Desde una plaza de mercado que no se construyó, pero la pagaron; pasando por el empleado de un juzgado que estafó a una mujer con un falso remate; el funcionario de la Unidad de Víctimas que se ´guardaba´ las ayudas de los beneficiarios; la empresa que dejó sin internet a 149 escuelas y un policía que frustró un robo, pero se habría quedado con el botín.
Tomado de: Semana.
En tan solo una semana la Fiscalía logró llevar ante los estrados judiciales a 32 personas entre funcionarios, ex alcaldes y contratistas quienes tendrán que responder por presunta corrupción en varios delitos que suman 24.219 millones. Pero más allá de esa cifra, llama la atención la variedad y las insólitas formas como se esquilman los dineros públicos en el país.
Esa es la conclusión a la que se llega cuando se mira en detalle cada uno de los casos que motivaron las investigaciones que se desarrollaron en nueve municipios de ocho departamentos (Valle, Boyacá, Putumayo, Córdoba, Meta, Risaralda, Chocó y Huila).
En esos procesos hay de todo; desde alcaldes señalados de presunta corrupción, funcionarios de la rama judicial en actividades non sanctas; contratistas que prestan sus nombres y empresas para quedarse con los dineros públicos sin ejecutar las obras; y hasta la imputación a un policía que atendió un robo, pero se habría quedado con el botín.
¿Policía ladrón en el Meta?
Este último caso sucedió en Villavicencio, Meta e involucra a un patrullero de la Policía Metropolitana de esa capital. La historia ocurrió en abril de 2018 en un casino ubicado en una zona central de la ciudad. La patrulla del cuadrante fue alertada del desarrollo de un robo en ese establecimiento. Los agentes acudieron al lugar, frustraron el asalto y lograron determinar que los ladrones intentaron hurtar 2´795.500 pesos que sustrajeron de las máquinas, la registradora y un celular que había en el sitio.
Pero testigos presenciales de los hechos denunciaron que uno de los policías se guardó entre el cinturón el celular y luego salió del lugar con una maleta que contenía 1´676.000 pesos. Al uniformado lo destituyeron y la Fiscalía lo acaba de imputar por los presuntos delitos de peculado por apropiación. El uniformado no aceptó los cargos.
El otro caso de presunta corrupción sucedido en el Meta está relacionado con un contrato por 1.933 millones de pesos para la prestación del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones educativas oficiales de Villavicencio.
Los involucrados son cuatro personas entre funcionarios de la alcaldía y contratistas, a quienes la Fiscalía los acusó de celebrar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado. Todos fueron capturados este fin de semana.
Tierrero y tributos en el Valle
En el Valle del Cauca la Fiscalía le puso la lupa a dos contratos que se realizaron en El Cerrito y La Cumbre y que salpican a dos ex alcaldes y uno en ejercicio. El dinero público comprometido en ambas operaciones asciende a la suma de 1.741 millones de pesos.
La primera investigación tuvo lugar en el municipio de El Cerrito, donde el entonces alcalde del periodo 2012 – 2015 compró un lote de terreno de 48 hectáreas para desarrollar programas habitacionales; pero el negocio tenía dos problemas: titularidad y sobrecostos. Al final la Fiscalía imputó al ex mandatario por los delitos de peculado y se cree que el detrimento era por 1.600 millones de pesos.
El otro proceso surgió en La Cumbre, donde también el ex alcalde del anterior periodo de gobierno y la alcaldesa en ejercicio, tendrán que responder por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
La irregularidad consistió en la forma como contrataron a una firma privada para que recaudara los impuestos en mora, pero con una comisión del 30 por ciento sobre el valor cobrado entre 2016 y 2017. Para la Fiscalía, ese contrato comprometió recursos públicos por valor de 141 millones de pesos.
Esquilmando a las víctimas del conflicto
Este caso es insólito no solo por el número de afectados y el monto del botín, sino por la calidad de las víctimas, ya que son personas golpeadas por el conflicto armado colombiano. A esos detalles le agregamos que el artífice de ese presunto delito es un funcionario de la Unidad de Víctimas del Chocó.
En tan solo una semana la Fiscalía logró llevar ante los estrados judiciales a 32 personas entre funcionarios, ex alcaldes y contratistas quienes tendrán que responder por presunta corrupción en varios delitos que suman 24.219 millones.
Eso fue lo que descubrieron sabuesos de la Fiscalía cuando atendieron las quejas de 27 familias que al parecer fueron engañadas por un empleado de la Unidad de Reparación Integral de Víctimas en ese departamento. De acuerdo con la investigación, el funcionario se valía de su condición y el desconocimiento de sus representados para apropiarse de los auxilios destinados a los afectados.
El funcionario que hoy tiene prisión domiciliaria, se habría apropiado de 125 millones de pesos y según la Fiscalía, una de sus víctimas era un joven analfabeto y con discapacidad mental.
Hicieron ´fiesta´ los dineros públicos
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2014 cuando se firmaron varios contratos para las fiestas patronales del municipio. Pero según la Fiscalía, los contratos se pagaron sin que se ejecutaran todas las actividades estipuladas.
Giro misterioso
Las autoridades aún se preguntan cómo pretendían darle legalidad a los millonarios giros que hicieron en 2017 desde la alcaldía de Coveñas, Sucre, a una cuenta bancaria que estaba suspendida.
El ente investigador alcanzó a documentar transacciones a esa cuenta por valor de 7.639 millones de pesos y para rematar, en la alcaldía no demostraron que existieran vínculos contractuales con la empresa a la cual le estaban girando el dinero. Esa presunta irregularidad hizo que la Fiscalía imputara a dos ex funcionarios y un contratista por los presuntos delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo, falsedad en documento público agravado. A los tres un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
¿Funcionario estafador?
Esta investigación judicial tuvo lugar en uno de los juzgados civiles de Neiva, Huila, donde trabajaba el funcionario involucrado en los presuntos hechos delictivos. Todo arrancó con la denuncia por estafa que interpuso una mujer que pretendía acceder a la compra de una vivienda a través de los remates judiciales.
Según explicó la víctima, ella alcanzó a entregarle al funcionario la suma de 9.710.000 pesos con la excusa de los honorarios para un abogado que ayudaría en el proceso de remate. Pero la Fiscalía descubrió que el contrato diligenciado contenía información falsa. Hoy el ex funcionario judicial sigue vinculado al proceso, pero con restricción para salir del país y debe presentarse periódicamente ante una autoridad competente.
Por alojar y alimentar policías
Uno de los casos de presunta corrupción más insólitos se relaciona con el proceso que adelantó la Fiscalía en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. El caso llamó la atención no solo porque involucró al alcalde actual, sino por el monto y el objeto del mismo.
El mandatario de ese municipio fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria porque en 2008 cuando era un particular celebró un contrato con el municipio que hoy dirige. El objeto de ese contrato era por diez millones de pesos para el alojamiento y alimentación de cien policías que apoyarían la seguridad durante la época decembrina.
Pero la fiscalía halló que ese contrato se hizo con irregularidades y le imputó los presuntos delitos de celebración sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en calidad de interviniente.
La plaza de la desidia
La plaza de mercado de Puerto Asís, Putumayo, se convirtió en un monumento al abandono y la desidia de la clase dirigente a la hora de invertir los dineros públicos.
Así se desprende de la investigación que hizo la Fiscalía en la que descubrió que además de que se pagó en su totalidad la obra, la misma no se culminó y lo ejecutado se encuentra en abandono. El dinero involucrado en esa irregularidad es por 5.199 millones de pesos y salpicó a seis personas entre ex funcionarios de la gobernación y contratistas.
Aunque los hechos ocurrieron en 2013, solo hasta ahora las autoridades toman cartas en el asunto y a los involucrados les imputaron cargos por los presuntos delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos.
En ese mismo departamento la Fiscalía abrió otra investigación contra la ex alcaldesa de Mocoa y la secretaria de Infraestructura de la Gobernación, por los supuestos delitos de prevaricato por omisión, porque al parecer no tomaron las acciones preventivas para evitar la tragedia de la avalancha ocurrida el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017, que dejó como saldo 336 muertos y cien personas desaparecidas.
Condenado por una pensión
Y en Córdoba el Tribunal Superior condenó a 9 años de prisión al juez Primero civil Municipal de Momil, por otorgar irregularmente una pensión a un extrabajador de Telecom y que en su momento se tasó por la suma de 196 millones de pesos.