17 Mayo 2019.
GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato denunció el acoso sistemático a través de redes sociales en contra de varios de sus integrantes, periodistas y activistas, en un pronunciamiento en el que exigió al gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se investigue y se tomen medidas de protección en conjunto con el Mecanismo Federal de Protección, y que la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos inicie también una investigación por estos hechos.
Tomado de: Portal Web Proceso.com.mx.
El acoso inició en febrero pasado en contra de los periodistas Arnoldo Cuéllar, Kennia Velázquez, la corresponsal de Apro y Proceso en Guanajuato Verónica Espinosa, así como en contra del defensor Raymundo Sandoval –todos integrantes del Colectivo- con una campaña sistemática de ataques en Twitter, “caracterizada por acoso selectivo de al menos una veintena de cuentas anónimas”.
En esta campaña de acoso, expone la denuncia pública, “el 6 de abril una usuaria de Twitter creó la lista denominada “Huachicoleros” en la que incluye a varios integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión, lo que constituye un acto de criminalización del trabajo que realizan”.
El acoso subió al grado de que se incurrió en la usurpación de identidad del usuario de Twitter @ray_sandoval (Raymundo Sandoval) el 26 de abril; horas antes el también académico había cambiado su usuario a @colectivodhpaz, sin modificar el ID y los datos de la cuenta original.
Como antecedentes, el Colectivo refiere que durante la campaña electoral del 2018 la Red Rompe el Miedo coordinada por Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Datacivica documentó un mensaje de desprestigio similar en el que a través de un video difundido por una cuenta anónima en Facebook se ligaba al portal El Salmantino con grupos de la delincuencia organizada.
Mientras que en agosto del año pasado, integrantes del mismo Colectivo y otros periodistas en el estado recibieron mensajes intimidatorios, por los cuales en ese momento las organizaciones Propuesta Cívica y CIMAC, la oficina en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Directora Regional de Article 19 y el Committee to Protect Journalists (CPJ), enviaran una carta al gobernador pidiendo medidas de protección, varias de las cuales firman este pronunciamiento.
Por el acoso y la usurpación de la identidad en su cuenta de Twitter, Raymundo Sandoval solicitó a la Fiscalía especializada en delitos contra periodistas y libertad de expresión que inicie una carpeta de investigación, y fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección.
En el pronunciamiento se exige al gobernador colaborar con el Mecanismo federal para otorgar medidas de protección a integrantes del Colectivo y se le hace responsable en caso de que la violencia contra el Colectivo escale.
Se plantean otras medidas como una política pública en materia de libertad de expresión con énfasis en atención a la causa de las agresiones, incluyendo las digitales, así como para que el Congreso del estado incluya las campañas de acoso digitales como agresiones en las leyes locales.
Finalmente, se demanda la intervención de la FEADLE para investigar y sancionar a los responsables, y de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos para que también intervenga a favor de las víctimas del acoso.
El documento está respaldado por las firmas de 116 periodistas de Guanajuato, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Veracruz y Baja California Sur, así como medios y organizaciones civiles de todo el país, entre ellas las que integran la Red por los derechos de la infancia (REDIM), el Espacio de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (del que forman parte Article19, Cimac, el Comité Cerezo, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, la Asociación Mundial de Radios comunitarias y Reporteros sin Fronteras, entre otras); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Red nacional de organismos civiles de derechos humanos “Todos los derechos para todas y todos”, o Red TDT.