22 Mayo 2019.
Foto: Leonardo Muñoz/EPA vía Shutterstock.
El ejército de Colombia ha anulado el martes parte de una política contenciosa para intensificar los ataques en el país, al decir que cambiaría los formatos en los que solicitó a sus oficiales que anotaran la cantidad de rebeldes y criminales que planean matar, capturar u obligar a rendirse en batalla.
Tomado de: The New York Times en Español.
El cambio sucedió apenas días después de que The New York Times revelara las nuevas órdenes del ejército donde se instruía a los altos comandantes a “doblar los resultados” de sus operaciones de combate contra organizaciones guerrilleras, paramilitares y criminales en Colombia.
Las órdenes habían perturbado a algunos altos oficiales del ejército, quienes dijeron que la intensa presión para llevar a cabo los ataques aumentaba el riesgo de bajas civiles y ya había llevado a muertes sospechosas a cargo de soldados muy predispuestos a cumplirlas.
A mediados de la década de los 2000 en Colombia se asesinó de manera ilegal a aproximadamente cinco mil civiles después de que los mandos superiores presionaron a los soldados para que aumentaran los ataques a los guerrilleros combatientes durante la guerra civil.
Se supo que muchos soldados habían matado a campesinos inocentes durante ese periodo para aumentar sus cifras e incluso vestían a las víctimas civiles con los uniformes de los rebeldes y sembraban armas cerca de los cuerpos para que lucieran como combatientes enemigos.
Hace dos años el gobierno colombiano logró un acuerdo de paz con el grupo rebelde más grande del país –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o Farc– en un esfuerzo por acabar con décadas de conflicto.
Pero la paz ha sido esquiva. Muchos colombianos se opusieron al acuerdo de paz, pues consideraban que era demasiado blando con los rebeldes. Algunos grupos armados jamás estuvieron de acuerdo con el pacto mientras que muchas antiguas guerrillas han retomado las armas.
Después de la firma del acuerdo un nuevo gobierno tomó el poder y a principio de este año se reunió a los generales y coroneles para que firmaran un compromiso por escrito para intensificar los ataques otra vez.
Luego de la investigación del Times, el mayor general Nicacio Martínez Espinel, el comandante del ejército con más alto rango, le dijo al periódico colombiano El Tiempo que retiraría la orden.
Después, el martes, una vocera del ejército dijo que el compromiso estaría “sujeto a algunas modificaciones” debido a “posibles interpretaciones incorrectas” entre quienes no pertenecían a las fuerzas armadas. No especificó cuáles serían esos cambios.
El general Martínez Espinel, en una entrevista con el Times la semana pasada, reconoció que había emitido órdenes por escrito a los oficiales para que “duplicaran los resultados” debido a la amenaza creciente de los grupos paramilitares y guerrilleros en el país.
Sin embargo, cuestionó la manera en la que los oficiales que hablaron con el Times habían interpretado las instrucciones establecidas en el formulario y alegó que los comandantes solo necesitaban prometer que serían “efectivos operacionalmente”.
El lunes, el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dio a conocer los resultados de operativos recientes que indican que ha habido un aumento del 33 por ciento en los operativos en general desde mediados de diciembre y un aumento del 124 por ciento en los enfrentamientos armados.
Entre el 11 de diciembre y el 18 de mayo hubo 67 decesos, un aumento del seis por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior; la cantidad de arrestos se incrementó un 132 por ciento, para llegar a 1713 detenciones este año.
Aunque la orden de aumentar las capturas, asesinatos y rendiciones quedó anulada, el ministro de Defensa indicó que no había cambios en otras órdenes clave, que también habían preocupado a los oficiales.
Un orden que al parecer todavía está en vigor instruye a los oficiales a no “exigir la perfección” al ejecutar los ataques, incluso si hay dudas considerables respecto a los objetivos sobre los que se despliegan.
“Hay que lanzar operaciones con un 60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”, dice la orden militar.
Las órdenes, que aparecieron este año, ya dieron lugar a asesinatos sospechos y encubrimientos, según oficiales entrevistados por el Times.
Fiscales colombianos siguen investigando al ejército colombiano por la serie de asesinatos ilegales de los años 2000, que se conocen como “falsos positivos”.
Al menos 1176 miembros de las fuerzas de seguridad han sido sentenciados por delitos relacionados con los asesinatos ilegales, según el gobierno.
En una entrevista que se publicó el lunes en El Tiempo, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no sabía del formulario de la orden, pero que tenía una “directriz de cero tolerancia a la violación de derechos humanos” por parte de algún miembro de la fuerza pública.
Duque dijo que respaldaba al general Martínez Espinel, quien, apuntó, tiene una carrera de amplio reconocimiento.
El presidente Duque agregó: “No tolero y no toleraré por parte de ningún miembro de las fuerzas militares ninguna conducta violatoria de la constitución y la ley”.