Foto: Presidencia de la República – Daniel Muñoz / EFE.
Mientras el presidente Iván Duque le pidió este jueves a la Corte Constitucional permitir el uso del glifosato para fumigar los cultivos ilícitos, con precauciones, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que se debe insistir en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y añadió que “a los campesinos hay que darles alternativas, no envenenarlos”.
Tomado de: El Tiempo.
Esa diferencia de opiniones se presentó este jueves en medio de la audiencia que el alto tribunal convocó para conocer las voces a favor y en contra del polémico herbicida.
El presidente Duque afirmó que el Gobierno ha revisado cómo cumplir las seis condiciones que impuso la Corte, pero insistió en que se debe modular la sentencia para “fortalecer el orden público”. Así, dijo, el debate no se debe hacer sobre el glifosato, sino sobre “la amenaza y riesgos que afronta el país por cuenta del crecimiento vertiginoso de cultivos ilícitos”, que entre 2013 y 2018 crecieron un 64 por ciento al año, para un área superior a las 171.000 hectáreas.
Su posición fue respaldada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien dijo que el glifosato “es una alternativa eficiente”, y el general Jorge Luis Ramírez, director Antinarcóticos, quien señaló que otras medidas como el vehículo táctico de aspersión y el equipo teledirigido no son eficaces.
Al contrario de lo que considera Duque, el expresidente Santos le dijo a la Corte que el aumento de cultivos ilegales no está relacionado con la suspensión de las aspersiones, sino con la resiembra, que en promedio ha sido superior al 60 por ciento.
En ese mismo sentido se manifestó el viceprocurador Carlos Cortés, quien dijo que la sustitución voluntaria es el mejor camino y añadió que los requisitos que puso la Corte garantizan los derechos humanos de las comunidades.
El expresidente César Gaviria acompañó la posición de Santos y dijo que el glifosato “es la medida más ineficiente y costosa que existe”.
El país requiere todas las herramientas’: Duque
Carlos Ortega / EL TIEMPO
El presidente Iván Duque insistió ante la Corte Constitucional en que “no se pueden limitar las herramientas” para combatir los cultivos ilegales, porque su crecimiento “puede afectar la capacidad del Estado de proteger la integridad territorial (…), el crecimiento exponencial del cultivos amenaza la paz del país”.
Dijo que no pretende defender ningún herbicida “ni minimizar ningún riesgo”, pero insistió en que las herramientas se pueden usar de una forma adecuada, sin afectar la salud, el medioambiente, la legalidad y a las comunidades.
Aseguró que la baja cifra de 60.000 hectáreas con coca en el 2012 se logró con el uso de varias herramientas, “entre las que estaba la aspersión aérea”. Aseguró que mientras los grupos manuales pueden erradicar entre 2 y 3 hectáreas por día, la fumigación logra afectar 150 hectáreas diarias. “Y la erradicación manual es 2,65 veces más costosa que la aérea”, afirmó.
Según Duque, en el anterior gobierno se desmontaron las herramientas para combatir las drogas, porque, además de dejar de fumigar, se pasó de tener 200 grupos de erradicadores a 23, y se crearon “incentivos perversos” al ofrecer “dinero de manera indeterminada por la sustitución”.
Otro argumento es que si la preocupación por el glifosato es por sus daños ambientales, hay que ver que 4,1 millones de litros de ácido sulfúrico llegan a la selva húmeda por la producción de cocaína.
Su ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que si no se frena el crecimiento de narcocultivos, en el 2022 el país tendrá 290.000 hectáreas de coca.
‘La clave del éxito está en la sustitución’: Santos
Carlos Ortega / EL TIEMPO
El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que en medio siglo no se ha logrado ganar la guerra contra el narcotráfico, pues mientras haya consumo habrá mafias que se lucren de esas rentas ilícitas.
Santos, quien insistió en “un consumo debidamente legalizado”, aseguró que en su gobierno buscó cambiar el enfoque punitivo por uno de salud pública y derechos humanos. Dijo que no se puede afirmar que la suspensión de la fumigación incrementa los cultivos ilegales y la producción de cocaína.
Argumentó esto diciendo que “el 2006 y 2007 fueron los años de mayor aspersión en la historia –con 172.000 y 153.000 hectáreas, respectivamente–, pero en esos dos años la producción se incrementó”. Así mismo, anotó que entre el 2008 y el 2013 la aspersión bajó, y la producción en lugar de subir bajó también. Dijo que el 2013 fue el de más baja producción de todo este siglo.
Santos afirmó que el glifosato es un mecanismo “con resultados poco efectivos” e insistió en que “la clave del éxito” está en la sustitución voluntaria –programa que suspendió Duque en noviembre–.
Destacó que con ese programa, según la ONU, se han logrado erradicar 32.000 hectáreas, y la resiembra solo ha sido del 0,6 %, mientras que en la fumigación y la erradicación forzada el mayor enemigo es la resiembra, pues llega al 60 %. “Ahí está la clave del éxito, señores magistrados, señores del Gobierno, ahí está, señores de los EE. UU.: darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos ni meterlos a la cárcel”, dijo Santos.
‘El glifosato preserva vidas’: fiscal Martínez
El Fiscal Néstor Humberto Martínez con el presidente Iván Duque.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que un país con 200.000 hectáreas sembradas con coca, como Colombia, no es viable porque el narcotráfico “nos está expropiando los dividendos de la paz”.
El Fiscal agregó que la única manera de reducir los cultivos de coca que había en 1999, con 150.000 hectáreas sembradas, fue con el Plan Colombia y el glifosato. Insistió en que el herbicida es “una alternativa eficiente, porque en el 89 por ciento de los casos extingue la planta, y preserva vidas humanas, pues evita ataques contra los erradicadores”.
Martínez también aseguró que hay que frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos, porque los homicidios están creciendo un 30 por ciento en las zonas que dejaron las Farc, por la pelea de los grupos ilegales por esos territorios.
Además, señaló que del 55 por ciento de los crímenes de líderes sociales que están esclarecidos, la mitad están asociados con problemas de drogas.
‘Requisitos no son una traba’: Viceprocurador
Carlos Cortés, viceprocurador general.
El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, aseguró que “la mejor manera de atacar el crecimiento de área sembrada con coca es la sustitución voluntaria”, medida que debe estar acompañada de inversión social.
Para Cortés, los requisitos que la Corte Constitucional puso en el 2017 para volver a la fumigación aérea no son una traba en la lucha contra las drogas, sino “una garantía institucional, para que su uso se adecúe a los preceptos constitucionales”.
El Viceprocurador aseguró que el glifosato no es la única estrategia ni la más determinante para enfrentar el problema de narcocultivos, y señaló que si el Gobierno vuelve a ese método debería definirse una instancia que pueda vigilar las aspersiones, como Naciones Unidas, así como mejorar los mecanismos de participación ciudadana, e implementar un programa efectivo para recibir quejas de comunidades que se vean afectadas e ir evaluando el uso del herbicida.
Comunidades afectadas denuncian abandono del Estado
El personero de Nóvita, Chocó, Jarrison Gómez
El personero de Nóvita, Chocó, Jarrison Gómez, quien presentó la tutela que llevó a la Corte a establecer estrictos requisitos para volver a usar glifosato, dijo que no son un secreto las afectaciones que ese químico ha tenido sobre su comunidad.
Según Gómez, las presiones por las que el campesino termina cultivando coca se dan “por la desprotección del Estado” y citó como ejemplo que Nóvita ni siquiera tiene un centro médico. A Gómez lo respaldó un representante indígena que dijo que cultivar coca no es su identidad, pero que terminaron haciéndolo por “el abandono estatal”.
Mientras el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió a la Corte permitir la fumigación con helicópteros, los gobernadores de Nariño, Camilo Romero, y de Putumayo, Sorrel Aroca, pidieron otras medidas.
Romero dijo que volver al glifosato “desencadenaría una crisis social”, y Aroca, que el Gobierno debe seguir con la sustitución y cumplirles a 23.000 familias de su región que esperan que “los acuerdos productivos los saquen de la economía ilícita”.