Christopher DeLorenzo
Por
The New York Times
Seis semanas después de que los colombianos rechazaron por un estrecho margen un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país en un plebiscito, el fin de semana el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer un pacto revisado, una prueba de lo que puede lograrse a través del diálogo y el compromiso, incluso en una sociedad muy polarizada.
Si el acuerdo se sostiene, sentará una hoja de ruta sólida para que los colombianos empiecen a sanar las heridas de un conflicto cruel que ha durado más de cinco décadas y a construir una sociedad más igualitaria y tolerante.
El pacto, que incorpora varias sugerencias hechas por los críticos de Santos, se logró tras una sesión maratónica de negociaciones en La Habana. Aún no queda claro si el gobierno llevará a cabo un nuevo plebiscito o buscará implementar el acuerdo a través del congreso.
En una concesión clave, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) acordaron explícitamente declarar y entregar todos sus bienes, que será usados para reparar a las víctimas del conflicto. Este nuevo borrador también esclarece que las iniciativas de reforma agraria en el texto original protegerán los derechos de los terratenientes, a quienes no se les expropiarán sus propiedades de manera arbitraria.
Un cambio estructural es que ahora solo las partes del nuevo acuerdo que involucran a la ley internacional serán incorporadas en la Constitución de Colombia. Antes, el gobierno había considerado integrar todo el acuerdo en la constitución, una decisión que algunos críticos veían como un atajo para lograr enmiendas significativas.
Dos principios del pacto original —un sistema de justicia transicional y un mecanismo que permite la participación de los líderes de las Farc en la política— fueron modificados levemente en respuesta a las preocupaciones de algunas facciones políticas que hicieron campaña en contra del acuerdo.
El gobierno accedió a renunciar a la participación de juristas internacionales en un tribunal especial, que sería el corazón del sistema de justicia transicional, y a incluir solo a jueces colombianos en las audiencias. También se establece que el tribunal considerará nuevos casos en sus primeros dos años y que intentará concluir su trabajo en diez años. El nuevo acuerdo le da autoridad a la Corte Constitucional de Colombia para revisar las decisiones del tribunal.
A pesar de que algunos de los críticos del pacto inicial sostenían que no se debía permitir a los líderes de las Farc que habían cometido crímenes graves ser candidatos, ni el gobierno ni las Farc estaban dispuestos a ceder mucho en este punto. (Una concesión menor es que el nuevo partido político de las Farc obtendrá menos presupuesto que lo que se previó originalmente).
Los partidos están en lo correcto al defender esta parte del acuerdo. Mientras que muchos colombianos no pueden soportar la idea de ver a criminales de guerra en el congreso, deberían de darse cuenta de que es mejor permitirles que luchen en la arena política en lugar de hacerlo en el campo de batalla.
A principios de octubre, Santos, quien unos días antes del plebiscito mostraba tal confianza —tanta que casi rayaba en la vanidad— respondió con humildad al golpe político.
“Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos y quiero agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del No”, dijo el presidente el sábado por la noche.
El mayor crítico del acuerdo, el expresidente Álvaro Uribe, no opinó de inmediato sobre la nueva versión del acuerdo. El nuevo pacto le permite a Uribe, un escéptico del proceso de paz con las Farc desde hace tiempo, adjudicarse el crédito de haber logrado un acuerdo más sólido. Que sea implementado de manera exitosa dependerá de la voluntad de todos los líderes colombianos de trabajar por un bien común.