Con más interrogantes que respuestas concluyó la audiencia pública de Corte Constitucional

Vladimir Flores -Vladdo- Caricaturista y
periodista se presentó para compartir cuáles son los límites entre la opinión, la ilustración, la crítica y la difusión. «¿Quién pinta la raya? ¿Qué es pasarse de la raya? ¿Un general, un presidente un cardenal? Creo que hay un límite muy claro y es el código penal».

«Muchos dueños de su propio buen nombre son los que mancillan su nombre y la ofensa es relativa, lo que puede ser ofensivo para unos puede ser maravilloso para otros».

Carolina Botero Cabrera, directora del Grupo Derecho,
Internet y Sociedad de la Fundación Karisma, abogó por el rol de las audiencias. «¿Cuánto control tienen esas audiencias sobre lo que se dice?», cuestionó. Según la analista, existen diferentes tipo de audiencia y la preocupación sobre el uso de internet para la expresión no es una preocupación solo de los jueces. «Los problemas ameritan pensar en una regulación».

Opina Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa destaca que es vital que internet no sea visto como algo tóxico para la democracia y asegura que «los límites de la libertad de expresión no depende del sentir de los afectados».

«Hago dos llamados: esta es una buena acumulación de casos para organizar criterios existentes. Hay que velar por discursos protegidos y plantear criterios a los operadores judiciales para que demuestren el daño y no lo presuman».

«Para proteger Internet es fundamental respetar o garantizar la figura del anonimato. El anonimato no es un chiste es una garantía esencial. Hay que garantizar la estructura de internet. Para que la libertad de expresión siga teniendo sentido en internet.  Lo que se protege offline se protege online», argumenta la exrelatora.

«El instrumento más importante que tienen los usuarios es Internet. Los reclamos se permiten lo que no se puede permitir es el exceso que tampoco está permitido offline».

¿Cómo prevenir y mitigar los daños ilícitos que se puedan provocar? esa la cuestión central para Catalina Botero. «No hay respuestas tranquilizadoras, no hay una respuesta a de sí o no al insulto».

Según la ex relatora, hay criterios para proteger Internet y las garantías de la libertad de expresión. «Los intermediarios de Internet no pueden ser responsabilizados sino exclusivamente cuando haya una orden judicial», expresa.

Para Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión en la CIDH, «Internet es probablemente el instrumento democratizador más importante. Si no partimos de ahí y no entendemos que Internet ha permitido que millones de personas puedan participar en la conversación política, no nos vamos a poder hacer la ponderación adecuada».

«Quiero dejar constancia que aún dentro de las categorías que podemos denominar como contenido ilegítimo no hay consenso a nivel internacional para encontrar la forma más adecuada para no afectar la libertad de expresión», finalizó Lanza.

El actual relator dio paso a Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión en la CIDH.

Para Lanza, el exigir un ‘condicionamiento previo’ no está alineado con los estándares de la libertad de expresión en el mundo. «Tenemos decenas de activistas sociales y periodistas detenidos por ser identificados por gobiernos autoritarios en redes sociales. La regla general de mantener el anonimato ha sido clave y llamó a esta corte a mantenerla»

«Sí se debe perseguir la suplantación de identidad maliciosa», expresa Lanza.

Interviene Edison Lanza, relator especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).

«Las redes sociales son el medio de comunicación que más ha cambiado, desde la imprenta de Gutenberg, la información y la forma en que nos informamos. ha permitido burlar la censura en gobiernos totalitarios, ha expandido el derecho a la asociación, a la propuesta, a la educación».

La Corte Constitucional dividió la agenda del día en 3 ejes temáticos de la discusión con la participación de expertos en libertad de expresión, periodistas, académicos, expertos abogados, entre otros.

«Es lo mismo un irrespeto en físico que através de una herramienta digital. Hay que abordar caso a caso, la medicación digital no marca diferencias en el tratamiento de delitos», expresó el viceministro y agregó:  «Hay que buscar la autorregulación y códigos de buenas conductas para el uso responsable. El respeto y el goce de los derecho no son de la tecnología sino de las personas».

Se pronuncia Iván Mantilla Gaviria, viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

«Tenemos el mandato de cerrar la brecha digital en Colombia», mencionó el viceministro e hizo énfasis en la necesidad de la neutralidad de la red para que todos los contenidos en internet no sean discriminados y tratados de forma desigual.

» En internet, los derechos existen, no desaparencen. No necesitamos tecnofobia ni tecnodevoción sino tecnoreflexión» Para Remolina la audiencia es una oportunidad para pronunciarse sobre la libertad y los derechos humanos en tiempos de internet.

Según Remolina, en 9 años la SIC ha recibido 42.700 solicitudes de reclamación por datos.

«El dato como la moneda de la economía digital, los datos como columna vertebral de los modelos de negocios, los datos como parte de la identidad de la sociedad. En eso estamos y es importante no perder esto de vista. (…) El 87 por ciento de las quejas es porque la gente cuestiona la veracidad de la calidad de información en bases de datos».

Nelson Remolina, superintendente delegado de protección de datos, asegura que Internet genera efectos masivos o dominó y delitos como la injuria y la calumnia, o la desinformación, son vistos por miles de personas. «Los lectores no saben si lo que se está difundiendo es veraz o parcial. Los datos son muy relevantes. Son la moneda del oro del siglo xvi y esto hace que exista mucho apetito».

Según la representante, la defensoría «comprende la gran complejidad y le pide que exhorte a la escuela judicial para entender la vigencia de los derechos humanos en los entornos tecnológicos». Robledo agregó: «No puede perderse de vista que las plataformas no son espacios judiciales, otorgan la posibilidad real para hacer un contrapeso a los regímenes autoritarios».

Se pronuncia Paula Robledo, defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo

«La defensoría observa con mucha preocupación iniciativas legislativas que pone en manos de proveedores el reporte de denuncias para tomar acciones. En cada caso al juez le corresponde identificar qué tipo de información está juzgando: una opinión o información».

«Excesos en las redes pueden ser objeto de tratamiento a través de la acción penal». Fiscal aboga por colaboración de las plataformas para conocer la identidad de esas personas.

«Digamos que en la Fiscalia, y es mi respuesta a los tutelantes, no estábamos preparados para tipificar las conductas. Por eso voy pedir que desde la Fiscalia se expida una directiva con destino a los fiscales delegados y para ilustración de la opinión en la que se establezca cómo estos excesos constituyen un desafío».

«Mucho lamento que los señores tutelantes que han tenido que llegar a esta instancia, hayan dicho que la jurisdicción ordinaria no les dio cabida a sus acciones». Para el fiscal, hay situaciones claras en redes sociales que muestran injuria.

«Llegando a extremos muy sofisticados de usar imágenes comprometedoras falsas o recrear la voz de los servidores y hombres públicos a través de software pero con contenidos que no corresponden a la verdad», expresó.

El fiscal general Nestor Humberto Martínez explica que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto cuando entra en tensión con otros derechos fundamentales. «Hay una limitación en la expresión que circula por estas autopistas de la comunicación contemporánea, las mismas no pueden servir como instrumento de apología al delito. No pueden servir para delinquir. Por supuesto, el tratamiento de estos asuntos no puede ser de una respuesta de criminalización»

«No se trata de eliminar La redes sino buscar educación y ciudadanía digital. Todo eso va a marcar el contenido y la proyección de la libertad. La capacidad de hacer una lectura crítica es esencial»

Hasta ahora, según Carillo, la rectificación ha sido considerada como la forma menos gravosa para la libertad de expresión para tomar medidas ante disputas de derechos fundamentales.

«Lo más grave es como los ciudadanos pueden sentirse vulnerables y desprotegidos ante las redes sociales».

Procurador cita ejemplos de nuevos marcos regulatorios, con elementos de extraterritorialidad, como el estricto marco europeo de privacidad. También menciona escándalos como el de Cambridge Analytica.

Se pronuncia Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación. «Las transformaciones obligan a reimaginarnos lo que viene en adelante como sociedad. Se produce en una gran tensión. La reacción a esta audiencia y la euforia de esta generación por la tecnología en las nuevas generaciones es proporcional a la fobia que mantienen generaciones anteriores. Es una tensión a considerar».

Magistrados de la corte indagan: ¿Quién fija las políticas de contenido? Se fijan localmente o a nivel global?.

Facebook: «las políticas están diseñadas para un ambiente global. Por supuesto que se tienen en cuenta las legislaciones de cada país»

Google: «Las normas también son realizadas a nivel global. Sin embargo en cada jurisdicción puede haber diferencias de lo que se considera o no apropiado. Siempre se ha acudido a los llamados nacionales».

Magistrados indagan sobre sistemas de detección de contenidos que infringen las normas.

Redes sociales aseguran que hay contenido que no necesitan ser analizados en un contexto, como el contenido sexual explícito y la explotación de menores, hay medidas inmediatas para su remoción.

«El pleno ejercicio de la libertad de expresión es el núcleo de Facebook», expresa Luis Alfredo Barragán y asegura que el usuario es responsable de sus contenidos.

«Un intermediario como Facebook no debe ser quien determine la verdad (…)
El control previo al contenido es contrario al derecho a la libertad de expresión, según lo ha establecido la misma Corte».

«Facebook es un servicio en línea gratuita utilizado por más de 2.300 millones de personas. Permite e desarrollar negocios, compartir y expresarse y refleja la diversidad de una sociedad. Es de suma importancia que sea un lugar donde las personas se sientan confiadas y seguras de compartir sus opiniones». El representante de Facebook asegura que las normas comunitarias describen lo que está y no está permitido en la plataforma y son claras reglas de etiqueta para  la comunidad.

Luis Alfredo Barragán en representación de Facebook se presenta en la audiencia y agradece a la corte y los presentes la oportunidad de explicar la naturaleza de la red.

Según el representante de Google asegura que el debate debe centrarse en que el anonimato tiene una garantía legal en nuestro país. «Aclaramos que los contenidos anónimos se aplican las mismas reglas: si un juez determina que es ilegal y proporciona la URL, Google lo debe retirar».

«Un mecanismo que obligue a Google a retirar contenidos implicaría una violación al principio de la neutralidad de la red. Los derechos de los usuarios de Internet se resuelven de manera eficaz con el recurso de tutela», Lorenzo Villegas Carrasquilla, representante de Google
LLC.

Villegas Carrasquilla, representante de Google expresa tres puntos fundamentales:

1. Los administradores de plataformas no deben ser responsables de contenidos de terceros. 2. Google tiene políticas para darle trámite a los reclamos.
3. Google actúa como un administrador de plataformas digitales. Se limita a proveer herramientas para que usuarios creen su contenido y compartan.

Lorenzo Villegas Carrasquilla, representante de Google
LLC se presenta en la audiencia y menciona que casos de estudio de la Corte involucran a plataformas como YouTube y Blogger.

«Las redes sociales deben ser un lugar para difamación, la grosería y descontextualización», Ricardo Antonio Gómez Durán. Concluye su intervención diciendo: «Los efectos nocivos que este tipo e ataques le genera a la ciudadanía debe ser protegido a través de la tutela».

Representante de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, Ricardo Antonio Gómez Durán, cita limitaciones a libertad de expresión que existen en la legislación colombiana ante «potencial de cambiar la realidad y afectar a la vida de una persona».

«La publicación en Facebook goza de protección pero también de limitaciones», indica Gómez.

Rinde testimonio Rafael Manjarrez Mendoza accionante, quien se defiende de acusaciones de injuria en su contra y acudió a tutela.

Responde Rafael Guillermo Ricardo Barrios, accionado en tutela, ha publicado en redes sociales mensajes en los que tacha de ‘ratero, mafioso y corrupto’ a Rafael Manjarrez, de Sayco, y argumenta que tiene pruebas para demostrar la veracidad de sus publicaciones.

Acusadas defienden sus publicaciones.

Accionada Ángela Patricia Ariza habla de su caso con Silvia Amaya, a quien acusa de supuesto fraude. Defiende sus publicaciones de denuncia contra la mujer que interpuso recurso de tutela y pide que no se reverse decisión a su favor.

Accionada Jennifer Durán también acusa de fraude y robo a Silvia Amaya, quien acudió a recurso de tutela para pedir la eliminación de publicaciones en redes sociales contra su derecho fundamental a la honra y el buen nombre.

Audiencia sobre libertad de expresión en el uso de redes sociales inicia formalmente.