5 Junio 2019.
Foto: Esteban Vega/Semana.
La construcción de embalses para generar energía es un factor de crecimiento. Pero también causa una controversia social y ambiental en la que muchos atribuyen al Estado gran parte de la responsabilidad. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, Semana Sostenible hace un análisis. #DiaMundialDelMedioAmbiente.
Tomado de: Semana Sostenible.
Colombia tiene en sus represas y embalses una infraestructura clave para el desarrollo del país. De sus 17.319 megavatios (MW) de capacidad instalada para generar energía eléctrica, 11.834,57 MW provienen de fuentes hidroeléctricas, según la empresa XM, operadora del Sistema Interconectado Nacional.
Solo en 2018, las hidroeléctricas produjeron 75,5 % de energía. Esta cifra muestra la importancia para la economía de esta clase de proyectos. Además de crear empleo, dinamizan el crecimiento en las regiones y ayudan a regular la cuenca de los ríos al retener las crecientes en las represas y devolverlas a los afluentes mucho más controladas. Los embalses, asimismo, sirven de reservas de agua en tiempos de sequía.
Las personas que habitan en los territorios inundados viven, sin embargo, la otra cara de la moneda. Los embalses desplazan comunidades, producen cambios en el clima, transforman los ríos, afectan la fauna silvestre, fragmentan los ecosistemas y modifican los estilos de vida, entre otros impactos denunciados.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señaló que las represas afectan la biodiversidad al generar la pérdida de bosques y favorecer la aparición de enfermedades infecciosas.
El Instituto Alexander von Humboldt, por otro lado, en el estudio BIO 2017, realizado por Luz Fernanda Jiménez y Silvia López, advierte sobre los efectos de los embalses en las poblaciones de peces en los Andes. Señala que, dependiendo de su altura, estas estructuras modifican ciclos vitales como la reproducción.
“Si los embalses están por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, afectan las especies endémicas y si se encuentran por debajo, impactan a las migratorias porque pierden el acceso a sus áreas de desove”, dijo Luz Fernanda Jiménez, presidenta de la Asociación Colombiana de Ictiólogos.
Roberto Jaramillo, magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, adelantó una investigación en la que involucró los principales proyectos hidroeléctricos del país. Tras analizar las metodologías que aplican las empresas para determinar el costo ambiental, determinó que no cubren el valor total de la afectación a las comunidades y al medioambiente. “Tanto las autoridades como las empresas ejecutoras pasan a un segundo plano los asuntos ambientales, lo que después tiene efectos sociales”, concluyó.
Según la Comisión Internacional de Grandes Presas, en el mundo hay 59.071 embalses, que han generado cerca de 2.700 conflictos medioambientales. Aunque, como manifiesta Mauricio Valderrama, director de la Fundación Humedales, hay que generar energía, pero no a costa de la riqueza biológica, de la que además dependen miles de personas. “Es necesaria una política ambiental que establezca reglas de juego claras, con una visión de cuenca”, afirmó. Mientras tanto seguirá vigente la delgada línea entre el desarrollo y los conflictos por los proyectos hidroeléctricos.