Por: Juan A. Castellanos
Noviembre- 03- 2016
La Reforma Tributaria Estructural dejó al descubierto que el proyecto ensamblado para buscar más recursos para la nación, puede causar un grave accidente económico con víctimas y daños incalculables.
Atenta contra empresa privada, en industria, comercio, agricultura, transporte, vivienda de todos los niveles, incluida la social, salud, educación, cultura y hasta medios periodísticos, entre otros.
Protagonistas del diario tránsito interno y externo de la economía colombiana, en inversión, producción, negocios y empleo, se mantienen expectantes. Todos rechazan el modelo tributario propuesto.
Después de presentarse la Reforma, a la ciudadanía y en particular al Congreso de la República, está demostrado que se teme su estallido, por causa del incremento en IVA a 19 por ciento, así este excluido en canasta familiar.
Lo cierto es que aparece en otros productos, que son generadores de trabajo como materias primas para industria alimenticia, confecciones y manufacturas.
Quienes declaren ingresos de más de 1 millón 487 mil pesos, recibirían otro golpe, porque tendrían 10 por ciento de retención en la fuente.
El aparato tributario proyectado confirma que la denominación estructural es un término distractor para incrementar el IVA para todo, con el objetivo de captar 4 billones en 2017.
La Comisión de Estudios y Recomendaciones Tributarias está debiendo la explicación sobre la manera como tomaron el modelo ortodoxo de la economía europea, con acento y traje inglés.
No cabe una Reforma Tributaria que olvide el escape de dinero estatal en burocracia y corrupción. En seguridad y protección a personas, supuestamente personajes del país, se paga más del billón de pesos, a 9.700 agentes uniformados y de civil. Muchos protegidos, hace 3 y 5 años, no lo requieren.
En buena hora, el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) prendió luces, al advertir que periódicos y revistas pagarán 15 por ciento de IVA, en tanto que Internet, tendrá 4 por ciento y la red utilizada, 19 por ciento de gravamen.
Con acierto, precisa el CPB: “Es limitar el derecho a la información consagrado por el Derecho Constitucional”. Equivale a pagarle al Estado para enterarse qué sucede en el país y el mundo.
“Además, contradictorio con políticas del Ministerio de las Tecnologías y Comunicación, impulsadas para popularizar Internet y Teletrabajo en diversas regiones”, agrega.
Así es todo en el país. Acelerado para proponer proyectos y azorado para rectificarlos. No se está defendiendo interés particular o común, es que todos los ciudadanos, quedarían con exagerada carga tributaria. Sin desmadre de alzas, se puede evitar choque económico.