6 Junio 2019.
Foto: Semana.
Varios artículos polémicos del ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, están en el centro de las demandas que comienzan a presentarse ante la Corte Constitucional. El plan aprobado contempla inversiones que alcanzan la suma de $1.096 billones durante todo el gobierno del presidente Iván Duque.
Tomado de: Dinero.
A muchos empresarios de los sectores de confecciones y textiles no les cayó nada bien el Plan Nacional de Desarrollo, sancionado el pasado 25 de mayo por el presidente Iván Duque. Otros se quejaron de que se estaban incluyendo reformas en temas de salud o de pensiones, que no guardaban relación con lo que debe incluir un PND. Pero esas no son las únicas polémicas que desató la iniciativa ya que desde el momento de su aprobación en el Congreso, se hicieron sentir varias voces que empezaron a anunciar demandas de inconstitucionalidad y vicios en su trámite.
Precisamente, un grupo de congresistas de la oposición demandó este martes ante la Corte Constitucional varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente el 141 que subdividía el presupuesto de la Justicia Especial para la Paz (JEP)
También se demandaron los artículos 274 y 275, y parcialmente el artículo 235.En total cursan tres demandas en esta Corte contra el PND, radicadas el 28 de mayo de 2019.
Las demandas giran en torno, a la inconstitucionalidad por “no haber incluido el Plan Marco de Implementación frente al acuerdo de paz y otra serie de artículos que desde nuestro punto de vista son inconstitucionales”, explicó la senadora Victoria Sandino.
A estas se suman la que acaba de anunciar Juanita Göebertus, y una más que también anunciaron esta semana dos gremios de la producción: Analdex, que representa a los empresarios de comercio exterior y Fenalco, en representación de los comerciantes, que se oponen al aumento en los aranceles para la importación de textiles y confecciones.
Con seguridad estas son las primeras pero no las últimas que durante los próximos meses tendrán que analizar los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Quién tendrá la razón?