30 Julio 2019.
Foto: EFE.
Durante los años que estuve en México estudiando periodismo hubo una realidad que me impactó profundamente: la violencia impune en contra de los periodistas. En una de mis primeras clases universitarias la Dra. Elvira Hernández Carballido nos expuso el caso de la afamada reportera Lydia Cacho Ribeiro, quien denunció una red de pornografía infantil y pederastia por parte de empresarios y políticos de alto nivel.
Tomado de: Panam Post.
Su trabajo, publicado en un libro titulado «Los demonios del Edén», le valió una detención arbitraria, violencia sexual y una persecución judicial infame desde 2004 hasta este año (cuando el Estado mexicano tras la llegada al poder de Andrés López, le pidió una disculpa pública).
No obstante, el asedio por parte de los implicados en su investigación no ha hecho más que intensificarse.
Gracias a esas casualidades que solo la corrupción explica, el día en que ella notificó su regreso a México y a su casa en Cancún, el gobierno federal decidió retirar a los policías que custodiaban la propiedad.
Al dejarla desprotegida, unos sicarios allanaron la casa en su ausencia, envenenaron a sus perras y robaron el material relativo a una red de pederastia clerical, política y empresarial que Cacho está investigando.
Lydia Cacho es una de las personas más valientes que conozco. Una maestra generosa. Una mujer que vive por encima del miedo y es, ante todo, coherente.
Según Artículo 19, organización que trabaja en defensa del periodismo amenazado, 127 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. El número de reporteros amenazados, desplazados, secuestrados y torturados sigue en aumento. La impunidad es del 99 % en estos casos.
Mientras las cifras de inseguridad aumentan en México gracias a la ineficaz implementación de la nueva Guardia Nacional (que ha permitido que el narcotráfico se apodere de plazas que ya habían sido recuperadas) el gobierno federal ha decidido relegar la protección a periodistas a un segundo plano.
En entrevista con Carmen Aristegui, Cacho denunció la decisión del gobierno de eliminar todas las formas de protección al periodismo perseguido.