27 Mayo 2019.
El ‘fantasma’ de los asesinatos de jóvenes, campesinos, desempleados y en general de personas humildes que fueron durante años presentados criminalmente como guerrilleros muertos en combate, mal llamados “falsos positivos”, sigue persiguiendo a las Fuerzas Militares.
Tomado de: Blu Radio.
La tormenta causada por las revelaciones del diario estadounidense The New York Times hace una semana, lejos de calmarse, ha desarrollado vientos huracanados, no solo para el comandante del Ejército, sino también para el Ministro de Defensa Guillermo Botero y para el gobierno del presidente Iván Duque.
Hay que diferenciar dos etapas distintas: durante el gobierno de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, particularmente entre 2002 y 2008 hubo un aumento exponencial de los asesinatos de personas que eran presentadas como delincuentes muertos en combates: según las más recientes cifras de la Fiscalía, el 97 por ciento de los casos de esos homicidios en persona protegida ocurrieron durante ese lapso.
En agosto de 2008, Noticias Caracol reveló la punta de ese terrible iceberg que se convirtió en el más grave escándalo para las Fuerzas Militares en su historia: el caso de los jóvenes de Soacha asesinados en Abrego, Norte de Santander, presentados como delincuentes muertos en combates.
En ese momento, el escándalo causó un remezón que sacó a 27 militares, incluyendo a varios generales, entre ellos el excomandante del Ejército, Mario Montoya, el mismo de la Operación Jaque, que hoy espera que la JEP lo llame a responder por esos crímenes.
Y de allí se derivó que el país conociera que esa política de conteo de cuerpos fue estimulada por la directiva 029, firmada por Camilo Ospina cuando fue Ministro de Defensa, en el año 2005, que prácticamente abrió la puerta a una “vara” de premios, permisos, condecoraciones y recompensas para quienes mayor número de “bajas” en combate produjeran.
Ese ‘fantasma’ asustó al país en las últimas semanas, aunque hay que ser claros en señalar que hasta ahora no hay estadísticas ni casos que permitan decir que ese horror regresó, aunque sí se encendieron las alarmas, tras la revelación del formato impulsado por el general Nicacio Martínez, hoy comandante del Ejército, que buscaba que cada comandante de División se pusiera metas de aumento de resultados operacionales, incluyendo bajas.
Luego del escándalo, ese formato se cayó y el gobierno reaccionó de dos maneras distintas: por un lado cuestionando el trabajo de Nick Casey, periodista de The New York Times que hizo la investigación y por otro lado, creó a las carreras una comisión integrada por dos exmagistrados y un exministro de Justicia para evaluar si las órdenes operacionales de las Fuerzas Armadas colombianas cumplen con los “estándares internacionales”.
Esta semana, a propósito, el Canciller Carlos Holmes Trujillo se reunirá con la junta editorial del New York Times entre otros temas, para mostrar que según el gobierno, nunca se ha intentado impulsar de nuevo una política en las Fuerzas Militares basada en aumento de bajas.
Pero cuando parecía que todo se iba a calmar, la agencia de noticias AP reveló siete órdenes de pago firmadas por el general Nicacio Martínez en 2005, efectuando pagos con dinero de gastos reservados, a personas que al final tuvieron vínculos con actividades delincuenciales y homicidios que para algunos fueron “falsos positivos”.
La respuesta del Ejército fue negar cualquier tipo de actuación irregular de Martínez y reiterar que tuvo responsabilidades administrativas y no operacionales en la zona donde ocurrieron esos hechos.
Capítulo aparte merece una pelea adicional que quedó planteada luego de que el columnista Daniel Coronell, desde su tribuna semanal, pidiera explicaciones al director de la revista Semana Alejandro Santos, por no haber publicado el escándalo que reveló el New York Times, pese a que según él, las evidencias estaban en la revista desde febrero.
La respuesta de Alejandro Santos se dio por Twitter, quien dijo que “actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado ni engavetaremos investigaciones periodísticas de interés público”.