30 Septiembre 2019.
Tomado de: Semana Sostenible.
Desde 2014 se observa un incremento de la deforestación para destinar tierras a la ganadería. Entre un 60 % y un 80 % de las áreas deforestadas de la Amazonia se destinan a pasturas, y las cadenas de supermercados minoristas de Europa que importan carne de podrían aumentar la destrucción de la selva.
Mayo se convirtió en un mes histórico en cuanto a noticias ambientales. La Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU dio a conocer el Informe preliminar de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que determinó que el ser humano es el principal agente de pérdida de biodiversidad. Esto sucedió justo después de que el parlamento británico declarara la “emergencia climática”, al tiempo que crecía la presión para que la UE regule los productos básicos que promueven la deforestación.
Una de las causas principales de todas estas emergencias ambientales apunta a las vacas y, detrás de ellas, a los productores de carne.
En América Latina, sobre todo, el ganado es un gran agente de deforestación, responsable de entre el 60 % y el 80 % de la pérdida forestal amazónica, lo cual genera emisiones de gases de efecto invernadero.
Un nuevo informe, publicado también en mayo, pone el foco en las cadenas de supermercados más importantes del Reino Unido y la UE que indirectamente fomentan la deforestación ilegal al comerciar con la industria ganadera de Brasil, en especial con JBS. Según la organización Earthsight, las cadenas de supermercados minoristas siguen comprando carne envasada de esa empresa productora de carne, investigada por estar involucrada en serios abusos ambientales y de derechos humanos.
Es difícil que al comprar carne de Brasil no esté relacionada de una forma u otra con JBS. Esta empresa es una de las productoras de alimentos más grande del mundo y, como indica el informe 2018 de Chain Reaction Research, una de las tres envasadoras de carne (junto con Minerva y Marfrig) que controlan alrededor del 70 % de los mataderos ubicados en la Amazonía brasileña.
En 2016, JBS se convirtió en la primera exportadora de carne de Brasil, según Forest 500. Pero en los últimos diez años, la empresa enfrentó cargos de corrupción y deforestación graves que derivaron en el arresto de dos CEO, Joesley y Wesley Batista, por el escándalo de coimas en el que estaban implicados desde JBS hasta personas en altos mandos, como el presidente Michel Temer.
A pesar de ello, en 2018 el Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica y España acapararon casi el 90 % de las exportaciones de carne de JBS a Europa, y solo el Reino Unido importó 28 550 toneladas métricas (31 500 toneladas cortas) de carne enlatada de esa empresa.
Los investigadores de Earthsight encontraron carne enlatada producida por JBS en las góndolas de Sainsbury’s, Asda, Morrisons y Lidl. En particular Morrisons y Lidl importan carne de JBS para sus propias marcas de carne enlatada, mientras que Sainsbury’s y Asda venden carne enlatada de marca Exeter y Princes, que también se abastecen de JBS.
Cuando Mongabay contactó a las cadenas de supermercados, ninguna de ellas confirmó ni negó las acusaciones hechas en el informe. En cambio, hicieron referencia a una declaración de la Asociación de Minoristas Británicos que dice: “La Asociación de Minoristas Británicos y sus miembros consideran absolutamente inaceptable la deforestación ilegal y cualquier forma de abuso laboral. Se espera que todos los proveedores cumplan las leyes locales y los altos estándares de cada minorista. Eso está respaldado por códigos de conducta acordados con los proveedores, por auditorías, por capacitaciones para empleados y por esquemas colaborativos”.
Los críticos cuestionan el hecho de que esas cadenas de supermercados británicas sigan comercializando con JBS. “Se demostró una y mil veces que JBS no es confiable. Ellos siguen repitiendo que mejorarán su reputación” pero no lo hacen, se queja el director de Earthsight, Sam Lawson. “Lo que entendimos es que son los gobiernos los que tienen que actuar, porque las empresas no lo hacen por voluntad propia”.
El ganado y su relación con la deforestación del Amazonas
Hablar de la deforestación que está sucediendo en la Amazonía brasileña —donde hay cuatro vacas por persona— es hablar de ganado.
Actualmente, casi la mitad de la deforestación mundial ocurre en lo que se denomina eñ “arco de deforestación”, ubicado en el límite sur de la selva amazónica, dentro de la ecorregión de sabana tropical del Cerrado, en Brasil. Gran parte de esa deforestación es ilegal, y la principal causa son los incendios provocados por acción humana con el fin de ganar tierras de pastura para el ganado.
Un estudio realizado por la ONG brasileña Imazon indicó que JBS lideraba la lista de empresas envasadoras de carne que posiblemente tenían relación con la deforestación debido a la ubicación de sus mataderos, que estaban cerca de 1,7 millones de hectáreas de granjas embargadas, 1,6 millones de hectáreas deforestadas entre 2010 y 2015 y 1,2 millones de hectáreas de selva en riesgo de deforestación entre 2016 y 2018. Ese estudio también reveló que las empresas como JBS se beneficiarían más si hubiera mayores controles y regulaciones.
“La selva se destruye, sobre todo, para destinar esa tierra a pasturas para ganado”, dice Philip Fearnside, ecologista del Instituto Nacional de Investigaciones en Amazonía que hace veinte años estudia la deforestación amazónica. “Todo el ganado criado en la Amazonía debe terminar, de una forma u otra, en los mataderos [para poder ser exportado]. Sin duda, JBS es el más grande [productor que opera aquí], por lo que casi toda la carne se procesa en sus instalaciones”.
Según Imazon, entre 2013 y 2014, el 65 % de las áreas deforestadas en la Amazonía brasileña fue destinada a pasturas. Desde 2014, la tasa de deforestación del país ha aumentado y en 2018 se registraron niveles de pérdida forestal récord para la década, lo cual coincide con que ese año Brasil procesó alrededor de 32 millones de cabezas de ganado, el volumen más alto desde 2014.
En 2017, Brasil multó a JBS por ocho millones de dólares por comprar 50 000 cabezas de ganado provenientes de haciendas culpables de deforestación ilegal en la Amazonía. Hace poco, una investigación realizada por O Eco, una agencia de noticias ambientales brasileña y socia periodística de Mongabay, denunció que JBS compró ganado de al menos cuatro haciendas ilegales que operaban dentro de la Reserva Extractiva Jaci-Paraná, en el estado de Rondonia, en diciembre de 2018.
“Las operaciones de abastecimiento de ganado y todo el sistema de control de proveedores se auditan en forma anual e independiente”, declaró JBS en un comentario a Mongabay. JBS sostiene que, según sus auditorías, el 99,9 % de las compras de ganado de los últimos años se ajustan a las normas sociales y ambientales de la empresa.
Sin embargo, el informe indica lo contrario. La procuraduría fiscal del estado de Pará, que en 2016 realizó sus propias auditorías sobre los grandes productores de carne, descubrió que JBS había sido una de las envasadoras de carne con peor desempeño en el estado durante ese año.
“Es una empresa muy poco confiable”, expresó Lawson. “Cada vez que alguien los denuncia por deforestación ilegal, se piensa que se trata de una corporación confiable que accidentalmente hizo algo mal y que puede cambiar. Pero si miramos más de cerca, es evidente que su intención es otra. Es ridículo creer que se puede confiar en ella”.
Los analistas sostienen que las leyes ambientales brasileñas tienen lagunas que posibilitan el lavado de ganado fácil y a gran escala. Primero, el ganado se cría en haciendas que deforestan para conseguir más tierras de pastura para los animales, que luego son trasladados a haciendas que no provocan deforestación. Después, el ganado se vende a mataderos que solamente exigen identificar el lugar de procedencia más reciente de los animales. Así es como se esconde la deforestación.
Corrupción generalizada
El informe de Earthsight también arroja luz sobre los escándalos de corrupción y sobornos en los que se ha visto involucrada JBS en los últimos años.
“Tal como indica el informe, JBS fue una de las empresas que financió campañas políticas de forma legal e ilegal”, explica el investigador de Imazon Paulo Barreto. “Financiaron campañas y sobornaron a políticos para que desregularan leyes ambientales, redujeran impuestos y subvencionaran préstamos”.
En mayo de 2017, JBS se vio implicada en la investigación federal Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. Los fiscales independientes revelaron que en el transcurso de más de diez años, los ejecutivos de la empresa habían hecho donaciones ilegales a las campañas de 1829 candidatos de 28 partidos políticos. J&F Investimentos, el accionista controlador de JBS, acordó pagar una multa de 10 300 millones de reales (3200 millones de dólares) por el papel que tuvo JBS en el escándalo. La ley brasileña tiene un programa de clemencia que reduce la multa de los socios de carteles u otras organizaciones delictivas si denuncian a otros participantes del esquema de corrupción. La multa que pagó J&F Investimentos fue la más alta impuesta en un programa de clemencia.
En un comunicado, JBS reforzó “su compromiso con el cumplimiento y la gobernanza corporativa con un enfoque sólido y transparente, alineado con los pilares y las directrices que guían la gestión diaria de la empresa. En 2018, la Junta de Cumplimiento Global celebró que el 99 % de los empleados y el 100 % de los líderes de la empresa asistieron a capacitaciones sobre ética y gobernanza en todo el mundo”.
Se sospecha que el expresidente Temer recibió 38 millones de reales (12 millones de dólares) en concepto de sobornos de parte de JBS. Este año, una corte brasileña hizo lugar a los cargos que un procurador fiscal federal presentó contra Temer en relación con este caso.
Sin embargo, los cargos de corrupción no se detienen ahí. En 2017, como parte de la operación “Carne fraca” (carne débil), los agentes federales de Brasil allanaron plantas envasadoras de carne y acusaron a JBS y a otros productores de sobornar a los inspectores de carne del gobierno para que no hicieran cumplir las normas de seguridad alimentaria, después de lo cual se impuso una prohibición temporal a nivel mundial de adquirir carne proveniente de Brasil. También en 2017, una investigación de The Guardian descubrió que los productos de JBS comercializados en Europa podrían haber sido producidos mediante trabajo esclavo en una granja brasileña, hecho que llevó a algunos supermercados minoristas europeos, como Waitrose, a retirar de las góndolas sus productos de carne enlatada abastecida por JBS.
Un acuerdo que sigue en el limbo
Los casos de corrupción que involucran a las empresas brasileñas de carne son un impedimento para lograr el acuerdo de deforestación cero, un acuerdo histórico que firmaron en 2009 las cuatro empresas envasadoras de carne más importantes de ese entonces para detener la deforestación de la selva amazónica causada por el ganado, en respuesta a un informe de Greenpeace. El informe exhibía el vínculo entre la destrucción de la selva, la expansión de la ganadería en la Amazonía y las plantas envasadoras de carne ubicadas en el estado de Pará.
Debido a las críticas de ese informe, el gobierno de Brasil inició demandas contra las empresas envasadoras de carne como JBS por comprar ganado de haciendas que deforestan la Amazonía de forma ilegal. Las empresas acordaron Términos de Ajuste de Conducta, que les exigen no trabajar con haciendas que provoquen deforestación, contraten mano de obra esclava u ocupen tierras indígenas o áreas protegidas.
Si bien hubo cierto progreso, muchos expertos concuerdan en que existen demasiadas lagunas todavía.
“Los acuerdos que firmaron las empresas envasadoras de carne no tuvieron el impacto suficiente para frenar la deforestación”, dijo Baretto. “El hecho de que los índices de deforestación sigan creciendo a pesar de los acuerdos firmados es un indicador claro de que hay que mejorar su implementación”.
En 2017, Greenpeace suspendió las negociaciones en curso con JBS debido, en gran parte, a que salió a la luz la noticia de que los socios controlados de JBS estaban implicados en casos de corrupción.
“El escándalo [de la investigación Lava Jato] pegó fuerte a JBS pero la corrupción plagaba todo el sector [de producción de carne]”, explica Adriana Charoux, activista de Greenpeace Brasil que trabajó en el acuerdo sobre el ganado. “Lo que aprendimos es que, si no hay respaldo de parte del gobierno de Brasil y los sectores que adhieren a las políticas de deforestación cero, así como voluntad para hacerlas cumplir, esas políticas no servirán de nada. Ahora más que nunca la comunidad internacional debe exigir que la producción de carne sea responsable”.
Regular las importaciones y exportaciones, una posible solución
El informe de Earthsight es el más reciente de una serie de investigaciones sobre cómo la UE contribuye indirectamente a la deforestación que ocurre en países tropicales, sobre todo.
Cuando Mongabay contactó a Lidl, Asda, Sainsbury’s y otras cadenas de supermercados que aparecían en el informe, no tenían soluciones para proponer. Un portavoz de la Asociación de Minoristas Británicos respondió: “A pesar de los desafíos importantes que enfrenta Brasil, ha hecho esfuerzos para combatir la esclavitud moderna por medio de diversas leyes. Sin embargo, ciertos desarrollos legislativos recientes podrían estar perjudicando el progreso alcanzado, y esto demuestra no solo que es esencial contar con leyes efectivas, sino hacerlas cumplir para proteger las personas y el ambiente de la explotación. Instamos al gobierno brasileño a tomar medidas para tratar este problema a lo largo de toda la cadena de suministro”.
Con la llegada al poder del presidente de derecha Jair Bolsonaro y la aplicación de políticas extremas que favorecen el agronegocio a expensas de los grupos indígenas y las “zonas improductivas de la Amazonía”, muchos científicos, activistas y ONG nacionales e internacionales están presionando a la UE para que regule los productos básicos brasileños que son causantes de deforestación y están vinculados con abusos de derechos humanos.
“La situación está empeorando a causa del lobby de la agroindustria, que presiona al gobierno para que no haga cumplir la regulación ambiental”, dice Baretto, de Imazon. “Lograron todo lo que querían: un indulto por deforestación ilegal, reducir las áreas protegidas y ampliar el plazo para legalizar las tierras públicas ocupadas”.
Muchos esperan que la comunicación de la UE para redoblar las acciones para poner fin a la deforestación derive en leyes que garanticen que ninguna empresa ni proveedor europeo contribuya a la deforestación o a abusos de derechos humanos. Pero hay críticos, como Sam Lawson, que temen que esa legislación ponga demasiado énfasis en los compromisos voluntarios de las empresas para detener la deforestación.
“Cuando empezaron a surgir todas estas iniciativas de deforestación cero en 2011, el mundo se felicitaba a sí mismo por las políticas forestales”, explica Lawson. “Lo que más me preocupaba [en ese entonces] era que las personas en los altos mandos tuvieran la sensación de que el problema de la deforestación podía ser resuelto [por las empresas]. Las políticas [voluntarias] de deforestación cero distraen de lo que hay que hacer realmente. Tiene que haber acción legislativa”.
