Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro manifestaron frente a Conatel, en apoyo a la medida contra CNN en Español, Caracas, Venezuela, 16 de febrero de 2017. CreditFederico Parra/Agence France-Presse — Getty Images
Miembros de la prensa, activistas y figuras de la oposición venezolana se movilizaron el jueves para condenar la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, emitida el miércoles, de suspender las transmisiones del canal de noticias CNN en Español. La sanción en contra de CNN generó acusaciones de censura y aumentó las tensiones en medio de la crisis económica y política que vive Venezuela.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó de “ilegal y arbitraria” la sanción del gobierno contra CNN y exhortó a que se derogara la medida “que burla las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, advirtió en su programa de radio que ante la salida del aire de la cadena informativa esperaba “un recrudecimiento de la violencia” por parte del gobierno: “¿Cuánto silencio necesita una dictadura para no sentir el rechazo de los ciudadanos? Podrá imponer el silencio, pero el rechazo está allí, creciendo y expresando lo que es el deseo de libertad de un pueblo”.
Las transmisiones de noticias CNN en Español fueron suspendidas 10 días después de que el canal presentara un especial titulado “Pasaportes en la sombra”, un trabajo de investigación que denuncia una serie de irregularidades supuestamente cometidas en la embajada de Venezuela en Bagdad, Irak, relacionados con la venta de pasaportes y visas venezolanas a ciudadanos del Medio Oriente que tendrían lazos con Hezbollah. El reportaje vincula al actual vicepresidente Tareck el Aissami con el negocio de los pasaportes.
El miércoles la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó en su portal web un documento en el que acusa a CNN en Español de transmitir contenidos “que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima intolerancia”.
No es la primera vez que el gobierno venezolano ataca o implementa medidas contra medios que lo critican. El 27 de mayo de 2007 no se renovó la concesión de Radio Caracas Televisión, medida gubernamental que implicó el cierre de esa televisora, cuyos bienes fueron incautados por el Estado venezolano. En febrero de 2014 la señal del canal colombiano NTN24 también fue suspendida.
Entre 2013 y 2016 cerraron al menos 22 periódicos en todo el país debido a dificultades técnicas como la escasez de papel, cuya asignación es controlada por el gobierno. Espacio Público, una organización dedicada al monitoreo y análisis de medios, contabilizó 366 violaciones a la libertad de expresión en 2016, lo que representa un incremento del 28 por ciento con respecto a 2015. Esta ONG también ha registrado las detenciones y deportaciones de al menos 10 periodistas de medios internacionales como Al Jazeera, NPR, Washington Post, Le Monde, Miami Herald y Radio y Televisión Española, entre otros.
Otro elemento que complejiza la situación informativa en Venezuela es la reiterada denuncia de compras de medios de comunicación por parte de sectores cercanos al gobierno. Diarios como El Universal, Últimas Noticias y El Mundo, así como el canal de noticias Globovisión, han cambiado sus líneas editoriales suavizando las críticas a la gestión gubernamental y cerrando sus espacios a las denuncias ciudadanas.
Henrique Capriles, líder opositor y gobernador del estado Miranda, escribió en su cuenta de Twitter: “Impidiendo que la gente vea @CNNEE ¿Se acabará el hambre? ¿Bajará la inflación? ¿Menos homicidios? ¡Cada venezolano sea mensajero de la verdad!”.
El jueves la líder opositora María Corina Machado acompañó a los representantes de los gremios de periodistas a entregar un comunicado en Conatel en rechazo a la medida. “Con esta acción del régimen de Nicolás Maduro, a cualquier venezolano que tenía alguna duda sobre la veracidad de estas gravísimas denuncias e investigaciones (de CNN) pues esa duda se erradica”, declaró Machado.
Entre conspiraciones y censura
El 10 de febrero, el senador republicano por Florida Marco Rubio presentó la investigación emitida por CNN en el Senado de Estados Unidos y dijo que la supuesta venta de pasaportes y documentos de viaje por parte de una embajada de Venezuela “a individuos vinculados con el terrorismo representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”. Rubio comentó que el reportaje mostraba explícitamente la vinculación de El Aissami con el otorgamiento de 173 pasaportes y cédulas a ciudadanos de Medio Oriente, por lo que esperaba que el Departamento de Estado tomara cartas en el asunto.
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar y el domingo pasado, durante un acto público por el Día de la Juventud, el presidente Maduro declaró: “CNN que no meta su nariz en Venezuela, yo quiero a CNN bien lejos de aquí, fuera CNN de Venezuela, los asuntos de los venezolanos son nuestros y debemos resolverlos nosotros”.
Un día después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.
Andrés Cañizalez, experto en ciencias políticas e investigador en medios de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que la medida de Conatel está lejos ser una medida cautelar: “Conatel hace una interpretación de la Constitución que genera censura porque sin que todavía exista un proceso administrativo se saca del aire a CNN”.
Cañizalez advierte que en Venezuela la audiencia está muy desprotegida, por lo que piensa que los ciudadanos deben manifestarse para mostrar su descontento. “Sin embargo, Conatel opera más como un órgano político e ideológico que técnico, por lo que tengo serias dudas de que los reclamos de la ciudadanía puedan ser escuchados”.
La canciller Delcy Rodríguez no dudó en relacionar a CNN con una conspiración para desacreditar al país debido a la presentación que Rubio hizo de la investigación y declaró: “Sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales”.
CNN ha respondido a los señalamientos y la sanción del gobierno venezolano diciendo que continuarán informando sobre la situación del país y ofrecerán de manera gratuita su señal en YouTube. A través de un comunicado la cadena aclaró que “una cosa son las sanciones por narcotráfico de las autoridades estadounidenses y otra son las denuncias presentadas en nuestra investigación sobre irregularidades en documentos venezolanos”. CNN sostiene que no están vinculadas de ninguna manera.
Antonio Pasquali, teórico de la comunicación con más de 50 años de experiencia, dice que en los últimos siete días el gobierno venezolano ha tomado medidas que afectan el derecho a la libertad de expresión: “Vamos hacia una radiotelevisión donde solo habrá la voz del amo y la ataraxia de los autocensurados”.
Cañizalez comenta que esta sanción se produjo en medio de “una cotidianidad restrictiva para la libertad de expresión” por lo que es probable que tenga mucha más repercusión internacional que adentro del país: “Es un hecho grave, sin duda, pero en Venezuela vivimos las restricciones a la libertad de expresión a diario”.
El investigador cree que la influencia de CNN podría catalizar otras reacciones: “Quizá eso termine desencadenando una importante condena internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro”.