24 Julio 2019.
Foto: Cesar Melgarejo.
Lo que hace pocos años parecía improbable en San Andrés, hoy en día se ha vuelto una realidad de a puño. La isla se convirtió en un territorio con zonas vedadas de alta peligrosidad que conviven en un delicado equilibrio con su encantadora e innegable oferta turística y vacacional.
Tomado de: El Tiempo.
La sobrepoblación –se trata de una isla de tan solo 27 kilómetros cuadrados– entendida y aceptada desde la propia Constitución Política de 1991 (artículo 310), ha continuado su crecimiento galopante en proporción simétrica a sus barriadas marginales fomentando la informalidad suburbana y creando un caldo de cultivo ideal para la delincuencia.
Lo anterior a pesar de la cifras del DANE que realizó un censo superficial el año pasado del cual muy poca gente reconoce haber participado y que arrojó 48.299 personas (incluyendo a las islas Providencia y Santa Catalina), una cifra tan inverosímil que incluso resultó inferior al registro efectuado por la misma entidad en 2005, que fue de 59.573.
Para colmo, los escándalos de corrupción detonados por la inconclusa construcción de un sinnúmero de obras incluyendo los célebres ‘megacolegios’ –que mandaron a la cárcel a los dos últimos gobernadores–; agravaron el panorama con la deserción de centenares de estudiantes que se quedaron sin aulas durante el bochornoso proceso.
Alumnos que pasaron de ser contenidos por maestros y autoridades educativas, a las calles regadas por aguas residuales de buena parte de los sitios mencionados que también hacen parte del inventario de obras inacabadas por contratistas ‘fantasmas’ que, por ejemplo, desaparecieron del Distrito IV: una inmensa barriada de 32 sectores, que espera el alcantarillado hace más de cinco años con buena parte de sus vías intransitables.
Teresa Grossi, de 66 años, está en estado de coma por el golpe que sufrió.
De esta manera, no resulta extraño que la delincuencia, el microtráfico, la extorsión, el fleteo o el simple –pero altamente dañino– ‘raponazo’ a los turistas se hayan vuelto alternativas para no pocos jóvenes que optan por esta forma de vida, riesgosa pero en apariencia más fácil y lucrativa que la otras fuentes formales de empleo local.
Así las cosas, en días pasados, el atraco a la viajera argentina Teresa Grossi, de 66 años, el cual terminó con la protagonista internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Departamental de San Andrés por un golpe recibido en el rostro; y el atraco a un turista bogotano, quien recibió un tiro en su mano durante el forcejeo, avivaron las alarmas y extremaron las medidas de seguridad.
Sin embargo, la irrupción del delito en la isla ya no es nueva y no respeta espacios ni conmemoraciones especiales. Tal es así que el pasado 20 de julio, el tradicional desfile cívico-militar de las islas fue interrumpido por una gresca descomunal protagonizada por jóvenes de supuestas pandillas, la cual terminó con varios heridos por ‘arma blanca’ en el hospital.
¿Qué dicen las autoridades?
Ante la andanada de hechos punibles, el gobernador (e) Juan Francisco Herrera Leal le dijo a EL TIEMPO que se han tomado medidas de mayor presencia militar en zonas de apoyo a la Policía Nacional, sobre todo, en las áreas donde el delito es recurrente como establecimientos comerciales y entidades financieras.
“Hay también un trabajo orientado a detectar como este grupo de menores de edad están delinquiendo: es importante que sepan que la semana pasada se capturaron 16 personas por este motivo, quienes están en este momento en proceso de judicialización”, dijo el mandatario, agregando que muchos de los casos culminan con la preocupante medida de ‘cárcel extramural’ por la situación de saturación que tiene la cárcel isleña con más de 200 reclusos en la actualidad.
El único Centro Carcelario ‘New Hope’ (Nueva Esperanza) de San Andrés fue inaugurado en 1995 con una capacidad para 120 internos.
En cuanto al impacto turístico, Herrera Leal dijo que es necesario seguir fortaleciendo todos los aspectos. “Hay una gran preocupación que está afectando al gremio turístico en la medida en que varias personas que han sido lesionadas por estos delincuentes han sido visitantes nacionales y extranjeros que generan una mayor percepción de inseguridad; sin embargo, las estadísticas arrojan resultados alentadores”.
Al respecto, el comandante de la Policía Nacional, coronel Jorge Urquijo Sandoval, dice que el problema no es exclusivo de San Andrés; es una problemática a nivel nacional –afirma– relacionada con la intolerancia y pérdida de valores. “Desafortunadamente, vemos cada vez más hogares disfuncionales, donde nuestros menores tristemente se ven abocados a ser instrumentalizados en diferentes actividades contravencionales y delictivas”, insiste el oficial.
El coronel Urquijo añade que permanentemente la Policía realiza actividades para contrarrestar los delitos: «si bien es cierto se han presentado algunos incidentes, también es cierto que tenemos una reducción de al menos 77 casos relacionados con el hurto, comparado con el año anterior; lo que representa el 27 por ciento de reducción en este tema en específico”.
Sanandresanos piden medidas drásticas
Pero sobre este tema también se pronunciaron diversos sectores sociales y gremiales. La integrante del Raizal Council (Autoridad Raizal) y miembro del Consejo Directivo de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), Ofelia Livingston de Barker, dijo: “hay que buscar una forma para sacar de la isla a estos jóvenes. Ya es tiempo de analizar con lupa esta problemática, porque muchas de esas personas que ostentan una Tarjeta de Residencia (de la Ocrre) no tenían el derecho de vivir en San Andrés, hay que ver si lo tienen y cómo lo obtuvieron”.
“Puede sonar muy drástico –prosiguió- pero la norma es clara: señala que los ciudadanos podrán perder la residencia por mala conducta o por delitos ambientales; así que si se observa que estas personas tienen más de una entrada a la cárcel, hay que aplicar lo que dice el decreto 2762 de 1991”, concluyó.
De otra parte, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Archipiélago, Jennifer Yepes, rechazó por igual los hechos que se vienen presentando en las islas contra los visitantes y residentes de San Andrés y dijo que “los habitantes de las islas no nos sentimos seguros; por lo que acordamos reiniciar labores en conjunto y de inmediato con las autoridades para manejar desde diferentes ámbitos varias estrategias que mitiguen la situación por la que atravesamos”.
A su turno, Juan Carlos Osorio, presidente de Cotelco (capítulo San Andrés), también lamentó la situación que atraviesa el archipiélago, sobre todo con una ciudadana de uno de los países que más turistas le generaron a la isla en los últimos años.
“Cuando acabamos de regresar de un periplo por el sur del continente renovando la preferencia por nuestro destino en estos países emisores; lo que sucedió es una muy mala noticia”, afirmó.
Por último, la representante a la Cámara de San Andrés y Providencia, Elizabeth Jay Pang, fue contundente. “Estamos dejando acabar nuestro destino… Ya era hora de que el gobernador encargado, militar activo y de carrera, tuviera listo un Plan de Choque.
Por lo pronto, este 25 de julio habrá una reunión de alto nivel con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, a la que asistirán altos dignatarios y autoridades de las islas.
«Ya es hora de que el gobierno nacional comprenda que lo que pasa en las islas no son ‘hechos esporádicos’ como creen algunos en Bogotá”, concluyó.