Senadores de la Unidad Nacional defendieron la legitimidad de la refrendación hecha por el Parlamento al acuerdo final de paz.
Por: Redacción Política
En momentos en los que el Congreso se apresta a discutir el proyecto de ley de amnistía –que será debatido este miércoles en último debate por las plenarias de Senado y Cámara– este martes parlamentarios salieron en defensa de lo que denominaron ‘el blindaje’ a la refrendación del nuevo acuerdo de paz alcanzado entre Gobierno y Farc. (Lea: «Ley de amnistía no debe sufrir modificaciones»: alias ‘Timochenko’)
Se trata de un artículo de iniciativa parlamentaria que fue aprobado por las comisiones primeras conjuntas durante el primer debate del proyecto de ley. En este se advierte que la refrendación del acuerdo se alcanzó de forma efectiva por el Congreso, lo que hace innecesario someter a las urnasnuevamente la aprobación de lo pactado en La Habana (Cuba). (Lea: Los reparos de Human Rights Watch a la ley de amnistía)
El artículo en mención sostiene: “Este proceso de refrendación popular culminó con la expresión libre y deliberativa del Congreso de la República mediante la aprobación mayoritaria de las proposiciones del 29 y 30 de noviembre del presente año en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes”. (Lea: Ley de amnistía supera primer debate en el Congreso)
De acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, el presidente de la comisión primera, aunque la refrendación popular se debe entender como la participación directa del pueblo, la Corte Constitucional en su fallo estableció un marco muy amplio de lo que se debe entender por ella. En ese contexto, dice, el Congreso tiene cabida como escenario de refrendación.
“En el criterio de la Corte y que el Congreso debe acatar, esa refrendación se dio en las plenarias de Cámara y de Senado, y sobre esa línea de análisis pues ya existe en la vida jurídica el acto legislativo por la paz y por lo tanto no sería necesario refrendar nuevamente el acuerdo, sino simplemente desarrollarlo como se está haciendo a partir del trámite como una iniciativa de paz que viene cumpliendo con los artículos y con el espíritu del acto legislativo por la paz”, argumentó el parlamentario.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión y ponente del proyecto, el senador Armando Benedetti, explicó que el artículo lo que hace es recoger el texto del fallo de la Corte en el que se dice que se necesita más democracia y participación. “Simplemente dejamos de manera clara y precisa que la refrendación popular del acuerdo de paz se cumplió en las plenarias del Congreso el 29 y 30 de noviembre”, explicó.
Entretanto, en el marco de un foro para explicar el mecanismo de ‘fast track’ organizado por el Congreso, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que el Parlamento buscará mantener la fidelidad de los acuerdos de paz, “manteniéndose en línea con las necesidades y preocupaciones de los colombianos”.
“Uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos hoy es el de despejar cualquier tipo de duda existente sobre la implementación del mecanismo especial conocido como ‘fast track’, e informar a los colombianos cuáles son las iniciativas para la paz con trámite especial que se discutirán en el Congreso, por qué son importantes y cómo van a colaborar para garantizar el cumplimiento del acuerdo final”, señaló.
Asimismo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que dada la deliberación con la que ha contado la iniciativa, “queda desmentido que el Congreso venga a ser un simple notario,como se había dicho. Las proposiciones de los congresistas mejoran la ley de amnistía».
Se prevé que el Congreso apruebe la iniciativa este miércoles en plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. La ley permitiría al desarme de cerca de 6.000 hombres de las Farc, quienes se ubicarán en las zonas veredales transitorias para iniciar en firme el proceso de dejación de las armas y reintegración a la vida civil.
El proyecto establece las condiciones bajo las cuales se les podrá conceder amnistía, indulto a los guerrilleros de las Farc y para agentes del Estado, su equivalente, cobijará exclusivamente a quienes estén condenados o procesados por delitos políticos y conexos. Pero habrá otros casos que quedarán pendientes para ser resueltos por la Jurisdicción Especial de Paz.