Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta de Transparencia por Colombia. – Andrés Hernández, director encargado de Transparencia por Colombia.
SEGÚN GALLUP, 85 % DE LOS CIUDADANOS CREEN QUE ESTE FENÓMENO ESTÁ EMPEORANDO
3 Mar 2017 – 11:42 PM
Los resultados de la última encuesta Gallup demuestran que la corrupción es el principal problema del país y que el 85 % de los ciudadanos creen que la situación cada vez es peor. El Espectador habló con Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia, y con Andrés Hernández, director encargado de la entidad, para saber cuál es el aporte de la sociedad civil a la hora de combatir este fenómeno.
¿Qué es y qué hace Transparencia por Colombia?
Rosa Inés Ospina: Transparencia por Colombia es el capítulo local de Transparencia Internacional, un movimiento mundial de lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, que agrupa organizaciones autónomas en más de 100 países del mundo. Desde 1998 nos hemos dedicado a entender cuáles son las características propias de la corrupción en el país, cómo se comporta, cómo evoluciona y cuáles son sus dinámicas principales. Además, hemos desarrollado una serie de herramientas para prevenir, visibilizar y combatir el fenómeno que tanto afecta a la sociedad.
¿Qué entienden ustedes por corrupción?
R.I.O: Entendemos corrupción como el abuso de una posición de poder para beneficio personal en detrimento del interés general.
¿Cuáles son las principales formas de corrupción en el país?
Andrés Hernández: La primera y quizá la más grave es la forma cómo se accede al poder en Colombia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes los financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en la que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que lo que Colombia ha ganado en democracia lo ha perdido en corrupción y que esto se agudiza en los municipios y en las regiones, ¿qué opinan?
R.I.O.: Desde Transparencia no aceptamos que se señale solo al nivel subnacional como involucrado en este proceso. Al contrario, el nivel central es más responsable que los niveles territoriales. De alguna manera los municipios reproducen lo que el Ejecutivo establece como modelo de gestión, de política y de gobierno. Desde la Constitución del 91 existen partidas presupuestales, auxilios parlamentarios y otros mecanismos que todos los presidentes han usado para comprar votos.
¿Qué está haciendo Transparencia para prevenir y combatir este fenómeno?
A.H.: Tenemos tres ejes de trabajo. El primero es entender cómo actúa la corrupción en el país. Para lograrlo generamos metodologías de medición del riesgo y herramientas para identificar dónde están las grietas institucionales que permiten el actuar de los corruptos. El segundo ámbito consiste en fortalecer coaliciones y alianzas con otras organizaciones para incidir en la creación de instrumentos de política pública normativos, legislativos e institucionales que enfrenten las nuevas dinámicas de corrupción que hemos encontrado. Lo tercero es hacer un trabajo con la opinión pública para generar sensibilización, hacer seguimiento y exigir rendición de cuentas.
¿Cuál es la consecuencia más grave de la corrupción?
El problema real de la corrupción es que, por ejemplo en el caso de Odebrecht, la plata de los sobornos se la cobran a la obra y ese sobrecosto lo tenemos que pagar nosotros, con nuestros impuestos. Sin embargo, la gente cree que esto es un problema moral, que hay unos malos que incumplen con las reglas del juego, pero en realidad las víctimas no son los otros contratistas, sino la sociedad civil en su conjunto. Los recursos de todos los ciudadanos se pierden en la corrupción.
En el imaginario colectivo la corrupción es un buen negocio, ¿cómo hacer para combatirla?
R.I.O: Un famoso académico decía que la corrupción es una decisión gerencial y se rige bajo la siguiente fórmula: “qué tanto me voy a ganar en relación con qué tan fácil es que me cojan y, sobre todo, qué tipo de castigo voy a recibir”. Generalmente lo que los corruptos reciben en sus negocios es mucho mayor que lo que podrían perder en caso de que los cojan. Entonces, tenemos que tratar de revertir esa ecuación y ahí el rol de la sociedad civil es crucial. Además de alertar y prevenir estamos tratando de fortalecer la denuncia, la voz del ciudadano, del funcionario, del empresario que se cansa de la corrupción y decide hacer público su descontento. Estamos trabajando en una estrategia de acompañamiento jurídico y legal para que las denuncias sean mucho más estructuradas y los órganos de control puedan llegar al fondo de cada caso.