En su artículo «Los miedos de los militares a la JEP (Justicia Especial para Paz)”, El Espectador reveló ayer que oficiales retirados de las Fuerzas Militares, encabezados por el amargado general (r) Jaime Ruiz Barrera y por exministro de Defensa de los años 80, Rafael Zamudio, entre otros, tienen lista una carta para el Jefe de Estado con el fin de expresarle las “dudas que ponen en peligro su seguridad jurídica”. Se refieren al proyecto que se tramita en el Senado sobre el sistema judicial transicional con que se juzgará a los hombres armados del Estado que cometieron delitos de guerra, sistema que supone mayores ventajas para los procesados que el que rige en la Corte Penal Internacional (CPI). Después de unas declaraciones tajantes del exministro Yesid Reyes a la W en que despejaba las mentiras (“el artículo 28 de la CPI no va”) que generaron la comunicación escrita, se abortó el envío del documento que amenazaba con convertirse en un acto de grave insubordinación puesto que se conoció que había una segunda “carta de renuncia de los altos mandos”, es decir, en servicio activo.
La pregunta que surge, entonces, no es: ¿cuáles son sus miedos?, pues es obvio que los militares le temen al rigor de una corte de carácter supranacional fuera del alcance del manoseo local. El interrogante es: ¿quién les mete miedo? Y el subsiguiente cuestionamiento es: ¿con cuáles propósitos? No son sanos, en todo caso. No de otra manera se entiende que la cúpula de los generales en retiro, cuya extensión en materia de Inteligencia le permitiría enterarse de lo que deseara, haya estado tan mal informada. Alguien (¿un exviceministro conspirador, profesional frustrado y extremista de derecha o un alto funcionario judicial?) los convenció de que si se aprueba la JEP, automáticamente los uniformados con líos penales comparecerán ante un tribunal de abogados de la izquierda mundial unida, que los juzgará según el dichoso artículo 28 de la CPI.
¡Qué vergüenza! Los poco valientes retirados, muertos de pánico, creyeron los cuentos que les llevaron y ni siquiera se tomaron el trabajo de comparar el texto del artículo de la CPI que los escandaliza, con su similar —que no igual— del proyecto redactado en el propio Ministerio de Defensa y bajo la batuta del general Juan Guillermo García Serna, abogado experto en derecho de los Derechos Humanos y quien, por tanto, sabe cómo ajustar el sistema judicial que se aplicará aquí, con los estándares internacionales de justicia exigidos en el mundo y en Colombia, gracias a las firmas de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe quienes ahora critican como si no tuvieran nada que ver. Para empezar, mientras que el artículo 28 es imperativo en el sentido de que “el jefe militar… será penalmente responsable por los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo…”, en el artículo transitorio 23 escrito en el Ministerio de Defensa se lee que “para la determinación de la responsabilidad del mando… se aplicará el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública…”. Es decir, que el derecho interno primará sobre el externo y, para mayor gusto de los uniformados, se limitará la determinación de la responsabilidad del mando de tal manera que “no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción”. Hay muchos otros condicionamientos allí, tantos, que la fiscal de la CPI y Human Rights Watch han advertido que muchos crímenes de lesa humanidad quedarán impunes. Por ejemplo, los atroces falsos positivos. Sergio Jaramillo lo sugirió en la W y no le pararon bolas: este lío que habría terminado en un atentado contra la democracia es armado por políticos pescando en río militar. ¿Quiénes son? Los de siempre.
Entre paréntesis.- Desviaciones de los sesgos ideológicos: los militares firmantes de la carta al presidente, dicen que no les da “mayor garantía” la presencia de dos juristas internacionales en la comisión que elegirá a los magistrados de la JEP: el peruano Diego García Sayán y el argentino Juan E. Méndez. García-Sayán, hijo de quien fuera canciller, fue, a su vez, ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país; educado en colegio católico y universidad pontificia, es sospechoso en la Colombia militarista por haber sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan E. Méndez se graduó en una universidad católica de Mar de Plata y trabajó en una iglesia de esa religión, en Illinois; Fue profesor de Derecho del Washington College of Law y ha impartido clases en Georgetown, John Kopkins y Oxford. No es bienvenido por haber representado a trabajadores y presos políticos. En contraste, el abogado Jesús Orlando Gómez, asesor del Ministerio de Defensa y quien revisó y dio su visto bueno al artículo 23 que hoy desconoce en sus entrevistas radiales, es el cónyuge de la cuestionada magistrada activa a pesar de su periodo vencido en el Consejo de la Judicatura, Julia Emma Garzón. Ella estuvo involucrada en el carrusel de pensiones cuando le hizo subir a una amiga suya la mesada pensional de $2,9 millones a 11,5 %. El mismo Gómez – que posa ahora de gran jurista hizo pasar su pensión de $2 millones, 100 mil pesos, a $20 millones, 300 mil, por fallo del Consejo de la Judicatura en que trabaja su señora. Buena perspectiva: mientras contratan a este colombiano de polémica conducta, objetan a dos grandes figuras del derecho internacional.