13 junio 2020 –
Por: Reporteros sin Fronteras –
Un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, periodismo y derechos humanos ha dirigido una declaración a gobernadores y alcaldes de Estados Unidos para pedirles que detengan la violencia contra los periodistas durante las protestas y que actúen rápidamente contra las violaciones de la Primera Enmienda.
Entre los firmantes de la declaración se cuentan Reporteros Sin Fronteras, PEN América, Freedom House, Human Rights Watch, Article 19, Society of Professional Journalists, International Women’s Media Foundation, el National Press Club, NPC Journalism Institute, la National Association of Black Journalists, la James W. Foley Legacy Foundation, la Native American Journalists Association, Radio Television Digital News Association, la National Coalition Against Censorship, la National Press Photographers Association, Free Press, y Military Reporters and Editors.
El llamamiento de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras 13 organizaciones se dirige a los mandatarios de estados y ciudades de EEUU en los que han detectado un patrón de abuso contra los periodistas- entre ellos los gobernadores Tim Walz (Minnesota), Gavin Newsom (California) y Andrew Cuomo (Nueva York), y los alcaldes Jacob Frey (Minneapolis), Muriel Bowser (Washington DC), Eric Garcetti (Los Ángeles) y Bill de Blasio (Nueva York)-, para que detengan de inmediato el abuso policial contra periodistas durante las protestas de la semana pasada y para que tomen medidas rápidas para que se rindan cuentas por las violaciones de la Primera Enmienda durante la represión violentas contra protestas pacíficas.
La policía ha detenido y agredido a periodistas en todo el país mientras cubrían las protestas contra el asesinato de George Floyd a manos de la policía, el 25 de mayo. Según el Observatorio de la Libertad de Prensa de EEUU, se han producido al menos 300 incidentes desde el 26 de mayo, la mayoría cometidos por la policía, incluidos más de 49 detenciones, 192 asaltos (160 de ellos por parte de la policía) y 42 incidentes en las redacciones, además de daños en equipos, Estos incidentes se han producido en 33 estados en todo el país, la mayoría en Minneapolis, Washington, DC, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Louisville, Detroit, Denver y Filadelfia.
Los abusos han afectado a periodistas independientes y afiliados a diversas organizaciones de noticias. La mayoría fueron agresiones físicas deliberadas y no intencionadas contra periodistas claramente identificados, incluidos periodistas extranjeros. El corresponsal de CNN, Omar Jiménez, y su equipo fueron esposados y detenidos en Minneapolis a primera hora de la mañana del 29 de mayo. Ese mismo día, en Minneapolis, una periodista independiente recibió un disparo de bala de goma de la policía y probablemente no recuperará la visión. En Indiana, otro periodista también perdió el ojo y en Nueva York, la policía detuvo violentamente a un reportero de The Huffington Post el 30 de mayo, a pesar de su visible acreditación. Muchos han sido rociados con gas lacrimógeno, golpeados por balas de goma y arrojados al suelo.
“En última instancia, los gobernadores y alcaldes de nuestro país deben asumir la responsabilidad de estos ataques sin precedentes contra la libertad de prensa por parte de las fuerzas del orden que operan bajo su autoridad. Los ataques contra periodistas en los Estados Unidos son un asalto a la democracia y no pueden ser ignorados «, denuncia Dokhi Fassihian, directora ejecutiva de RSF en EEUU. “Realmente no hay justificación para este patrón de violencia y maltrato contra periodistas que cubren eventos de tan claro interés público. Deben tomarse medidas inmediatas hacia la responsabilidad y enmendar estos errores «.
«Como ahora nuestro país ahora se enfrenta simultáneamente a tres crisis masivas, y lo está haciendo sin un liderazgo nacional efectivo, es aún más importante que los alcaldes y gobernadores muestren el camino», reivindica Thomas O. Melia, director de PEN América en Washington. «Proteger a los periodistas que trabajan y que consiguen noticias vitales para sus televidentes, lectores y oyentes, es un primer paso necesario».
Las organizaciones piden a los gobernadores y alcaldes que tomen medidas inmediatas para restablecer la confianza pública e implantar un registro público oficial de incidentes para informar la responsabilidad por actos violentos contra la prensa. Deben incluir estos pasos:
- Detención inmediata de agresiones y arrestos a miembros de la prensa.
- Reconocimiento público de la labor vital y protegida de la prensa libre.
- Compromiso para garantizar la seguridad de los periodistas, incluidos los periodistas profesionales y los periodistas comunitarios y ciudadanos, durante las protestas y otras interacciones con la policía.
- Establecimiento rápido de comisiones independientes en cada estado o localidad para investigar y registrar todos los ataques, detenciones y daños a los equipos de periodísticos por parte de la policía durante estas protestas. Las comisiones deben hacer recomendaciones específicas sobre reparación, reforma y capacitación para la aplicación de la ley sobre sus requisitos legales al interactuar con la prensa.