Por: Cecilia Orozco Tascón
A uno se le ocurre que lo primero que hace un investigador después de obtener el testimonio del coautor de unos delitos en que este avienta a otros para salvarse de castigos severos, es constatar la autenticidad de sus afirmaciones. Lo segundo, es penetrar, siquiera unos centímetros, las razones que mueven al declarante a denunciar a algunas personas con nombre propio, además de la obvia rebaja de penas que pretende. No hay tanta proliferación de testigos falsos como han argumentado, con éxito y ante jueces no siempre cándidos, muchos delincuentes reales que encontraron el camino de su absolución haciendo parecer mentirosas, las verdades cristalinas que los condenarían en un sistema probo. Pero, del otro lado, un operador judicial tampoco puede calificar, con igual peso, las acusaciones que escuche de un bandido ajeno a los entramados colombianos del poder, que las de otro, hundido hasta el cuello en los conflictos locales. Ponderar, es el término clave. Y esto es lo que se echa de menos en el fiscal general, tan elaborado jurista en unos casos y tan simple en sus posiciones públicas sobre el escándalo Odebrecht en el país. A no ser que la explicación sobre la doble personalidad de Martínez Neira resida en que tenía en mente el equilibrismo político más que la balanza de la Justicia cuando reventó las “revelaciones” que enlodaban la campaña Santos y que terminaron nivelándola con el desprestigio de la campaña Zuluaga, según análisis juicioso de Cristina de la Torre en su columna de ayer, en este diario (ver).
En efecto, no tienen similar valor ni pueden tenerlo en los despachos judiciales las denuncias de un publicista brasilero con contratos en todo el continente y a quien, por consiguiente, le importan un bledo los entretelones de la política nacional, que las de un testigo criollo cuya fortuna deriva del entramado más bajo y sórdido del mundo local. El publicista Duda Mendonça confirmó el año pasado lo que ya había trascendido en 2014: que cobró US$4 millones a Óscar Iván Zuluaga. Ahora se precisa que el candidato uribista le pagó la mitad y que la otra mitad corrió por cuenta de Odebrecht. Seamos sinceros, sin ofender: para Mendonça, Zuluaga debió ser una hormiga al lado de clientes como Lula, Temer, Menem o Bachelet. No habría, en principio, ningún interés particular en enlodar injustamente al precandidato de hoy. Cosa por completo distinta a los móviles que le servirían de motor al sujeto Otto Bula. Si lo que él ha manifestado bajo la gravedad del juramento responde a sustentos fácticos, se sabrá, tarde o temprano. Mientras tanto, las preguntas sobre sus afirmaciones de un oportunismo político pasmoso, flotan: ¿por qué y para qué puso su foco en el gobierno Santos?
Su entorno nos da unas respuestas, más allá de sus palabras: 1. Ha sido aliado político y, de acuerdo a expedientes penales, también socio de negocios turbios de Mario Uribe quien, a su vez, fue aliado político y es pariente cercano del enemigo número uno de Santos (Álvaro Uribe). 2. Ha sido intermediario de la clase política regional más corrupta, con el narcoparamilitarismo de Córdoba, Sucre y Antioquia. 3. Es famoso ganadero y supuesto propietario de miles de hectáreas despojadas a los campesinos. 4. Funge como “tenedor de buena fe” —tal como tildaron Ordóñez y Lafaurie, a otros dudosos terratenientes de la costa— de predios que serán objeto del programa de restitución a sus propietarios reales. 5. Es dueño, en papeles, de haciendas apropiadas mediante desplazamientos masivos y transacciones bajo coacción. 6. Hay evidencias de sus nexos con la “Oficina de Envigado”, la misma de alias Job (quien solía visitar la Casa de Nariño en épocas uribistas), y cuyo jefe máximo fue alias don Berna, colaborador en su momento, de ese gobierno. Después de revisar su prontuario, un investigador cualquiera, no necesariamente el encumbrado Martínez Neira, se preguntaría si Bula pretende obtener menos años de cárcel o si su gran premio —la libertad plena, por ejemplo— depende de hundir en el barro maloliente de la campaña uribista al gran promotor del acuerdo de paz que, oh sorpresa, no le gusta, ni poquito, al fiscal general.