31 Julio 2019.
Foto: Hugo Parra.
El pasado 28 de julio, Íngrid Restrepo volvía con su familia de Funza, Cundinamarca, cuando, en la calle 13 con carrera 129, en Fontibón, sintió que la camioneta en la que iban saltó de manera intempestiva.
Tomado de: El Tiempo.
Ese movimiento ya lo habían experimentado hace algunos meses, en la calle 63 con carrera 24, en Barrios Unidos. Ese día, un hombre se acercó y, amablemente, les dijo que estaban pinchados.
“El señor nos indicó dónde había un montallantas, pero le dijimos que no, que tranquilo. Llamamos a la aseguradora para que nos despinchara el carro, pero esa persona insistió: ‘Tengan en cuenta que este es un sector muy peligroso’, a lo que le respondimos que ya habíamos llamado a la policía”, narró Íngrid.
Aunque esta mujer supo defenderse de este intento de hurto, no ha sido así para muchos conductores incautos que siguen cayendo en esta estafa.
Así le ocurrió el 21 de julio a César Mateus, en la carrera 20B con calle 72; el 3 de julio, a Eduardo Martínez, en la carrera 30 con calle 3; en abril, a Patricia Mojica, en la avenida Boyacá con calle 66; entre otros (vea mapa). En todos los relatos hay coincidencias: un tubo de acero que pincha el neumático, una persona que se ofrece como salvadora y un taller donde cobran mucho dinero.
Puntos donde atacan los pinchallantas.
Pero ¿por qué si se conoce la manera en la que delinquen estos estafadores, si están denunciados los puntos críticos y si las autoridades han cerrado varios de estos establecimientos, este flagelo sigue ocurriendo? ¿Acaso es algo con lo que la ciudad debe aprender a convivir?
Para Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, esta conducta es algo que no puede normalizarse, entre otras razones, porque, además de que hay configurada una estafa, se pone en peligro la seguridad de los conductores.
“Son unos criminales que ponen en riesgo a los ciudadanos, porque cuando se estalla una llanta puede haber lesionados o muertos, no es un juego, y hay que buscar una figura jurídica que los sancione de manera ejemplar”, sostuvo.
Una acción que dificulta la labor de las autoridades en contra de estos delincuentes es que hay una mezcla entre un servicio legal (el de los montallantas) con una posible conducta ilegal y premeditada, pero que es difícil de comprobar, explicó Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central.
“A este problema de los pinchallantas y su posible vinculación con montallantas, a la luz de lo jurídico, no se le ha hecho una evaluación juiciosa. Pero cuando uno analiza el artículo 246 del Código Penal colombiano, que habla de estafa, cabe perfectamente”, dijo Nieto. El articulado dice que “el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses”.
Además, se puede agregar daño en bien ajeno, otro delito que da de dos a cinco años de cárcel. Sin embargo, advirtió Nieto, para lograr esto se requiere de una investigación juiciosa y las denuncias de las víctimas.
“Lastimosamente es uno de los delitos menos denunciados porque mientras la persona se despincha o busca cómo arreglar el vehículo pierde mucho tiempo y prefiere no hacer el reporte, pero la denuncia es fundamental”, sugirió el experto.
En la Policía Metropolitana de Bogotá coincidieron al señalar que para contener este fenómeno son vitales las denuncias de carácter penal por parte de las víctimas.
Gracias a denuncias de este tipo, en el segundo trimestre de este año fueron cerrados cinco montallantas.
Finalmente, desde la Policía invitaron a las personas que sientan que están siendo vulneradas a llamar a la línea 123 y solicitar el apoyo de las autoridades.