15 Mayo de 2019.
En las últimas semanas, indígenas Embera Chamí del municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, vienen denunciando amenazas de muerte e intimidación a miembros de su comunidad a través de panfletos, llamadas y presencia de encapuchados con armas. Entre ellos, a su candidato a la Alcaldía de ese municipio.
Tomado de: La Silla Vacia.
Pero son amenazas, hasta ahora, invisibles. Las autoridades y los habitantes niegan la presencia de grupos armados, según 18 fuentes entre comunidad, autoridades locales y departamentales.
Todo justo al inicio de la campaña para las elecciones de octubre y en medio de un clima nacional en el que los líderes se sienten estigmatizados y amenazados.
Las amenazas
A Leonardo Fabio Siágama, el único candidato indígena a la Alcaldía de Pueblo Rico, lo han amenazado de muerte tres veces este año.
Él es uno de los 19 líderes indígenas que han denunciado casos parecidos en el occidente de Risaralda, una zona limítrofe con el Chocó y clave en las rutas de la coca que actualmente se disputan el ELN y el Clan del Golfo.
Siágama es del resguardo unificado Embera Chamí, uno de los dos constituidos en Pueblo Rico. Nos contó que recibió la primera amenaza en febrero, cuando lo llamó un hombre para decirle, entre insultos, que desistiera de su candidatura.
Al mes siguiente le llegó un panfleto firmado por el Bloque Occidente Águilas Negras insistiéndole que renunciara. Y el 28 de abril recibió un mensaje de texto en el que le escribieron que por “sapo” y no acatar el llamado de retirarse de su campaña, harán efectiva la orden de asesinarlo.
Este caso es importante porque Pueblo Rico es uno de los tres municipios que tienen resguardos legalizados, el que tiene más población en estos, con casi doce mil entre el Embera Chamí y el Gito Dokabu, y es el único con candidato indígena a la Alcaldía.
Según la Defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, casi todos los casos de indígenas amenazados vienen de Pueblo Rico, y en su mayoría son líderes políticos y docentes, una labor de respeto en los resguardos.
Estos docentes, según nos explicó William Nayasá, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda, Crir, también hacen trabajo político en sus comunidades.
Pero no es claro quién los está amenazando ni por qué.
La última Alerta Temprana de la Defensoría en Pueblo Rico, en mayo del 2018, advirtió que había riesgo por posibles enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y grupos residuales de los paramilitares que se vienen expandiendo desde la desmovilización de las Farc.
Según esta alerta, la disputa es por el control del corredor entre las áreas de cultivos ilícitos del medio San Juan chocoano y el centro del país, que pasa por Risaralda y Antioquia, más el reclutamiento forzado y el control de las comunidades para impedir las denuncias.
Cifuentes le dijo a La Silla Paisa que por la riqueza de los bosques del Chocó también se da la tala extensiva y la explotación minera irregular, posibles motivos de conflicto.
Contrario a esas advertencias de la Defensoría, la secretaria de Gobierno de Risaralda, Caterine Arcieri, le dijo a La Silla Paisa que en ninguna parte del departamento hay presencia del ELN, el Clan del Golfo o disidencias de las Farc.
En eso coincidieron el alcalde de Pueblo Rico, Rubén Darío Ruiz, y el personero Danilo Mejía, quienes le dijeron a La Silla Paisa que no saben a qué se deben las amenazas.
Incluso, el coronel César Augusto Rojas, comandante del batallón San Mateo que opera en ese sector, nos dijo que “la situación de orden público es de tranquilidad, en lo corrido del año no se ha presentado ningún homicidio, por el contrario, se han tenido retornos de las comunidades indígenas”.
El coronel Rojas asegura que los únicos enfrentamientos entre grupos armados se dan dentro del territorio chocoano “debido a nuestra presencia permanente y al debido control militar del área”.
Que en Risaralda no haya presencia de grupos armados, como dicen las autoridades, no es algo que deje tranquilas a las comunidades indígenas.
El consejero mayor del Crir, Nayasá, nos confirmó que es cierta la versión del Gobierno de que allí no hay ELN ni disidencias ni Clan del Golfo, porque hace años no tienen problemas con esos grupos ni homicidios de sus líderes.
Siágama, por su parte, nos dijo que él tampoco cree que la amenaza en su contra venga del ELN, que es la guerrilla con más presencia en el territorio chocoano cercano. “Si fuera así, se vería gente camuflada, pero esto parece más sicariato”.
Las águilas que nadie ve
La secretaria Arcieri y el coronel Rojas nos dijeron por aparte que los conflictos en el municipio se deben más que todo a enfrentamientos entre las mismas comunidades indígenas y las comunidades negras, que también habitan ahí.
Pero esa versión la desmintieron los indígenas y los afros con los que hablamos.
El representante legal del consejo comunitario de la comunidad negra Piedras Bachichi, Nilo Maturana, y el presidente de la comunidad negra de Santa Cecilia, Alexander Mena, nos contaron por aparte que hace más de dos años tienen una relación de armonía entre las diferentes etnias.
Tanto así que buena parte de esas comunidades están apoyando la candidatura de Siágama, junto a líderes campesinos mestizos.
Sumado a eso, los líderes afros nos dijeron que ningún miembro de sus comunidades está amenazado. “Yo no me siento en peligro, ningún grupo armado ha entrado a nuestro territorio a intimidarnos y puedo asegurarte que me siento tranquilo”, nos dijo Mena.
Lo mismo nos dijo un campesino que nos pidió no nombrarlo porque es funcionario. “Yo camino a cualquier hora por la zona rural del municipio, entro y salgo cuando quiero, y nunca he visto a nadie raro ni me han amenazado”. Él también está apoyando la campaña de Siágama.
A esa rara situación, se suma que los panfletos no los firman los potenciales sospechosos, que serían los elenos o el Clan del Golfo.
Lo hacen las Águilas Negras, un nombre que la Fuerza Pública deslegitima porque lo suele usar cualquiera para amenazas de todo tipo, según un miembro de la fuerza pública que habló off the record por no estar autorizado para hablarle a medios.
De hecho, en el último consejo de seguridad departamental la Fiscalía descartó que se trate realmente de Águilas Negras y dijo que cree que es delincuencia común, según la secretaria Arcieri.
Para entender de dónde vienen las amenazas, Gobernación, Defensoría, Policía y Ejército se reúnen todos los viernes y, a través del Plan Padrino, la Policía está acompañando a 27 indígenas, comunicándose con ellos permanente por celular.
La Jefe Seccional de Fiscalía, Adriana Estrada, le dijo a La Silla que investiga 15 casos de amenazas a líderes indígenas, pero que ha sido difícil avanzar porque “las presuntas víctimas manifiestan que desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se materializó la amenaza y por lo tanto no aportan información pertinente”.
Aunque es incierto de dónde vienen, esas amenazas tienen asustados a los indígenas de Pueblo Rico.
La zozobra que resuena
El consejero mayor Nayasá no entiende por qué, justo cuando empieza la campaña para las elecciones de octubre, aumentaron las amenazas.
“Nos da mucho más miedo cuando se trata de delincuencia común porque es mucho más peligroso que cualquier grupo armado ilegal, porque ellos matan por plata”, nos dijo.
Según él, la única razón “viene de los contrarios políticos, porque ellos quieren gobernar y ahora sienten que el Mais va a tener la posibilidad. Los politiqueros son más peligrosos que cualquier armado”.
Pero Raúl Gusiruma, gobernador del resguardo unificado Embera Chamí -al que pertenecen Siágama y cinco docentes amenazados en las últimas semanas-, nos dijo que las amenazas también pueden venir por los consejos que les dan a sus jóvenes de que no apoyen a los grupos armados de la zona.
También nos mencionó que ellos están en medio del corredor de los ilegales, “nosotros nos oponemos a eso y no compartimos la filosofía de guerra, y eso nos ha traído consecuencias”.
Aunque la institucionalidad esté dando respuestas, “las autoridades, los tomadores de decisiones, se resisten a reconocer el problema. A nosotros nos denuncian en terreno que ven hombres encapuchados, que hay grupos armados, y en los consejos de seguridad se invisibiliza esa situación”, nos dijo la defensora Cifuentes.
Todo eso genera un ambiente de intranquilidad en una comunidad que le está metiendo la ficha a la política para las próximas elecciones locales. Y que se siente estigmatizada.
“Cuando ya el pueblo indígena empieza a trabajar, a hacer paros, a movilizarse, a hacer trabajo político como líderes, y nos pronunciamos y reclamamos, ahí llegan los panfletos”, nos dijo Marco Guasarabe, otro vocero del Crir.
Aunque estas amenazas no son tan nuevas, porque hay registro en medios de otras parecidas desde 2006, tanto los gobernadores indígenas como las autoridades coinciden en que en los últimos meses se dispararon.
“Antes nos amenazaban, pero desde que comenzó este Gobierno ha sido seguido, nos dejaron solos”, dijo Guasarabe.
“El Gobierno, ni siquiera con la Unidad Nacional de Protección, se está responsabilizando de garantizar la vida. Se ha denunciado toda la situación de amenaza, pero hace caso omiso. Hay mucho miedo, desplazamiento y estigmatización en nuestras comunidades”, le dijo a La Silla el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Higinio Obispo.
Con esto, aunque las autoridades no han logrado establecer quiénes están detrás de las intimidaciones que están recibiendo los indígenas en el occidente de Risaralda, las denuncias alimentan el ambiente de miedo de los líderes sociales en el país; esta vez en una zona en la que, aparentemente, no hay guerra.