10 Julio 2019.
Foto: Pixabay.
RSF urge a las autoridades indias a revisar la la legislación para garantizar un acceso pleno al derecho universal a la información en internet tras un nuevo corte de la red, el número 61 en lo que va de año.
Tomado de: Reporteros Sin Fronteras.
La provincia de Cachemira sufrió ayer un nuevo corte de internet. Las autoridades indias llevan un ritmo de diez interrupciones del servicio al mes, cada una de ellas con la consecuente privación del acceso a la red de miles de personas. La última vez, el 5 de julio, se ha visto afectado el distrito de Shopian. Las autoridades alegan «medidas preventivas», tras una noche de enfrentamientos armados entre milicias separatistas y paramilitares.
Según Software Freedom Law Centre, las autoridades de la India han cortado internet en 61 ocasiones en lo que va de año, 45 de ellas en los estados de Jammu y Cachemira. Un récord: India desconecta Internet más que cualquier otro país en el mundo.
«Desconectar internet impide que los periodistas trabajen porque impide que accedan a los recursos más básicos para su profesión, privando además al público de información independiente», afirma Daniel Bastard, responsable de la oficina de Asia – Pacífico de Reporteros Sin Fronteras.
«Estos cortes suponen una violación del derechos a la información y son más desconcertantes si cabe por ser el resultado de medidas que toman de forma totalmente arbitraria las autoridades locales o federales. El gobierno central debería revisar la legislación que lo permite para garantizar que los ciudadanos tengan un acceso no restringido e incondicional a la información en internet», añade.
Apagón total de cinco meses
Según los análisis de Reporteros Sin Fronteras, un tercio de los cortes dura menos de 24 horas. Pero algunos duran mucho más. En julio de 2017, se impuso un bloqueo en Cachemira que duró al menos cinco meses tras las protestas por la muerte de un líder separatista.
Un año después, la población del distrito Darjeeling, en el noreste fronterizo con Bután y Nepal, estuvo 100 días sin internet, supuestamente para evitar la difusión de mensajes de milicias proautonomistas.
Para imponer esta censura se utilizan tres elementos legales. En la mayoría de los casos, la sección 144 del código penal. que otorga la potestad a los gobiernos locales para «emitir órdenes para remediar inmediatamente casos de peligro inminente». La falta de definición de esta disposición permite a las autoridades una manga muy ancha en su aplicación.
La segunda disposición que se invoca es la ley del telégrafo de 1855, de la era colonial, aunque la red de internet actual tenga poco que ver con los telegramas del S.XIX. Su artículo 5 permite cortes por «emergencias públicas» o en nombre de la «seguridad pública».
El ministerio federal de comunicaciones intentó modernizar estas disposiciones en agosto de 2017 con las reglas de «suspensión temporal de los servicios de telecomunicaciones», que establecían que internet debía suspenderse por una orden del ministerio del Interior o su equivalente en los estados de la India, y debía ser revisada por un comité especial en un espacio de 24 horas.
Pero estas reglas no detallaban las circunstancias especiales en las que las autoridades eran competentes para desconectar internet. El resultado es que pueden imponer un corte en un distrito por motivos completamente arbitrarios, como el deseo de censurar información sobre corrupción, por ejemplo.
Las reglas de 2017, en lugar de limitar los cortes de internet parecen haber desencadenado el efecto contrario: el número de cortes aumentó de 79 en 2017, a 134 en 2018, casi el doble, y cerca de lo que apuntan las cifras actuales de 2019.