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El exalcalde Samuel Moreno, ocho exfuncionarios del IDU y 17 sociedades tendrán que responder solidariamente por uno de los mayores detrimentos en la historia de la ciudad. Pagarán $175.000 millones.
Por: Redacción Bogotá
La Contraloría General de la República ratificó este martes un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Samuel Moreno; los exdirectores del IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez; el exsubdirector Jurídico de la entidad, Inocencio Meléndez; los Nule(Manuel, Guido y Manuel Nule), y otros contratistas, quienes tendrán que pagar con su dinero los sobrecostos en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)
Pese a los recursos de apelación interpuestos en contra del fallo, proferido en noviembre pasado, la determinación fue confirmada por la contralora Ad-hoc, Gloria Amparo Alonso, quien corroboró las irregularidades que se cometieron en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. Según el ente de control, lo que perdió la Administración por los actos de corrupción durante el conocido carrusel de la contratación y los sobrecostos que rodearon la obra alcanzaron los $175.000 millones. (Lea: ¿Cuánto deben pagar los responsables del desfalco en la construcción de Transmilenio por la calle 26?)
Los que tendrán que pagar la cuota más alta son Liliana Pardo, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exdirector jurídico; Carmen Lopera, exdirectora técnica de construcciones, y Aldemar Cortés, exsubdirector técnico de obras. A cada uno le corresponde pagar $11.305 millones. Después está el exalcalde Samuel Moreno, con un monto de $11.088 millones. Los primos Nule (Guido, Manuel y Miguel) tendrán que pagar cada uno $462 millones.
En el proceso, el ente de control estableció seis situaciones en las que hubo sobrecostos y sus responsables. El mayor detrimento fue a través de una maniobra: pese a que la obra completa costaba $315.580 millones, la Administración autorizó excluir trabajos por $55.450 millones (que igual pagaron) y después hizo tres adiciones al contrato por $107.505 millones. Todas sin justificación.
A esto se sumaron sobrecostos en la actualización de diseños para construir el puente vehicular de la calle 26 sobre la Avenida Boyacá($1.087 millones), el pago de factores de contingencia para gastos administrativos y mano de obra, y, debido a los retrasos, el pago adicional a los interventores ($7.097 millones).
El fallo de primera instancia lo emitió Caroline Urrego, contralora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, quien determinó que el exalcalde Samuel Moreno, ocho exfuncionarios del IDU y 17 sociedades tendrán que responder solidariamente por uno de los mayores detrimentos en la historia de la ciudad.
Tomado de: elespectador.com