La Crónica de Guadalajara destaca el relevante papel de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
en la defensa de la libertad de expresión.
Hay ocasiones en que los periodistas dejamos de lado nuestra fama, más bien injusta, de eternos quejumbrosos y pasamos directamente a la condición de irritados preventivos, con fundamento.
Este jueves, desde la tercera planta de una de las torres de Chamartín, la vicepresidenta Carmen Calvo aprovechó que la habían invitado a una jornada sobre/contra las fake news para aventurar graves sugerencias sobre la libertad de prensa.
A los periodistas, como ella ya debería saber, es mejor no tocarles la paciencia ni la libertad de escribir y de hablar sobre lo que ven… sobre todo cuando alguien pretende ocultarlo, como suele acontecer con los hechos que son noticiosos por resultar de interés general.
Por eso las palabras de tan peculiar política no han sido tomadas como una excentricidad sino como una amenaza. Porque no llueve, sino que está empezando a diluviar sobre mojado.
La FAPE, que desde hace meses tiene nuevo presidente y mejor perfil que tiempo atrás, ha salido al paso, en corto, por derecho y por escrito. Ante lo dicho por la Federación que más periodistas agrupa en España poco más hay que alegar, además de reproducirlo para general conocimiento.
Ahí lo tienen, para que ustedes lo lean:
“La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza cualquier intento de modificar el derecho a la libertad de expresión e información, tal y como lo recoge el artículo 20 de la Constitución, como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, partidaria de que se revise la legislación sobre este asunto en la Unión Europea (UE).
La FAPE recuerda el derecho constitucional “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y, en caso de que esto no se produzca, se rige por la autorregulación de la profesión, a través de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, y por la legislación vigente.
En definitiva, los periodistas no estamos exentos de la ley y estamos obligados a respetar los derechos de los demás, sobre todo los relacionados con el respeto al honor, la intimidad, la propia imagen y la presunción de inocencia.
También reconocemos nuestra obligación a difundir informaciones veraces, verificadas y diligentemente contrastadas, y debemos dar oportunidad a quien esté afectado por una información a que dé su versión de los hechos. Y, por supuesto, respetar y cumplir su derecho de rectificación.
Hay que subrayar que cada vez que los Gobiernos tratan de regular la libertad de expresión es para limitarla, recordando que la UE renunció a legislar sobre las “fake news” precisamente por el riesgo de limitar la libertad de expresión.
Las “fake news” se combaten con periodismo que se ciña a los códigos éticos y con planes de educación escolar. De ahí que la FAPE haya propuesto que se imparta una asignatura de Periodismo en la ESO con dicho propósito educativo.
Poco más, al menos por ahora, tenemos que añadir desde LA CRÓNICA.