Foto: AFP
El 26 de marzo de 2018, hace un año, fueron secuestrados los ecuatorianos Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
Ellos integraban un equipo periodístico que había viajado desde Quito a la provincia de Esmeraldas, en medio de una investigación para el diario ‘El Comercio’ sobre la situación de orden público en la frontera alterada por ataques del frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las Farc.
Tomado de: El Tiempo.
Fueron 18 días de dolor e incertidumbre para las familias, hasta el 13 de abril, fecha en la que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, reconoció que Ortega, Rivas y Segarra habían sido asesinados por las disidencias al mando de Wálter Patricio Arizala, alias Guacho (muerto en una operación de la Fuerza Pública el 21 de diciembre del año pasado).
EL TIEMPO tuvo acceso a la respuesta al derecho de petición con fecha 22 de marzo del 2019, firmado por Óscar Enrique Ortiz González, secretario de Gabinete del Ministerio, en el que afirma que las operaciones militares se mantuvieron, pero con todo el cuidado de no poner en riesgo la integridad y la vida de los secuestrados; y que para ello se facilitaron corredores humanitarios.
“Una vez conocido el secuestro de los ciudadanos ecuatorianos, se dispuso la continuidad de las operaciones militares en los sectores adyacentes al área de frontera con Ecuador, bajo la máxima de no comprometer con maniobras ofensivas la integridad de los secuestrados y limitando el uso de la fuerza a la legítima defensa ante eventuales agresiones del Gaor ‘Óliver Sinisterra’ que se atribuyó la autoría del secuestro y posterior asesinato”, se lee en la respuesta.
Añade el Ministerio que el objetivo de las autoridades colombianas siempre fue facilitar la comunicación entre el gobierno de Ecuador o sus delegados para lograr la liberación del equipo de periodistas y que para ello “se dejaron algunos sectores desprovistos de presencia militar, de forma que contribuyeran a la adecuación de corredores humanitarios”.
Señala el ministerio de la Defensa que si bien “se advertía sobre la presencia de los secuestrados sobre el sector sur del municipio de Tumaco (área de frontera) las operaciones militares no tuvieron como misión afectar objetivos de valor de la estructura de ‘Óliver Sinisterra’ para evitar eventuales retaliaciones contra los secuestrados”. E insiste que no buscaron la liberación militar de los secuestrados.
Se dejaron algunos sectores desprovistos de presencia militar, de forma que contribuyeran a la adecuación de corredores humanitarios
En la respuesta se enfatiza que “en relación con una supuesta liberación de los ciudadanos ecuatorianos (…) la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y sus unidades tácticas subalternas informan que no obran registros de una liberación”.
En su momento, este diario dio cuenta de ese proceso de liberación con información de una alta fuente.
‘Rehenes’
Las dudas de los familiares están sustentadas, entre otras razones, en la publicación del libro ‘Rehenes’, redactado por los periodistas ecuatorianos Arturo Torres y María Belén Arroyo.
En el libro de 280 páginas describen la situación en la frontera, y se centran en la investigación que realizaron sobre los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los tres comunicadores.
El libro señala -con base en información de las autoridades de los dos países- que ‘Guacho’ ordenó el secuestro de Ortega Rivas y Segarra para presionar la liberación de Patrocio Cortés, ‘Cuco’; Diego Tobón y James Cuajiboy, sus hombres de confianza, quienes habían sido capturados en Mataje (Ecuador) el 12 de enero del 2018.
Uno de los episodios, registrado en los expedientes ecuatorianos, es el papel del mayor de la Policía Alejandro Zaldumbide Navia, quien prestaba sus servicios en San Lorenzo, y quien al siguiente día de la captura de sus hombres fue contactado por ‘Guacho’ a través de WhatsApp tratando de negociar su liberación; contacto que se utilizó en gran parte del secuestro de los periodistas de El Comercio.
En ‘Rehenes’ se señala que el 28 de marzo, dos días después del plagio, ‘Guacho’ iba a liberar supuestamente al equipo, pero que por actividades operacionales de la Fuerza Pública se entorpeció el proceso.
“El exministro Navas (César Navas, ministro del Interior) nos confirmó que sí recibieron datos fidedignos sobre el fin del cautiverio. Por ese motivo, el Gobierno (…) movilizó helicópteros y coordinó el desplazamiento del fiscal Christian Rivadeneira a San Lorenzo para recibirlos”, se lee en el libro.
Navas, reconoce que no sabe por qué no se concretó la liberación, “solo nos dijeron que de un momento a otro los habían movido de la zona”.
De acuerdo con la investigación adelantada ‘Guacho’ ordenó el asesinato de los tres hombres el 7 de abril, y trato de seguir chantajeando al Gobierno ecuatoriano con la entrega de los cuerpos.