20 Mayo 2019.
El debate tras la publicación del artículo del New York Times que indica que hay un riesgo de volver a los homicidios de civiles por militares conocidos como “falsos positivos”, y que llevó incluso a que su autor saliera del país por seguridad, gira en buena medida alrededor de si sus pruebas son suficientes para hablar de ese regreso.
Tomado de: La Silla Vacia.
Aunque muchas siguen sin conocerse, y probablemente nunca se revelen porque se trata de oficiales del Ejército que hablaron fuera de micrófonos para proteger su seguridad, los pocos documentos que se conocieron sí sustentan por lo menos la alarma de que puedan regresar, porque muestran la semilla que llevó a los “falsos positivos”: el llamado body count.
La vieja política
En sustancia, los miles de “falsos positivos” que se dieron entre 2002 y 2007 se debieron a que el Gobierno Uribe decidió evaluar a los comandantes militares a partir del número de muertos en combates, conocida como body count desde que los gringos la usaron -sin éxito- en Vietnam.
Como explicó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrada en La Silla Llena en noviembre, lo dejó muy claro un documento militar de abril de 2006 llamado “políticas del señor mayor general Mario Montoya”, que señala “los comandantes se evalúan por sus resultados”, y en el que el general aclara con franqueza brutal “las bajas no es lo más importante, es lo único.”
Esa política aterrizó luego en ránkings de unidades a partir de sus bajas y, dentro de éstas, en premios a incentivos, desde dinero hasta permisos, para las unidades que arrojaran más bajas, como explica éste video que hizo La Silla Vacía a partir de la entrada de Vivanco:
A propósito del artículo del @nytimes, el segundo capítulo de la serie de #falsospositivos que hicimos en alianza con @hrw_espanol basada en los artículos de @JMvivanco sobre los incentivos perversos de la Seguridad Democrática del Gobierno Uribe.
Es decir, los falsos positivos se dieron porque había una política de evaluación que priorizaba las bajas, los muertos.
Eso fue tan claro que las decisiones que tomó el Gobierno Uribe en 2007 para frenar esos crímenes estaba, en primer lugar, la de cambiar el orden de prioridades para evaluar: primero desmovilizaciones, luego capturas y por último muertes, y en ese caso dándole mayor importancia a cabecillas (los “falsos positivos” solían presentar falsas muertes de supuestos guerrilleros rasos, no de cabecillas que son conocidos y reconocibles).
Así lo determinó, por ejemplo, el primer punto de una directiva permanente del general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las Fuerzas Militares (y consuegro del Ministro de Defensa, Guillermo Botero):
Directiva No. 300-28 Del 20 de Noviembre de 2007 by jlewin4645 on Scribd
Aunque el Gobierno Uribe, en cabeza de Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, tomó otras medidas como crear un comité temporal de seguimiento a las denuncias de falsos positivos, establecer reglas de enfrentamiento que aclararan el nivel de uso de fuerza, ésta fue la pieza central para combatir el fenómeno. Y ésta es la que queda en duda.
El regreso del fantasma
El sábado en la noche, El Tiempo reveló uno de los documentos a los que hacía alusión la nota del New York Times: un formato que entregó el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en una reunión de comandantes en enero pasado, cuando estaba arrancando su período como comandante.
Así lo cuenta la nota de Nick Casey:
La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá. Muchos estaban ansiosos por saber si habría cambios con el nuevo liderazgo.
Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte inferior.
El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.
En la nota de El Tiempo, que cuenta que obtuvo el documento por fuentes del Ministerio de Defensa, dice que esas fuentes “y altos oficiales consultados por este diario aseguran que el documento de Tolemaida constituye un ejercicio válido de proyección operacional y que en ningún momento se ordenó una política de ‘Body count’“.
Sin embargo, una nota en letra pequeña, que el diario presenta de paso, da cuenta de que sí aparece, ya que la evaluación del desempeño de los comandantes sí incluye las muertes, al mismo nivel de las desmovilizaciones y capturas.
Acá aparece resaltada:
objetivos_operacionales.jpg
Eso significa que, según ese documento, la decisión de 2007 de darle más relevancia a las desmovilizaciones, luego a las capturas y por último a las muertes, dejó de tener vigencia en la práctica, y que ahora son equiparables. O por lo menos desde la visión del comandante del Ejército.
¿Directriz o visión?
El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo este sábado «tenemos privilegiadas las desmovilizaciones sobre las capturas, y las capturas sobre los muertos en desarrollo de operaciones», lo mismo que le dijo a Blu el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.
En esa misma línea, una alta fuente del Ministerio de Defensa le explicó a La Silla que ese formato no se puede leer de manera aislada, sino que se debe entender en el contexto de otros dos documentos entregados en esa reunión y que El Tiempo cita.
Uno son las nuevas reglas de enfrentamiento “relativas al uso de la fuerza en las operaciones militares que desarrolla el Ejército en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y unos nuevos lineamientos en Derechos Humanos y DIH.
¿De hecho, el general Martínez había presentado públicamente esos lineamientos unos días antes, en un evento al que asistieron el Ministro Botero, el Procurador, Fernando Carrillo, y el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Aunque eso sea así, y las reglas de enfrentamiento y los lineamientos refuercen la protección a los derechos humanos, que la evaluación del desempeño de los comandantes del Ejército incluya muertes revive el body count, por lo menos en esa fuerza, que concentra el grueso de los casos de «falsos positivos».
Ese cambio frente a la política de los últimos 12 años muestra un regreso a la semilla de los “falsos positivos”: si bien un comandante podría mejorar sus resultados operacionales sin muertes (ya que según el documento equivalen a capturas o desmovilizaciones), como le dijo Martínez al Times, otro podría buscar hacerlo a partir de ellas.
Como le dijo a Blu el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, «nuestros comandantes tienen una autonomía, tienen toda la capacidad para tomar sus decisiones «
Es decir, aunque es cierto, como dijo Botero, que no hay “directriz alguna que exija a las tropas el aumento de muertos en desarrollo de operaciones militares”, pues pueden no hacerlo, sí hay un incentivo para que lo hagan.
Que exista esa posibilidad, en un país en el que ya hubo miles de asesinatos de civiles inocentes por ello y cuando además pone a los comandantes a pensar más en medios que en fines (en el documentos no se habla de lograr menores tasas de homicidios o extorsión, por ejemplo), prende naturalmente alarmas.
En principio, eso puede reflejar una visión de Martínez, más que una directriz de más arriba.
De entrada, el mismo General explicó en su respuesta al Times que el responsable es él: «Las autoridades del Gobierno Nacional no participan en la elaboración y difusión de estos documentos», explica.
Además, los otros documentos que han aparecido dan cuenta más de una mirada del Ejército como una unidad más de choque que de análisis, desde su trino del sábado (que luego borró) en el que decía que se debe privilegiar la lealtad sobre la inteligencia hasta su orden de “no exigir la perfección para realizar operaciones” y lanzarlas “con un 60% – 70% de credibilidad y exactitud”, pasando por la prueba de Vivanco de que las brigadas y fuerzas de tarea deben reportar cuántos días llevan sin combatir, como presión para hacerlo.
Sea visión de él o vaya más allá, el Gobierno lo eligió como comandante y lo ha mantenido estos días. Por eso la alarma es grande y por eso, seguramente, renacerá la moción de censura de los verdes contra Botero, lo que sumado a las denuncias por presuntos abusos militares que ya habíamos reportado en todas las regiones promete mantener al país hablando del tema.
Ojalá como un debate sobre la visión y no a partir de muertes.