Por: Vivian Newman
¿Y si supiéramos quién mandó matar a Jorge Eliécer Gaitán? ¿O accediéramos a los papeles privados del general Rojas Pinilla? ¿Y si encontráramos los documentos que expliquen la sistematicidad en las muertes de la Unión Patriótica? ¿O las de miles de ejecuciones extrajudiciales y de desaparecidos del país? La clave para responder muchas de estas preguntas podría reposar en archivos secretos que guarda celosamente nuestra Fuerza Pública y acceder a ellos es una condición previa para comprender e interpretar nuestra violencia y poder transformar el país.
Sin embargo, la historia comparada no ha hecho sino demostrarnos que a estos archivos no se llega fácilmente. Por ejemplo, en Sudáfrica, para mantener ocultos los secretos más oscuros del estado del apartheid, se destruyeron toneladas de archivos. Por esto, cuando logramos conocer información sobre la policía secreta, se lo debemos más bien a filtraciones. Así pasó en Guatemala, donde gracias a una alerta de unos vecinos que pedían retirar explosivos de un lugar, se encontraron 80 millones de folios del archivo de la policía de ese país que sirvió para probar desapariciones forzadas. También por azar apareció el Diario Militar de Guatemala, que fue vendido por la módica suma de US$3.000, o el Libro Amarillo de El Salvador, ambos con listados de personas detenidas, torturadas y asesinadas por la policía de seguridad.
Sin información no se puede hacer nada en la transición. Y los archivos de inteligencia contienen mucha. Gracias a ellos se obtiene verdad judicial y extrajudicial. Con la primera se sabrán las circunstancias en que ocurren los hechos en un caso concreto, aportando justicia a las víctimas y definiendo responsabilidades individuales en la cadena de mando. Con la segunda se aclaran las violaciones a derechos humanos y se entiende el contexto histórico, para contribuir a la verdad colectiva y a la memoria histórica con narrativas globales que encontramos en periódicos y museos. También ayuda esta información a reparar a las víctimas, no sólo con indemnizaciones justas, sino porque las libera de incertidumbre o de mala reputación, y a los victimarios, porque en ocasiones ayuda a aclarar sus motivaciones. Finalmente, la verdad contenida en los archivos es una forma de identificar las reformas institucionales que será necesario implementar, para que cambiemos y se den las garantías de no repetición.
El problema es sencillo. En los acuerdos de paz no hay ninguna fórmula para que los militares o la guerrilla se encuentren obligados a mostrar su interior. Entonces tenemos que usar las reglas existentes, en las que hay una tensión entre las normas de inteligencia y de transparencia. La Fuerza Pública interpreta de forma parcial la ley de inteligencia para proteger toda su información y olvida que, según una interpretación armónica, lógica y sistémica, debe motivar y explicar cuándo no se quiere entregar cierta información. Además, es clave desclasificar archivos secretos extranjeros de las mismas épocas y promover nueva normativa que garantice mayor apertura y proteja los archivos existentes bajo una prohibición de destrucción de mínimo diez años en los que se estudie lo que se protege y lo que no. Así lo propuso Dejusticia en la colección Ideas para construir la paz, que acaba de presentar esta semana: si la inteligencia abre su pasado, puede contribuir a transformar las violencias y consolidar la paz.
Nota. Hay nueva prueba de los conflictos del fiscal… el concepto que firmó su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán el 23 de julio de 2015 a Navelena desde la firma MNA-Martínez Abogados. ¿Qué más necesita el fiscal para declararse impedido en Odebrecht?
*Subdirectora de dejusticia.org.