INFORME DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
Una baja calificación recibió Colombia por tercer año consecutivo en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que publica anualmente Transparencia Internacional, y que fue dado a conocer el día de ayer. Con una calificación de 37 puntos sobre 100, el informe 2016 sobre el estado del mundo en materia de corrupción deja al sector público nacional entre aquellos percibidos como proclives a las prácticas corruptas.
El Índice, que resulta de opiniones sobre la situación del país por parte de analistas y expertos, plantea nuevamente la aguda afectación que sufre la gestión pública por la corrupción tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial.
En esta medición de percepción de corrupción que se realiza desde 1995, Colombia nunca ha logrado un puntaje positivo. Sin embargo, la calificación de 2016 se da a conocer en un contexto de creciente consenso social de “¡no más a la corrupción!”, que demanda acciones más agresivas, corajudas e independientes de intereses políticos para combatirla.
El IPC es un claro indicador de que a pesar de las importantes medidas de prevención adoptadas en los últimos años, es urgente aumentar la capacidad del Estado para investigar y sancionar los hechos de corrupción.
Para que el Estado colombiano nos garantice a todas y todos los ciudadanos la no impunidad en delitos asociados a la corrupción, Transparencia por Colombia seguirá insistiendo en:
Depurar los órganos de control: por varios años la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación han reportado preocupantes riesgos de corrupción sin tomar medidas de fondo para superarlos, como lo demuestra la medición de riesgos de corrupción de la Corporación Transparencia por Colombia; por su parte la Contraloría General de la República solo avanza tímidamente en su fortalecimiento.
En este escenario resulta urgente la depuración de las cuotas burocráticas que tienen los diferentes partidos o movimientos políticos en las instancias de control del orden nacional y territorial, para romper con los intereses clientelares existentes hoy y disminuir los riesgos de incidencia de grupos criminales.
Combatir efectivamente la corrupción en el sector privado: los recientes escándalos de corrupción conocidos por la opinión pública reiteran la existencia de redes de corrupción que vinculan empresas, líderes políticos y servidores públicos para abusar del erario.
De acuerdo con estudios recientes de Transparencia por Colombia, más del 90% de los empresarios del país reconoce que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Hoy se estima que el promedio de los sobornos puede llegar hasta el 17.3% de los valores de los contratos, e incluso más del 50% de los encuestados considera que el financiamiento de campañas políticas es una forma de sobornar.
A propósito de esta situación es que Transparencia por Colombia ha insistido en la alerta sobre la opacidad y la precariedad de los controles al financiamiento de las campañas políticas, donde, por ejemplo, en las últimas elecciones de mandatarios locales el 64% de los recursos reportados por los candidatos corresponde a “Recursos propios”, mientras que el 25% a “Donaciones y créditos de personas naturales y jurídicas”, haciendo que en ambos casos los controles por parte de la autoridad electoral sean muy débiles.
Definir políticas e implementar medidas explícitas de lucha contra la corrupción en la estrategia de posconflicto: un monitoreo inicial de hechos de corrupción, realizado por Transparencia por Colombia entre el 2010 y el 2016 en nueve de los departamentos [5] priorizados como zona de posconflicto, señala la ocurrencia de más de 70 casos que involucran a más de 100 servidores públicos investigados y sancionados. Si bien estos hechos se dieron antes de la implementación de la estrategia del posconflicto, evidencian los riesgos de corrupción a los que se pueden enfrentar la gestión de estos importantes recursos.
Transparencia por Colombia, como capítulo de Transparencia Internacional, no solo continuará con su labor de monitoreo al fenómeno de la corrupción, al desempeño de las autoridades públicas y a la acción del sector privado, sino que iniciará en 2017 una decidida acción de movilización ciudadana, a la que desde ya convoca a todos los sectores sociales y políticos del país para avanzar unidos en la lucha contra la corrupción.