responsabilidad en el grado que les corresponde.

¿Los militares le temen a la verdad?

No creo que sea toda la institución, pero sí hay sectores que tienen pánico a que se conozca la verdad. En todos los procesos de paz hay resistencia a que se conozca la verdad por parte de los combatientes, porque en una guerra no actúan angelitos, sino guerreros.

¿Le temen a la verdad o a la Corte Penal Internacional (CPI)?

A lo que más le temen es a la verdad. También hay muchos sectores que temen perder una situación de impunidad estructural en la que han vivido y que les ha producido importantes beneficios. En Colombia, el mayor nicho de impunidad ya no está en las conductas de la Fuerza Pública, sino en sectores vinculados a la financiación, organización y estructuración del paramilitarismo. Civiles que han pasado de agache en todas las jurisdicciones. No tiene explicación que hoy haya 15 mil compulsas de copias que afectan a civiles y ninguno ha sido procesado.

Solo hay dos condenas contra civiles relacionado con el paramilitarismo. Hay miles de condenas contra guerrilleros, miles contra paramilitares, miles contra miembros de la Fuerza Pública y dos contra civiles vinculados al conflicto.

Hay dos interpretaciones para poner a la CPI como el “coco” de los militares: una la de Human Rights Watch, que dice que los requisitos para cumplir con la cadena de mando son demasiados y nunca se podría probar, o la de los militares de Acore, que dice que la definición es muy amplia y todos podrían ser condenados por responsabilidad de cadena de mando. ¿Qué versión tiene para usted validez?

Ni la una ni la otra. Cualquier sistema judicial es ponderado, equilibrado, que aplica responsabilidad de cadena de mando cuando hay unos presupuestos que conforma la regulación establecida. No todos los hechos de subordinados tienen como consecuencia una responsabilidad del mando. Hace falta que el mando conociera o pudiera conocer y tuviera los medios para evitar el resultado judicial. Por lo cual son visiones un tanto exageradas que demuestran es el miedo a que se sepa la verdad.

¿Por qué cree que la definición del artículo 28 del Estatuto de Roma, que quedó en el Acto Legislativo, despertó la atención de la CPI?

La desconfianza de la CPI desaparecería si simplemente se incluye en la regulación de la cadena de mando que su aplicación se hará conforme a lo establecido en el Derecho Internacional.

¿Qué quiere decir?

Ha habido representantes de instituciones del Estado que llegaron a afirmar en las conversaciones de La Habana que iban a dar instrucciones para que los agentes del Estado no reconocieran verdad. Eso es algo absurdo, porque esa instrucción es difícil que se dé. Implicaría que el subordinado asume toda la responsabilidad.

Aunque eso denuncian los familiares de los mal llamados falsos positivos…

Claro, por eso se necesita un sistema que incentive el reconocimiento de verdad temprana como la JEP. Porque no es posible poner en marcha un sistema que procese responsabilidades de 50 años de conflicto si no se estimula el reconocimiento de la verdad. La impunidad no se resolverá con que todos los casos lleguen a una sentencia, eso es imposible para cualquier sistema de justicia. Piénsese en Justicia y Paz, que en 12 años que lleva actuando ha dictado 34 sentencias, que no han condenado a más de 200 personas, cuando los desmovilizados eran 20 mil. A ese ritmo harían falta varios siglos para acabar la impunidad derivada del conflicto. Las víctimas tienen cuatro derechos: a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y hay que ser un equilibrio para que el resultado sea satisfactorio. Eso es lo que busca la JEP.

¿Y las Farc sí están comprometidas con los derechos de las víctimas?

Las Farc pelearon desde el primer momento que el sistema examinara todas las responsabilidades, pero obviamente priorizando los hechos más graves y representativos. Pero eso no puede significar que cientos de miles de supuestos de victimización queden en la impunidad porque no hayan sido cometidos por máximos responsables. Y en segundo lugar, las Farc están comprometidas con la verdad y es no es un discurso. Desde La Habana empezaron a hacer reconocimientos públicos de responsabilidad. A fecha de hoy, el Estado no ha hecho ninguno. Ninguno es ninguno. Los reconocimientos que ha hecho han sido por órdenes judiciales. El Estado desaprovechó una ocasión importante con el exterminio de la UP, cuando se hizo una declaración que satisfizo a medias las expectativas de las víctimas, porque solo reconoció una acción por omisión cuando son innumerables los casos judicializados de agentes del Estado que estuvieron directamente involucrados en los crímenes.

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Eso es simplemente un ejemplo. Pero claro, la intención de las Farc es hacer pleno reconocimiento de responsabilidad, por supuesto, porque además su apuesta de normalización política no es posible sin reconocer esto.¿Y sobre la reparación?

En el Acuerdo es muy claro: hay una obligación del Estado de reparar y una obligación de contribuir de muchas formas, en primer lugar, con las sanciones restaurativas, y en segundo, con la aportación de aquellos patrimonios que estaban adscritos al conflicto. Una reparación proporcional a la victimización, que busca priorizar a las víctimas que han estado excluidas socialmente, al margen de quien haya sido el victimario. Hay sectores muy fariseos que se llevan las manos a la cabeza porque las Farc tenían una economía de guerra. Es obvio que no hubieran podido sobrevivir 50 años. Las Farc han dicho: cualquier enriquecimiento propio de un guerrillero queda fuera de la JEP y debe ser revisado por la justicia ordinaria. Cualquier situación de enriquecimiento personal no puede ser relacionado con el conflicto.

¿Cómo quedó ese tema de enriquecimiento en relación con los militares y civiles?

Puedo entender que en favor de la normalización política, de la reconciliación nacional y el fin del conflicto, la asunción de responsabilidades por parte de los agentes del Estado no les suponga acabar en una situación de pobreza. En lo que no puedo estar de acuerdo es que el Estado renuncie a exigir la reparación por parte de aquellos servidores públicos que se han enriquecido a costa del conflicto.

¿A qué se refiere?

A que el acto legislativo aprobado en el tercer debate establece que “la JEP es competente sobre los delitos cometidos directa o indirectamente con ocasión del conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito.

¿Eso qué quiere decir?

Me llama poderosamente la atención esta formulación, porque no existe ningún supuesto en el que un funcionario público pueda obtener un enriquecimiento lícito en relación con el conflicto. Eso no existe. Cualquier enriquecimiento obtenido por un servidor público en relación con la guerra es ilícito. No quiere decir que si un funcionario tiene negocios particulares esos sean ilícitos, pero si se ha enriquecido a consecuencia del conflicto, sólo puede ser ilícito. Es peligroso que se suponga que algún servidor público se pueda haber enriquecido lícitamente en relación con el conflicto.

¿Cómo se va a desarrollar la incorporación de los guerrilleros que viven en la clandestinidad?

Las Farc no es un ministerio y no tiene un registro de sus miembros, colaboradores o amigos, pues sería una irresponsabilidad en la guerra. Además, en este país hay miles de personas en los campos sin cédulas. Pero las Farc sí tienen la máxima voluntad de entregar los listados de todos sus miembros, ya que estos tienen asegurada una ruta de reincorporación.

Para terminar, ¿además de la amnistía a las Farc hay algo que le preocupe?

Por supuesto que la principal preocupación de las Farc hoy es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el surgimiento de las instituciones que deben garantizarles la seguridad, especialmente, la unidad de investigación de los crímenes cometidos por organizaciones paramilitares. Van 60 líderes sociales asesinados desde que se firmó el Acuerdo de La Habana y los resultados son muy limitados. Es obvio que hay que desmontar esos grupos que amenazan el Acuerdo de Paz.

Tomado de:El Tiempo.com

¿Quiénes señalan a Leonardo Gallego en el caso de Jineth Bedoya?

Al menos 6 ‘exparas’ y guerrilleros que estaban presos lo relacionan con secuestro de la periodista.

Por:  JUSTICIA |

Casi 17 años después de que la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada, torturada y violada como retaliación por una investigación que realizaba sobre el tráfico de armas y otros delitos que se cometían dentro de la cárcel Modelo, en Bogotá, un nuevo capítulo se abrió en ese expediente.

Esta semana, en medio de la audiencia de juicio contra Alejandro Cárdenas y Jesús Emiro Pereira, dos paramilitares acusados de los crímenes que sufrió Bedoya, la periodista pidió que se investigue la eventual responsabilidad de un general de la Policía como autor intelectual de los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000.

Un día después esa versión fue respaldada por Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, condenado a 28 años de prisión por el caso de Bedoya. Él fue acusado por tenderle una trampa al citarla en la Modelo para concederle una entrevista que finalmente terminó en el secuestro.

“Para mí es claro que hubo una orden de una persona externa a la cárcel, que presuntamente es la persona que manejaba toda esta red de corrupción, una persona que además está nombrada dentro del expediente en más de seis oportunidades y de la que yo quiero decir hoy su nombre, después de 17 años, abiertamente, y es el general (r) de la Policía Leonardo Gallego, quien para el momento era el director de la Dijín”, dijo Bedoya en la audiencia.

Ante los señalamientos, el general dijo en un comunicado que “es absurdo” pensar que tuvo alguna relación con el caso, y que los paramilitares que lo señalan “están mintiendo flagrantemente”.

En la investigación, Gallego aparece mencionado por primera vez en abril del 2003, cuando Bedoya afirmó ante las autoridades que el homicidio de un teniente de la Policía estaba relacionado con el tráfico de armas en la Modelo y que ese uniformado era uno de los hombres de confianza del general Gallego.

En el expediente están cuatro cartas en las que se menciona a Gallego, escritas por Óscar Mauricio Tarazona, quien estaba detenido en la Modelo y era la mano derecha del ‘Panadero’. En esas cartas, Tarazona dice que el ‘Panadero’ le había contado que el secuestro “lo había hecho Gallego” y que era quien “más había hablado para que entraran armas para las masacres en la Modelo”.

Luego, en una declaración que Tarazona rindió el 12 de noviembre del 2010, contó a las autoridades que en una ocasión el ‘Panadero’ recibió una llamada del general en la cual le decía que tenía que “matar a una periodista”. También agrega que recuerda a unos guardianes del Inpec que habían hablado con el ‘Panadero’ el día de los hechos “con el fin de no molestar a la camioneta que se estacionaría al frente de la cárcel y así realizar el rapto”.

Y en otro interrogatorio del 2004, Tarazona dijo que José Ricardo Rodríguez Avendaño, quien supuestamente fue uno de los que trasladaron a Bedoya a una bodega el día del secuestro, le contó que pensaban matarla, pero que el “coronel dijo que no, que únicamente debían aporrearla y darle un susto”.

En el proceso está una declaración de Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar, del 9 de septiembre del 2010. En ella asegura que presos le contaron que Gallego había “organizado el secuestro”, y añadió que los exjefes ‘paras’ Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave Ruiz “hablaban con familiaridad con el coronel Gallego”.

Y en septiembre del 2011 el paramilitar Alejandro Cárdenas reconoció ante Justicia y Paz que se había enterado de que “el secuestro a la periodista había sido ordenado por Arroyave, Mahecha, Gallego y Víctor Carranza”.

Además, el exparamilitar Luis Alberto Medina Salazar testificó el 21 de septiembre del 2011 contando que le escuchó decir a Vicente Castaño que Gallego “era uno de sus amigos”.

Una de las más recientes declaraciones vino del guerrillero Jorge Augusto Bernal Romero, en marzo del 2014. Dijo que el crimen lo ordenaron Mahecha y Arroyave y que le habían “pagado $ 100 millones a Gallego para que ordenara a subalternos dar vía libre al carro que llevaba a Bedoya”.

A pesar de esos señalamientos, y aunque desde el 2011 Gallego había sido citado a un interrogatorio, esa diligencia nunca se realizó y el general no ha sido vinculado a ningún proceso.

JUSTICIA

Tomado de:El Tiempo.com

Decir gracias es poco / Opinión
Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO.

Un llamado para que no olviden a las centenares de Jineths que hay en todos los rincones del país.

Por:  JINETH BEDOYA LIMA |

El 8 de junio del año 2000, cuando decidí regresar a la redacción de ‘El Espectador’ tras dos semanas de haber sido secuestrada, torturada y abusada y aún con muchas dificultades para caminar y moverme, me encontré con una fila interminable de colegas que me daban la bienvenida en medio de lágrimas.

Y sentí que ese era y sería mi bálsamo.

El jueves pasado tuve la misma sensación, tras haber tenido que confrontar, cara a cara, 16 años y 9 meses después, a uno de mis violadores. Me encontré en la redacción de EL TIEMPO una cadena de abrazos que me devolvieron la paz.

Los mismos que llegaron por miles a través del correo electrónico, mi cuenta de Twitter y otras redes sociales. Decirles gracias es poco, porque no imaginan cómo los necesitaba, cómo los necesito ahora. Por años rogué que alguien de alguna entidad del Estado estuviera a mi lado para no sentirme sola, y tuve la fortuna de contar con el procurador general, Fernando Carrillo, quien nunca soltó mi mano.

Pero les hago un llamado para que no olviden a las centenares de Jineths que hay en todos los rincones del país y que nunca podrán acceder siquiera a la justicia. Ellas nos necesitan porque les hemos enseñado que No Es Hora De Callar. Ahora no les fallemos.

JINETH BEDOYA LIMA

Tomado de:El Tiempo.com

Autocrítica periodística de Juan Darío Lara, que invita a la reflexión gremial.

Juan Darío Lara, socio activo del CPB desde hace 41 años, hace el siguiente análisis acerca de los retos que deben afrontar y resolver los profesionales del oficio, para reivindicar la credibilidad periodística:

Qué sería de Colombia y de otros países avanzados, si el periodismo permaneciera ajeno a tantos acontecimientos que lo afectan, y dejara de contribuir,  con la sapiencia de sus hombres y mujeres, a encontrar el camino de la verdad, y a esclarecer la responsabilidad de personajes que desprecian todos los valores.

Aparte de esta contribución, al periodismo le ha faltado valentía para recuperar su esencia, en virtud de la cual fue catalogado,  en el siglo pasado, como el «cuarto poder». Se le respetaba, sus opiniones pesaban, era órgano de consulta de los demás poderes del momento como la política, la justicia, el congreso, y esos venerables representantes de la «pluma», aportaban ideas sin mezquindad, con grandeza, pensando únicamente en el bien de Colombia.

Qué han dejado  las retóricas denuncias gremiales, nacionales e internacionales, sobre violación a la ley de prensa, al derecho de expresión, a la explotación salarial,  las repetidas agresiones  y advertencias de que el ejercicio de informar es de alto riesgo. Cuántas de esas reiteradas denuncias han tenido eco en la justicia, donde reina la impunidad. Estamos cansados de ver todos los años los informes de la FLIP o de la Sociedad Interamericana de Prensa, con el deplorable balance que señala todo lo que pasa sin que pase nada.

Hagamos una autocrítica y tomemos la decisión de  solucionar todos los males que nos afligen  ¿Pero, cómo? ¿Haciendo paros como cualquier sindicato?.  ¿Quemando llantas? ¿Haciendo barricadas? No, porque nuestra formación es distinta y no violenta. Pero, entonces ,hacerles ver a las autoridades, a las empresas, a los directores de medios con poder, que hay que defender un legítimo derecho de quienes solo trabajan  para consolidar emporios?

En nuestra condición, admitámoslo, sin rubor, que en esa necesidad están de acuerdo nuestros poderosos directores de medios, que no se bajan de su curubito, del que disfrutan para defender el interés  de los que les pagan, que son sus patronos.

El periodista no puede alzar la voz y contar la verdad, sino la versión que le conviene al establecimiento, representado en un gobierno y una élite política y empresarial, que para eso tienen sus comunicadores sociales.

Soy realista.-..fui otro iluso por muchos años. Por más que las agremiaciones y los más prestigiosos periodistas de Colombia y del mundo rechacen con trajinados comunicados los regímenes, censuras, cierres de medios, explotación salarial de los periodistas en la ciudad y en la provincia, o asesinatos con mantos de impunidad, seguiremos en lo mismo…nadie nos escuchará. Lástima, por las nuevas generaciones, que tampoco hallarán esta solidaridad gremial para intentar una justificada protesta porque, con solo pensarlo, alguien lo está comunicando s su jefe, por miedo a perder su puestos.

Aquí vale la pena recordar esa gran verdad que le contó a María Isabel Rueda, el galardonado Mauricio Gómez,  «el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano» el 9 de febrero de 2017:  hasta dónde puede llegar la conciencia periodística y por qué, si  el estado es el principal patrocinador de los medios y, también, los poderosos empresarios que manejan el país.

Se perdió el entusiasmo de investigar para conocer la verdad, de no aceptar la versión oficial sino contextualizarla, sin limitarse a transmitir los comunicados para defender sus intereses y no para responder a esas denuncias. Agregaba que «es preocupante que el estado contrate por millonarias sumas a periodistas que siguen informando o escribiendo columnas de opinión, sin contarles a los colombianos que tienen esos «contratos», y que existen «los periodistas chantajistas que reciben dinero para hundir una compañía, un producto, o a alguien, porque en Colombia existe la «payola», o la «contrapayola» que se recibe para popularizar una canción en una emisora.

Y lo más grave, como se acaba de ver en Inglaterra con el brexit ,y en los Estados Unidos con las elecciones, y en Colombia, con el plebiscito del 2 de octubre de 2016, sobre el acuerdo de paz, donde las redes sociales desinformaron y crearon confusión para generar los resultados que hoy lamentan millones de habitantes en estos tres países.

Y el canibalismo,. no solo entre los periodistas, sino el que se ha evidenciado en algunos  expresidentes  y dirigentes empresariales, que insisten en que los periodistas no pueden investigar, so pena de perder el puesto, y  las  restricciones a la prensa, o el veto de Donald Trump ( «dizque el bufón»)a importantes medios de comunicación,  y  en la misma onda de las censuras se mueven Nicolás Madurio ( el inculto ) y en Ecuador, Rafael Correa, (el censor), y para no ir lejos aquí, en la propia Colombia, caben todos esos adjetivos despectivos, cuando el periodismo se atreve a publicar verdades incómodas.

Y eso ocurre, por la permisividad, porque «nuestra voz» tan crítica entre nosotros, vale «un pepino» entre quienes tienen el poder y nos toman como , porque agachamos la cerviz para no perder una «amistad transitoria» que significa réditos. Somos «unos duros» para criticarnos, para roidiculizarnos, pero somos temerosos y asustadizos frente a quienes nos satirizan, desprestigian y denigran con ostentación de su poder.

El 9 de febrero, el Presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, William Giraldo, tuvo «las agallas» para decir, también claramente, que «la prensa que fue el cuarto poder, hasta mediados del siglo pasado, hoy está en manos del «poder financiero».

Y la Presidente del Jurado del Premio, la reconocida periodistas Maria Elvira Arango, Directora de Los Informantes, mencionó otra lamentable realidad: «Nos oyen, nos ven y nos leen, pero no nos creen».

¿Cuántas veces se han  convocado foros, seminarios, reuniones, en privado y en público, para emprender  una necesaria, urgente y agresiva defensa del periodismo de verdad, para hablar de la la libertad de prensa y de la cacareada libertad de expresión?.  Y, hasta ahí llegamos, porque para el poder de los mismos medios nuestra voz no se escucha… sólo cuando llega el 9 de febrero para recibir premios, pero no para privilegiar a ese «cargaladrillo» que, con su conocimiento, honra el oficio y encumbra su empresa. «Siempre el poder triunfa: patrón y director,  se ufanan porque su medio tuvo otro premio.» Para eso los tenemos.. antes deberían agradecernos por darles la oportunidad», es su argumento.

Los ejemplos de «un periodismo ,puro», recto, honesto, sin compromisos, se perdió, así algunas veces se vean escritos y se escuchen noticias de escándalos», para mantener «el rating» y, de paso, olvidar el seguimiento obligado.

Ojalá las nuevas generaciones cambien eso, aun cuando lo dudo, por aquello de la traqueada mermelada, y el temor a contradecir al director, y  para «no perder la papa».

El CPB debe aprovechar estos momentos de reconocimiento como primera institución gremial que recuperó el 9 de febrero de 2017 para reconquistar, entre todos, el lugar de privilegio y de respeto perdidos por ocasionales faltas de visión y de criterio.

Por Juan Darío Lara, socio del Círculo de Periodistas de Bogotá, desde 1976.

 

¿Qué puede hacer la sociedad civil para combatir la corrupción?

Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta de Transparencia por Colombia. – Andrés Hernández, director encargado de Transparencia por Colombia.

SEGÚN GALLUP, 85 % DE LOS CIUDADANOS CREEN QUE ESTE FENÓMENO ESTÁ EMPEORANDO
Por: Juan miguel Hernández Bonilla
Directivos de Transparencia por Colombia aseguran que la ciudadanía debe buscar los mecanismos para romper el círculo vicioso entre el acceso al poder, el uso de los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Los resultados de la última encuesta Gallup demuestran que la corrupción es el principal problema del país y que el 85 % de los ciudadanos creen que la situación cada vez es peor. El Espectador habló con Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia, y con Andrés Hernández, director encargado de la entidad, para saber cuál es el aporte de la sociedad civil a la hora de combatir este fenómeno.

¿Qué es y qué hace Transparencia por Colombia?

Rosa Inés Ospina: Transparencia por Colombia es el capítulo local de Transparencia Internacional, un movimiento mundial de lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, que agrupa organizaciones autónomas en más de 100 países del mundo. Desde 1998 nos hemos dedicado a entender cuáles son las características propias de la corrupción en el país, cómo se comporta, cómo evoluciona y cuáles son sus dinámicas principales. Además, hemos desarrollado una serie de herramientas para prevenir, visibilizar y combatir el fenómeno que tanto afecta a la sociedad.

¿Qué entienden ustedes por corrupción?

R.I.O: Entendemos corrupción como el abuso de una posición de poder para beneficio personal en detrimento del interés general.

¿Cuáles son las principales formas de corrupción en el país?

Andrés Hernández: La primera y quizá la más grave es la forma cómo se accede al poder en Colombia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes los financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en la que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que lo que Colombia ha ganado en democracia lo ha perdido en corrupción y que esto se agudiza en los municipios y en las regiones, ¿qué opinan?

R.I.O.: Desde Transparencia no aceptamos que se señale solo al nivel subnacional como involucrado en este proceso. Al contrario, el nivel central es más responsable que los niveles territoriales. De alguna manera los municipios reproducen lo que el Ejecutivo establece como modelo de gestión, de política y de gobierno. Desde la Constitución del 91 existen partidas presupuestales, auxilios parlamentarios y otros mecanismos que todos los presidentes han usado para comprar votos.

¿Qué está haciendo Transparencia para prevenir y combatir este fenómeno?

A.H.: Tenemos tres ejes de trabajo. El primero es entender cómo actúa la corrupción en el país. Para lograrlo generamos metodologías de medición del riesgo y herramientas para identificar dónde están las grietas institucionales que permiten el actuar de los corruptos. El segundo ámbito consiste en fortalecer coaliciones y alianzas con otras organizaciones para incidir en la creación de instrumentos de política pública normativos, legislativos e institucionales que enfrenten las nuevas dinámicas de corrupción que hemos encontrado. Lo tercero es hacer un trabajo con la opinión pública para generar sensibilización, hacer seguimiento y exigir rendición de cuentas.

¿Cuál es la consecuencia más grave de la corrupción?

El problema real de la corrupción es que, por ejemplo en el caso de Odebrecht, la plata de los sobornos se la cobran a la obra y ese sobrecosto lo tenemos que pagar nosotros, con nuestros impuestos. Sin embargo, la gente cree que esto es un problema moral, que hay unos malos que incumplen con las reglas del juego, pero en realidad las víctimas no son los otros contratistas, sino la sociedad civil en su conjunto. Los recursos de todos los ciudadanos se pierden en la corrupción.

En el imaginario colectivo la corrupción es un buen negocio, ¿cómo hacer para combatirla?

R.I.O: Un famoso académico decía que la corrupción es una decisión gerencial y se rige bajo la siguiente fórmula: “qué tanto me voy a ganar en relación con qué tan fácil es que me cojan y, sobre todo, qué tipo de castigo voy a recibir”. Generalmente lo que los corruptos reciben en sus negocios es mucho mayor que lo que podrían perder en caso de que los cojan. Entonces, tenemos que tratar de revertir esa ecuación y ahí el rol de la sociedad civil es crucial. Además de alertar y prevenir estamos tratando de fortalecer la denuncia, la voz del ciudadano, del funcionario, del empresario que se cansa de la corrupción y decide hacer público su descontento. Estamos trabajando en una estrategia de acompañamiento jurídico y legal para que las denuncias sean mucho más estructuradas y los órganos de control puedan llegar al fondo de cada caso.

Tomado de: El Espectador.com

Gala de los Óscar de la corrupción

Jorge Bustamante

Se podría hacer una gala municipal, otra departamental, otra nacional, una cruzada y llevar la más audaz a la gala mundial cada año, como los concursos de belleza.

Uno de los espectáculos más vistos por la audiencia mundial es la gala de la entrega de los premios Óscar, de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Allí se destacan cada año, entre otras categorías, mejor actor y actriz principales; mejor actor y actriz secundarios; o mejor director, mejor banda sonora, mejor vestuario, mejor puesta en escena, mejores efectos especiales, mejor fotografía, mejor película extranjera, mejor guion y mejor maquillaje. Se tiene en cuenta también la cantidad de recursos económicos que se han percibido por las entradas.

Algo similar se debería hacer en la gala de un concurso mundial de la corrupción, pues, al parecer, en Colombia y en una buena cantidad de países se está abriendo paso una carrera sorprendente por cuál nación es la más corrupta, cuál es la cuantía más grande que se ha detectado, como un todo e individualmente, del robo o la coima más berrionda; en un solo pago o continuado; para unos pocos o para muchos; que trascienda y continúe de un gobierno a otro o en un período gubernamental; con una reelección, varias o sin ella; en un solo proyecto de inversión o en varios; con muchas instituciones involucradas o unas pocas, en un solo contrato o con otrosí y reclamaciones; con ayuda de las instituciones de fiscalización y control o sin ella; con intermediación de los congresistas en la etapas de negociación, construcción, terminación, cierre, reclamación e investigación o sin su participación; para financiación de campañas de puestos de poder, solo para enriquecimiento individual o para ambos; en categoría grande (nacional), mediano (departamental) o pequeño (municipal) o cruzado por todas la anteriores; en licitación o en contratación directa, nacional o internacional; en asociación público-privado (APP) o solo con recursos de presupuesto; con intervención de candidato y/o presidente o a las espaldas; con participación de exgobernantes extranjeros o sin ellos; con las normas existentes, modificándolas o violándolas; con pagos de puestos y/o coimas anticipadas en el momento de la firma o con posterioridad a la salida del Gobierno; con recursos legales, ilegales o ambos y así sucesivamente.

Se podría hacer una gala municipal, otra departamental, otra nacional, una cruzada y llevar la más audaz, a la gala mundial cada año como los concursos de belleza y presentarla, de acuerdo con las categorías definas por la Amucep (Academia Mundial de la Corrupción Estatal y Privada). Por supuesto, siempre esperando ganar el primer premio en las categorías más importantes, en particular dirección, montaje, manejo, cuantía y puesta en escena de actores e instituciones públicas y privadas.

Lo que está sucediendo es la pérdida total de legitimidad y credibilidad de los gobernantes, de los dirigentes políticos, de los gerentes y presidentes de empresas, en medio del más absurdo pragmatismo por obtener resultados a como dé lugar. La corrupción fue una de las causas principales de la caída del Imperio romano y con asesinatos entre sus mismos dirigentes para obtener los más insospechados botines.

Esperemos que no se derrumbe en Colombia lo poco de legalidad e institucionalidad pública y privada que aún queda. ¿Aún queda? El actual deterioro gubernamental y legal es una amenaza para toda la sociedad. Algunos gobernantes piensan que todo se puede, que no hay límites. Eso sucedió en Venezuela y muchos países vecinos. La destrucción del aparato productivo y de las instituciones no hay necesidad de mencionarla.

JORGE BUSTAMANTE

Tomado de; El Tiempo.com

 

¿En qué país vivimos?

Lucy Nieto de Samper

Todos tenemos que contribuir a que la paz se consolide y a que este llegue a ser un país más justo.

Después de más de medio siglo de una guerra fratricida, las Farc-EP, el grupo armado más antiguo y numeroso, y el que más muertes, secuestros, tragedias y víctimas les ha causado a las familias colombianas, comenzará a entregar sus armas a Naciones Unidas. Y ya están listos los grandes contenedores en donde las armas serán depositadas, luego de ser reconocidas, certificadas y enumeradas. Y cuando esté completa la lista del arsenal depositado, el cargamento se transportará para luego fundir ese armamento. Y, una vez fundido, ese metal se aprovechará, como se ha dicho mil veces, para construir tres monumentos en homenaje a la paz.

Esa extraordinaria noticia, que necesitó 6 años de duras negociaciones en La Habana para poder convertirse en una realidad que gran parte del pueblo colombiano esperaba y celebra, no ha tenido el impacto nacional esperado. En parte, porque han sonado más las peloteras entre políticos que piensan más en sus propios intereses que en lo que le conviene y necesita el país, y en parte porque los medios de comunicación han divulgado más los problemas que se han presentado por no tener listas a tiempo las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN).

Esos problemas tenían que presentarse, pues los preparativos para acoger a los desmovilizados se suspendieron por obra y gracia del plebiscito, que le dijo no al acuerdo de paz… Y solo se reanudaron en diciembre, después de que Gobierno y Farc firmaran el Acuerdo Final. Entonces se continuó con los trabajos. Y como lo han explicado el doctor Córdoba, gerente de las zonas; el doctor Vélez, secretario de la Presidencia; el doctor Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, y el doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, a toda máquina se están montando y acondicionando las 26 zonas veredales.

Y no se trata de endebles cambuches, sino de buenos vivideros, que además incluyen aulas, salones, centros de salud, etc., todos dotados de agua, luz y servicios varios. En realidad son como minipueblos, con todo lo necesario. Y completamente seguros, porque el Ejército está ahí, vigilando y protegiendo a los excombatientes. En esas zonas, el Estado está presente por primera vez. Empieza a haber país en donde nunca lo hubo.

Todo eso es lo que Colombia tiene que celebrar. En particular, que más de 6.000 milicianos hayan dejado de disparar y que el conflicto, por fin, haya terminado. Y todos tenemos que contribuir a que la paz se consolide y a que Colombia llegue a ser un país más justo, más sano, más acogedor, más visitado por los turistas y más seguro. Ponerle fin a más de medio siglo de lucha armada es una victoria que los colombianos deberían celebrar con más entusiasmo.
Los políticos

Los partidos políticos y sus jefes cada vez pesan menos en la historia nacional. Y mientras sus caudas se reducen, se multiplican los ciudadanos sin partido. Que la abstención en las votaciones democráticas llegue casi al 70 por ciento demuestra la poca importancia que tienen los partidos y la poca influencia de los jefes políticos en la masa de colombianos.

Por eso, las reformas que propuso el ministro Juan Fernando Cristo cayeron como un balde de agua fría. Unos dicen que es una capa de humo para desviar la atención del país de temas muy preocupantes y otros dicen que Cristo quiere ganar puntos para su futura campaña presidencial. Como dicen los niños, tacó burro el Ministro. Su salida en falso más bien le quito puntos. Así las cosas, ¿qué pasará en las próximas elecciones? Los votantes debemos saber elegir y saber votar. Ojalá no terminemos como en USA, con otro Trump.
LUCY NIETO DE SAMPER
[email protected]

Tomado de:El Tiempo.com

La niña que consiguió que el Presidente le ayudara con su tarea de sociales

Gabriela Rico y el presidente Juan Manuel Santos

En la familia de Gabriela Rico, una estudiante de ocho años que vive en Barrancabermeja, nunca creyeron que Juan Manuel Santos le contestara a la niña un mensaje de Facebook. Esta es la historia.

Ocurrió el miércoles 22 de febrero en el Centro educativo adventista de Barracabermeja. La profesora de sociales, como de costumbre, les dejó a sus alumnos de cuarto de primaria una tarea: averiguar los logros del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Gabriela Rico, una de las alumnas más atentas, no quiso perder tiempo. Llegó a su casa a buscar en internet, pero no entendió lo que encontró. Preocupada porque debía entregar su tarea el viernes de la misma semana, decidió escribirle al presidente de la República.

El miércoles en la noche, entre miles de mensajes que el primer mandatario recibe a diario, llegó uno que decía: «Señor presidente Santos, mi nombre es Gabriela Rico y tengo ocho años. En el colegio me preguntaron cuáles propuestas a (sic) cumplido pero yo no encuentro nada en internet, usted puede  hacerme el favor de ayudarme», decía el mensaje que la niña envió desde la cuenta de su abuelita, doña Blanca Cecilia Moreno.

El mensaje se quedó sin responder hasta el viernes en la mañana. Y es que no había casi la mínima posibilidad de que llegara una respuesta de parte del despacho del hombre que lleva las riendas del país. Pero ocurrió lo inesperado. Casi un milagro para la familia de Rico. El funcionario Jaime Viana contactó a Gabriela por vía telefonica para anunciarle que el Presidente contestaría su pregunta en un video, de modo que pudiera entregar la tarea.

Entonces Gabriela llegó ese mismo viernes al colegio sin nada, pero dispuesta a pedirle un plazo a su profesora. Quería sacarse la mejor nota y sabía que tendría información de primera mano para lograrlo. Consiguió que le dieran plazo hasta el lunes para entregarla y salió del colegio a la iglesia.

Mientras tanto, en las redes sociales del Presidente se publicaba el video con la respuesta, en él se ve a Santos acomodando la cámara y explicando desde su escritorio las promesas cumplidas de su campaña. «Por supuesto que todavía nos falta mucho, mucho por hacer, pero ten la seguridad de que todos estamos trabajando para dejarte a ti y a todos los niños de Colombia un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado», dijo.

La familia Rico vio el video en Facebook, pues el presidente mencionó la cuenta de la niña en el video y el sábado los papás de Gabriela se despertaron con mensajes de periodistas que querían conocer la historia de la niña a la que el hombre más poderoso de Colombia le ayudó a responder su tarea. La cantidad de llamadas fue tal que pensaron que sería necesario hacer una rueda de prensa. Miembros de su familia, dicen que Gabriela es una niña muy activa, que siempre lucha por cumplir lo que se propone, que asiste a una escuela de patinaje todos los fines de semana y que ahora quiere conocer al presidente.

Por su parte, Gabriela, piensa escribir en su cuaderno lo que le contestó el presidente y entregarselo a su profesora el lunes temprano, como se lo prometió. A Juan Manuel Santos le respondió con un video que grabó después de llegar de la iglesia. Gabriela le agradeció por haber sacado tiempo de su agenda para ayudarla con su tarea y le propuso que se vieran. No se sabe si finalmente podrá verse con el presidente, pero seguro sacará una buena nota en la clase de sociales, que era la misión. Ahí nació esta historia.

Tomado de : Semana.com

Neiva de nuevo sin agua por creciente de Las Ceibas

Domingo, 26 Febrero 2017 09:54

Escrito por  Redacción web // La Nación

Las fuertes precipitaciones y el aumento de material de arrastre que se registran desde la 2: 00 a.m., en la cuenca del río Las Ceibas, generaron una nueva creciente súbita del afluente y más de 5.000 unidades de turbiedad. El servicio fue suspendido para toda la ciudad.
Olga Lucía Acosta Guzmán, subgerente Técnica de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva E.S.P, manifestó que se suspendió el servicio en las bocatomas y plantas de tratamiento, desde esa hora por la gran cantidad de material de arrastre que traía el río.
“El personal y la maquinaria pesada que se encontraba trabajando desde las 2:00 a.m., en las bocatomas tuvieron que suspender sus labores por una nueva creciente, fue necesario retirar a todo el personal. En estos momentos los niveles de turbiedad son superiores a las 5.000 unidades”, manifestó.
Por su parte Rubén Darío Perdomo, ingeniero de Plantas de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva – E.S.P. indicó que en estos momentos se encuentran retirando la arena de los desarenadores para iniciar con la captación del agua.
“Las estructuras quedaron colmatadas de arena y estamos retirando con volquetas y personal toda la arena que dejo la creciente. Planta Recreo se encuentra funcionando normalmente con el reservorio para algunas comunas de la ciudad. Planta Jardín y Kennedy están cerradas mientras se normaliza los niveles de turbiedad”, expresó.
A esta hora todo el personal técnico y operativo se encuentra laborando en bocatomas y plantas, a la expectativa que mejoren las condiciones para iniciar la captación y tratamiento.

Tomado de: La Nación.com.co