La FLIP rechaza las intimidaciones de las que ha sido víctima el periodista en medio del proceso judicial en contra del ex gobernador de la Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez.
El martes 24 de enero una fuente que vio hechos de primera mano en la cárcel Picota de Bogotá le informó a Guillén que ‘Kiko’ Gómez había dado la orden de asesinarlo. Según la fuente, la instrucción del exgobernador de la Guajira incluía también acabar con la vida de los fiscales que hicieron parte del proceso en el que él fue condenado a 55 años de prisión por ser el autor intelectual de los homicidios de Yandra Brito, su esposo y su guardaespaldas.
Esta no es la primera amenaza que recibe Guillén en medio del proceso judicial que enfrenta Gómez y en el que el periodista, además de haber hecho investigaciones, participa como testigo. Desde 2013 la FLIP ha registrado más de 10 agresiones contra el reportero:
- Durante el 2013, Guillén tuvo que exiliarse en dos ocasiones junto a otros defensores de derechos humanos por las constantes intimidaciones.
- En 2014, el periodista fue víctima de seguimientos y a través de su hijo le hicieron llegar una amenaza.
- En 2015 los hostigamientos continuaron y Guillén se enteró de que Gómez habría reunido a sus hombres de confianza para ofrecerles una alta suma de dinero por asesinar al periodista.
- 2016 fue el año en el que la FLIP registró la mayor cantidad de hostigamientos contra Guillén. En tres oportunidades el reportero recibió información a través de terceros de que “Kiko” Gómez había ordenado su asesinato. El periodista, además, recibió dos amenazas de muerte a través de redes sociales y en una ocasión sus escoltas evitaron un ataque directo en un centro comercial.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de Guillén y exige al INPEC, como autoridad a cargo del cumplimiento de la condena de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, que fortalezcan las medidas de seguridad con el fin de evitar que se gesten acciones criminales desde la prisión contra el periodista. Cualquier acto de permisividad por parte de autoridades carcelarias puede representar un riesgo para la vida de los reporteros, testigos y fiscales que hicieron parte del proceso en el que el exgobernador fue condenado.
Teniendo en cuenta la capacidad de daño que aún ostentan los agresores y las constantes amenazas que ha recibido el reportero, la FLIP ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca su esquema de seguridad con el fin de preservar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que proporcione resultados contundentes en las investigaciones para condenar a los responsables de las amenazas. La impunidad en estos casos se convierte en un factor de riesgo adicional para los afectados.