La próxima semana el Gobierno expedirá el decreto en el que convocará al Congreso a sesiones extras y se sabrá si incluye en la agenda el proyecto de ley de modernización del sector de Tecnologías de Información y Comunicación (la Ley TIC), para que sea discutido con urgencia. Si lo hace, reiterará su afán en sacarlo adelante a pesar de las críticas, y de dejar así sentado un cambio que le da más poder y que beneficia a los grandes actores privados del sector.
Tomado de: La Silla Vacía.
Sobre la agenda de las extras (que son obligatorias legalmente para iniciar el debate del Plan Nacional de Desarrollo), una alta fuente de Presidencia nos confirmó que es posible que incluya la Ley TIC, pero el presidente Iván Duque todavía no ha tomado una decisión.
No sorprendería, pues el año pasado el Gobierno mostró su afán por pasar esta ley cuando, con la reforma tributaria y el proyecto que le dio dientes a la Superintendencia de Salud, lo incluyó en extras en diciembre.
Finalmente no alcanzó a lograr que el Congreso lo aprobara, pues pasó por las comisiones de Senado y Cámara, pero tiene pendiente la discusión en plenarias. Eso ante la presión política que amenazaba con tumbar la reforma tributaria y las críticas de sectores de la opinión pública que pedían más discusión por diferentes motivos.
Éste muestra que Duque se alinea con el sector privado, pues da las condiciones que piden los privados para construir la infraestructura que lleva internet y telefonía a las regiones que hoy no están conectadas (la mitad de los hogares en Colombia hoy no tienen conexión a internet).
Y también le da más poder a su Gobierno, pues concentra en el Ministerio de las TIC las funciones de vigilancia y control sobre los canales y operadores de televisión por cable, que tiene hoy una entidad independiente, la Autoridad Nacional de Televisión, y el manejo del fondo clave para la televisión pública que también maneja la Antv.
Como esos fueron dos de los puntos más criticados, detrás del ruido más visible por la retaliación del saliente gerente de Rtvc a una de las voces más críticas, la discusión del proyecto arrancará con tensión, ya sea en febrero, si se lleva a extras, o en marzo, si no.
Darle más a los privados para que conecten al país
El Presidente ha insistido en la necesidad de que la tecnología llegue a más gente, para mejorar la productividad, llevar los trámites en línea a más personas e impulsar la economía naranja, una de sus banderas, pues incluye los negocios basados en información, comunicación y tecnología.
Su diagnóstico tiene dos aristas principales, en las que la apuesta es lograr que el sector privado tenga mejores condiciones para que le meta los 93 billones de pesos que según el Mintic se necesitan para resolver el problema.
Por un lado está la conectividad. En el Gobierno pasado el país logró conectar todas las cabeceras a internet de alta velocidad, pero hace falta llevar la infraestructura a las veredas y zonas más apartadas.
Eso es lo que los técnicos llaman la última milla, la parte más costosa de proveer y la menos rentable en zonas poco pobladas o porque hay menos gente con capacidad para pagar por estos servicios.
La ley propone que quienes tengan concesiones para usar espectro electromagnético que por Constitución es del Estado, y por el que viajan las ondas de comunicaciones como el celular, la televisión que no es por cable o la radio, las puedan tener hasta por 20 años, frente al tope actual de 10, con la posibilidad de renovarlas.
Eso para permitir que los privados tengan más incentivos para hacer grandes inversiones, pues el mayor plazo les permite recuperarlas, como ha alegado la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que reúne a grandes jugadores privados, incluyendo operadores como Azteca, Claro, DirecTV o Ericsson.
La otra arista es directamente monetaria: llevar a que los operadores paguen lo mismo por usar el espectro (hoy hay diferencias entre los de telefonía móvil y los de televisión satelital, por ejemplo), para incentivar sus inversiones.
Uno de los pagos que hacen es el trimestral por usar las redes, que se paga sobre los ingresos brutos, y que el proyecto reduce para incentivar la inversión privada.
Para eso pone como primer criterio para definir el valor que el operador tenga un proyecto de inversión para cerrar la brecha digital, por lo que pagarían menos cuando hagan inversiones en zonas lejanas; permite que hasta el 60 por ciento de ese pago se haga con obras que amplíen el servicio y beneficien a población pobre y vulnerable o en zonas apartadas; y, al final, les pone a pagar menos en concesiones más largas.
Para la consultora en políticas de comunicación pública, Débora Pérez, está bien que se unifiquen las condiciones para los diferentes operadores, pero no que todas terminen pagando menos: explica que en el proyecto las contraprestaciones trimestrales no podrán ser más del 2,2 por ciento de los ingresos brutos de los operadores, y hoy hay operadores que pagan hasta 4,2 por ciento.
“¿Cuáles son los estudios que dicen que ese debe ser el monto máximo?”, pregunta.
Para Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, otra preocupación es que la legislación se concentra en los operadores privados y no desarrolla condiciones para ayudar a las redes comunitarias, que podrían ser una herramienta clave en la última milla. Eso muestra el foco del Gobierno en el sector privado.
Al final, el proyecto refleja la mirada macroeconómica que es huella de Duque: la que dice que es necesario reducir las cargas de los privados para que ellos muevan la economía y resuelvan dificultades como la de proveer tecnología, que se manifestó también en la reforma tributaria.
También deja claro que los intereses del presidente Duque y su visión de país se alinea con la de los empresarios pues pone en el centro a la inversión privada para mejorar la conectividad y queda en evidencia con el apoyo público a la ley por parte de gremios como CCIT y Asomedios, que reúne a los principales canales privados.
Pero, a diferencia de la tributaria, la Ley TIC también hace un cambio grande de poder en el Estado, en favor del Gobierno.
Un Ministerio súperpoderoso
El otro gran efecto del proyecto sería un Gobierno con más poderes en el sector, a partir de un hecho que comparten los críticos: en la línea entre la infraestructura y el contenido que se transmite por ella va desapareciendo, lo que se refleja, por ejemplo, en que el operador Telefónica tiene Movistar Play, y Claro tiene Claro TV que producen y distribuyen contenido audiovisual.
Ese cambio, conocido como convergencia, ha llevado a que la Ocde, Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo recomienden que haya una sola entidad para regular todo el sector, lo que llaman un regulador convergente.
Eso obliga a fusionar de alguna manera a la Autoridad Nacional de Televisión, que adjudica licencias y espacios de televisión, y regular este servicio; la Comisión de Regulación de Comunicaciones que fija las reglas de juego para proveer redes y servicios de telecomunicaciones; y la Agencia Nacional del Espectro, que maneja el espectro radioeléctrico.
Para solucionar estos problemas la ley propone llevar unas funciones de regulación de la primera a la Comisión, pero dejando las funciones de vigilancia y control de la Antv, que puede sancionar a operadores de televisión por cable y a los canales y concesionarios, en el Ministerio.
Es decir, darle más poder el Gobierno de forma directa.
Para el director de la Flip, Pedro Vaca, eso es una ‘golosina para censurar’ porque abriría la puerta para “retaliaciones por publicaciones que incomoden al ejecutivo o incluso se pueden exagerar las sanciones por errores ajenos a la postura editorial de los operadores y concesionarios con el fin de silenciar sus posiciones editoriales”, como escribió en esta columna.
Además, para algunos críticos el cambio en la Comisión le da más poder al Gobierno de forma indirecta, pues para la Flip no es claro que sea independiente.
Eso porque su junta directiva la conformarían el Ministro o su delegado, un miembro nombrado por el Presidente, dos elegidos por convocatoria pública y un representante de los canales públicos (hoy la de la Antv son la Ministra, un delegado del Gobierno y un representante de las universidades, los gobernadores y la sociedad civil), y la convocatoria podría ser manejado por el Gobierno.
Aunque la ministra Sylvia Constain le dijo El Tiempo que la idea es que sea como la junta del Banco de la República, para Pedro Vaca, una convocatoria pública no es suficiente garantía de que el Gobierno no elija a dedo, pues depende de cómo se regule.
De hecho, que solo sea una convocatoria y no un concurso significa que no es seguro que haya exámenes o entrevistas, sino sencillamente que sea obligatorio abrir públicamente la posibilidad a quien esté interesado, pero no que se elija de forma transparente, como pasó cuando Juan Manuel Santos decidió su terna para Fiscal.
La independencia de esta Comisión es clave porque deberá garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, y podrá sancionar a las empresas y canales que no cumplan con sus decisiones.
Además de esas dos formas de poder para el Gobierno en la regulación, tendría también más fuerza en el manejo de la plata: al fusionar el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos que maneja la Antv para financiar los canales públicos incluidos los regionales, y el de TIC que maneja el Ministerio, deja a éste con el control del nuevo Fondo Único de TIC.
Eso fue lo que prendió las críticas de los canales regionales el año pasado, pues temían que el Ministerio los dejara con menos recursos, pero en la última versión del proyecto quedó que el nuevo Fondo deberá garantizar que no bajen los recursos para ellos y que además no podría reducirse de un año a otro como hoy sucede.
A pesar de ese ajuste, que parece haber calmado las aguas en los canales regionales, el proyecto igual le daría el manejo de más recursos al Ministerio, con lo que daría otro paso para reforzar su poder.
Eso puede ser objeto de críticas y debates en el Congreso, más cuando el proyecto llegue en año de elecciones locales, con un Gobierno que le da puestos solo a los uribistas y a algunos conservadores, y que por lo tanto ha tenido relaciones difíciles con muchos congresistas acostumbrados a mover sus maquinarias electorales a punta de burocracia.
No es fácil que ellos decidan reforzar a Duque en esas circunstancias. Pero como el proyecto beneficia a los grandes jugadores privados, muchos de ellos con gran capacidad de lobby, tampoco es obvio que el proyecto tenga mal presagio.