26 marzo 2020 –
Por: Juan Álvaro Castellanos, Socio CPB – El Nuevo Siglo.
Ahora que la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- está en el foco de la candela investigativa, alrededor de su responsabilidad en la emergencia eléctrica, se ve de cuerpo entero, los orígenes en los elevados costos de la estructura del Estado.
Agencias estatales, comisiones reguladoras en servicios públicos, y algunos fondos oficiales, suman no menos de medio centenar de organismos tejidos en el Gobierno central. Están detrás de ministerios, con autonomía para hacer y deshacer, con el supuesto rótulo de ser servidores para enlazar protección a la ciudadanía con programas de Gobierno.
Se han convertido en platos servidos con lujo de detalles para la corrupción que, siempre se sienta a manteles, si el menú tiene cifras exquisitas. La CREG saltó a la palestra, no por llamados del Gobierno a la ciudadanía para ahorrar energía, sino para que explique el rumbo de 18 billones de pesos, cobrados durante la última década en facturas a todos los usuarios como -cargo por confiabilidad- para garantizar suministro eléctrico sin racionamiento.
En palabras concretas, se trató de un pago adicional cobrado a la ciudadanía para decir que no habría más apagones. ¡Qué cuentazo! bien disfrazado de eufemismo, propio de los términos del Derecho Público.
El cobro, le pasó por alto a la gente, como varios que son investigados sobre facturas de servicios públicos en todas las ciudades. Asustan al consumidor fijando fechas de suspensión del servicio o cobros adicionales, si se paga tres o cuatro días después.
En la carpeta de investigaciones judiciales y del debate en el Congreso de la República, deben estar empresas de servicios domiciliarios y sus operadoras, en manos de compañías españolas y chilenas. Colombianas lo pueden hacer.
Lo mismo con agencias estatales, creadas por el Gobierno en 2011. Un listado oficial, obtenido por esta columna, cuenta 14 agencias, algunas con nombres ampulosos y funciones ignoradas.
Por ejemplo, no se sabe de la vida de la Agencia para la Cooperación Internacional de Colombia; tampoco de la Agencia de Acuicultura y Pesca, y absolutamente nada, de una con nombre rebuscado: Agencia del Inspector General de Tributos. El país desconoce la existencia de la misma y el señor del cargo mencionado.
Estas entidades manipulan a su antojo dineros públicos. Serían mejor unidades operativas en cada ministerio, con resultados. La eficiencia no es abundancia de instituciones.
Más que apretón económico hay gasto estatal a manos llenas. Si se eliminan algunos y se reducen otros organismos, habrá ahorro multibillonario.