Foto: Archivo / EL TIEMPO
Quienes denuncien entrarían en un programa para testigos.
Se tramitaría por vía rápida en Congreso y se extienden beneficios a empresas involucradas.
Por: JUSTICIA
Recompensa de hasta 184 millones de pesos (el equivalente a 250 salarios mínimos mensuales) podrían recibir los colombianos que denuncien hechos de corrupción y con su información permitan “encauzar y acelerar” investigaciones, así como recuperar dineros públicos.
Así lo contempla un proyecto que hace parte de un paquete medidas con las que el Gobierno busca crear nuevas herramientas para combatir la corrupción desbordada en el país.
La iniciativa, promovida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y conocida por EL TIEMPO, busca garantizar la protección de quienes se atrevan a denunciar la corrupción. El Gobierno tendría seis meses para reglamentar los pagos de las recompensas, que se establecerán por la “oportunidad y relevancia de la información” y el compromiso del denunciante para declarar en los procesos penales que se abran. Uno de los puntos más polémicos de la ley es que no excluye taxativamente el eventual pago de recompensa a los involucrados en el hecho de corrupción denunciado.
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“Cuando una persona decide reportar, hace una evaluación del costo que le acarrearía dicho reporte y su potencial beneficio, por lo que la posibilidad de obtener algún tipo de recompensa podría ser decisiva en la decisión de reportar”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa. Los beneficios se extienden a las personas jurídicas, en un mecanismo similar al que ha usado en los últimos años la Superintendencia de Industria y Comercio para develar y castigar las prácticas de cartelización.
El proyecto señala que de esta manera se establecerían incentivos para atacar la corrupción. El Ejecutivo reglamentaría el alcance de los beneficios, y señala que “en todo caso deberá tener en consideración que un contrato obtenido por medios fraudulentos será considerado nulo de pleno derecho”.
La intención es generar “condiciones que les permitan a las empresas denunciar oportunamente, colaborar con las investigaciones, pagar las multas o sanciones correspondientes, asumir las consecuencias de la nulidad de los contratos que hayan obtenido por medios fraudulentos, pero buscando un equilibrio tal que evite que las sanciones terminen generando daños injustificados sobre empleados honestos de las compañías o sobre el desarrollo de proyectos o actividades comerciales de interés público”.
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Entre las medidas de protección a las personas que denuncien está su inclusión al programa de protección de testigos, y una suerte de blindaje en las propias entidades públicas para los funcionarios que develen la existencia de prácticas corruptas. La coordinación de ese mecanismo le corresponderá al Ministerio de Trabajo.
El proyecto establece la creación de la ventanilla única de denuncias, que estará bajo la responsabilidad de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.También, de una línea telefónica y una página web que garanticen el anonimato y la confidencialidad de las informaciones.
En la exposición de motivos del proyecto se resalta que luego de revisar 17 entidades, 12 de ellas “no cuentan con protocolos o lineamientos para tramitar las denuncias de corrupción, pues estas se equiparan en muchos casos con las peticiones, quejas o reclamos”.
La iniciativa sería radicada vía fast track, con lo que se reducen a la mitad los términos para su aprobación, argumentando que en los acuerdos de paz se desarrolla la necesidad de un control social en la gestión de recursos públicos, además de plantearse el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública.
Pero, también se analiza la posibilidad de implementarlo a través de un decreto de ley por medio de las facultades especiales que tiene el Presidentepara cumplir con el acuerdo de La Habana.
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“Los acuerdos de paz dan importancia a la existencia de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de ciudadanos, organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción, con énfasis en lo relacionado con la implementación” de lo pactado con las Farc, señala el documento.
El Gobierno ya radicó un proyecto para la reducción de beneficios para los responsables de corrupción, especialmente lo relacionado con la detención domiciliaria. Este se tramitaría por la vía ordinaria.
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