Seis de 20 países de la región (un 30%) alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido
«Es el negociazo, yo tengo los pacientes, no sabes la cantidad de plata que vamos a ganar», se escucha decir a un importante asesor (y médico personal) del presidente del Perú en un audio que se conoció a comienzos de octubre. El negocio en cuestión es una clínica privada destinada a beneficiarse de la tercerización de servicios públicos de salud, donde el asesor compromete aranceles altos y demorar indefinidamente la reparación de equipos médicos de hospitales públicos cercanos. La retribución que espera incluye que su hija, de 23 años, encabece la unidad de odontología. «Una idea muy particular de cómo ayudar a la salud de los pobres», concluye la periodista luego de presentar la grabación en horario estelar de la televisión peruana.
Es un mal momento para América Latina en materia de corrupción. En la última medición del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, seis de 20 países de la región (un 30%) alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido, comparado con solo un 9% de los países del resto del mundo que obtienen su peor evaluación.
Los casos Petrobras en Brasil; Casa Blanca en México; La Línea en Guatemala; Instituto de Seguridad Social en Honduras; Caval, Penta y SQM en Chile y el Negociazo en Perú, entre otros, han puesto el tema de las políticas anticorrupción en el centro de la agenda de la región.
Varios factores explican por qué la tolerancia a la corrupción es menor que nunca antes: una clase media más numerosa y empoderada, redes sociales que facilitan organizar protestas masivas, celulares que transforman a cada manifestante en un potencial denunciante de abusos policiales y detalles de los escándalos (videos, correos electrónicos y audios como el descrito al comienzo de esta columna) que provocan mucho más indignación que los casos de antaño.
El primer desafío que plantean los escándalos de corrupción es que los casos se investiguen y los involucrados asuman sus responsabilidades, tanto legales como políticas. El desafío es mayor ya que históricamente ha sucedido poco y nada en esta materia.
El grado de autonomía del poder judicial es un factor importante para entender diferencias en el grado de accountability de los involucrados en escándalos de corrupción en distintos países. Nuevas generaciones de fiscales, mejor preparados y más efectivos gracias a reformas recientes de los sistemas procesales penales, explican por qué en Brasil y Chile la justicia ha jugado un rol importante y nunca antes visto investigando y llevando a la justicia a los responsables. Esto contrasta con países como Argentina, México y Venezuela, donde la falta de autonomía del poder judicial explica una percepción generalizada de impunidad.
En el caso de Guatemala, en cambio, las debilidades del sistema judicial fueron subsanadas «importando» institucionalidad a través de una comisión internacional de juristas bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta comisión colaboró con la Fiscalía Nacional y la policía para procesar a los inculpados en el fraude aduanero conocido como La Línea. Como resultado de este trabajo conjunto y de una impresionante movilización social, el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta se vieron obligados a renunciar el año pasado y están siendo procesado junto a decenas de miembros de la red de corrupción que encabezaban.