Foto: César Melgarejo.
La polémica en torno al artículo 84 (antes, el 303) del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual abre la posibilidad para que hombres y mujeres a quienes les falten menos de 10 años para su jubilación y tengan 750 o más semanas cotizadas se puedan cambiar de régimen, se volvió a encender este lunes.
Tomado de: El Tiempo.
La razón, los 50 billones de pesos que le costarían al Estado los traslados exprés que quedarían habilitados por cuatro meses, de aprobarse el Plan de Desarrollo tal como está hoy.
La polémica llegó a tal punto que, hasta altas horas de la noche, el Gobierno analizaba con detalle si les pedía a los ponentes retirar el ya famoso artículo, lo cual podría darse este martes en la reunión que estos tendrán con funcionarios del Ministerio de Hacienda, previo a la radicación de la ponencia.
Santiago Montenegro, presidente del gremio, le dijo a EL TIEMPO que, según se estima, con esa medida saldrían de los fondos unos 210.000 afiliados, de los cuales 170.000 son de altos ingresos a los que el Estado tendrá que subsidiar sus pensiones, mientras que los otros 40.000 no podrán obtener su pensión cuando se cambien al Régimen de Prima Media.
¿Por qué la gabela de los traslados exprés entre regímenes, incluida en el Plan de Desarrollo, resulta inconveniente?
Porque con esto se está generando un mayor problema fiscal y de equidad, algo que va en contravía de lo que se busca con la reforma pensional, en la medida en que se le está dando a muy poca gente 50 billones de pesos, recursos con los que, fácilmente, se podría sacar de la pobreza a 1,7 millones de ancianos que hoy no tienen recursos para su sustento diario.
Pero si hay traslados, la gente se llevará los ahorros que tiene en sus cuentas de las AFP a Colpensiones…
Nuestros cálculos apuntan a que quienes cumplirían con los requisitos de traslados serían unos 207.000 afiliados (entre hombres y mujeres). Si todos se cambian (a Colpensiones), eso le costará al Estado 77 billones de pesos.
Ahora, de los fondos privados saldrían ahorros por 27 billones de pesos con destino a Colpensiones, con lo que se cubriría una parte de esos 77 billones, y la diferencia, 50 billones netos, que corresponden a subsidios para esas personas, deberá correr por cuenta del Estado, dinero que no está financiado; y luego tocará sacar la plata de deuda pública o impuestos.
¿Cómo se distribuyen esos afiliados que podrían cambiarse de régimen si se aprueba el PND?
Las cifras nos muestran que de los 207.000 afiliados que cumplirían las condiciones, 170.000 personas son de altos ingresos, a los que el Estado tendría que entrar a subsidiar con un costo de 50 billones de pesos; los restantes 40.000 afiliados no alcanzarían a llenar el requisito para obtener su jubilación en el Régimen de Prima Media.
En Colpensiones dicen que la medida abre una ventana para que algunas personas se puedan trasladar sin tener que demandar. ¿Comparte esa posición?
Es un argumento muy absurdo porque lo que se abre es la posibilidad de que se den millonarios recursos a solo 170 mil personas de ingresos altos que no tiene necesidad alguna de que les subsidien sus pensiones; por eso, la propuesta carece de sentido.
Son 15.000 demandas frente a las cuales los jueces tienen que decidir cuáles son justas y cuáles no. Recuerde: en esas demandas de nulidades de afiliación ha habido muchos fraudes, grupos de abogados que engañan a la gente, lo cual es muy peligroso.
Entonces, si hay demandas, si se cometieron errores e injusticias en las afiliaciones a los fondos, que sea la justicia la que las resuelva.
¿De dónde la preocupación de los fondos cuando las personas saben que estos les generan buenas rentabilidades y no querrían cambiarse?
La preocupación es porque estamos discutiendo una reforma pensional; entonces, la invitación es a que hagamos una discusión del tema en ese contexto y no metiendo un artículo a las carreras (en el PND) sacado del sombrero.
Hagamos la discusión con argumentos y estudios. Hasta el momento no hay uno en detalle de esta propuesta que cuesta mucho dinero; es preocupante que se hagan las cosas de forma apresurada e irresponsable. El Gobierno está hablando de una reforma pensional; entonces, las decisiones se deberían tomar en ese contexto.
¿Y con la reforma pensional se podría solucionar el dilema de los traslados?
La idea de la reforma pensional es aumentar cobertura, hacer sostenible el sistema y volverlo más equitativo. Entonces, parte de la propuesta es eliminar los subsidios que quedan y con ese dinero financiar los programas de Colombia Mayor y los Beps para sacar a millones de colombianos de la pobreza.
¿Han tenido reuniones con el Gobierno para tratar este tema?
La semana pasada estuvimos reunidos en el Ministerio de Hacienda en torno a este tema, y las cifras que tiene el Gobierno son muy parecidas a las que estamos dando a conocer.
¿Quiénes son los autores del controvertido artículo?
El pasado 20 de marzo, día en que se llevó a cabo la primera votación del proyecto Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso de la República, un grupo de no menos de 13 parlamentarios le hicieron llegar al Legislativo una proposición que pasó casi desapercibida para muchos, pero que hoy tiene enfrentados y haciendo cuentas tanto al propio Gobierno como a los fondos de pensiones privados (AFP).
La iniciativa quedó radicada justo a las 4 y 20 de la tarde de ese día, respaldada por congresistas de distintas bancadas como David Rocero, Juan Pablo Celis, Edwin Ballesteros, Juan Espinal, Enrique Cabrales y ocho legisladores más, quienes solicitaron la inclusión del artículo en el Plan de Desarrollo.
La idea de que los afiliados al sistema de pensiones que no recibieron doble asesoría, con menos de 10 años para obtener su jubilación y con más de 750 semanas de cotización, tuvieran una gabela para solicitar su traslado de régimen ha generado tanta polémica que hoy se busca a como dé lugar sacarla de las discusiones del segundo debate que se inicia esta semana.
Gobierno busca fórmulas para frenar cambios
La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debe quedar lista antes del próximo 7 de mayo, se le está complicando al Gobierno debido al artículo 84 (antes, el 303), el cual daría un plazo de cuatro meses para que a aquellos que, con menos de 10 años para su jubilación (hombres y mujeres), lo puedan hacer, claro está, si han cotizado 750 semanas o más.
En la noche de este lunes, según conoció EL TIEMPO, si bien el Ministerio de Trabajo calificó como negativa la proposición, no había unidad de criterio en el sentido de pedirles, de manera formal a los ponentes del proyecto de ley, la eliminación del polémico artículo.
En efecto, según confirmó una alta fuente del Gobierno, dentro de los equipos técnicos se estaba revisando si se hacía formal la solicitud, entre otras razones porque se ve muy duro que los ponentes acepten dicha solicitud, pues implicaría que la polémica gabela, que tiene en alerta a los fondos privados de pensiones, no sea discutida ni votada en el seno de las plenarias de Senado y Cámara, evitando su debate parlamentario.
En Asofondos, gremio que representa a los fondos privados de pensiones (AFP), estiman ese impacto en 50 billones de pesos, recursos que irían a financiar las pensiones de personas de más altos ingresos, solo unas 177.000 que se estima podrían salir de esas entidades a Colpensiones, al amparo de dicha propuesta parlamentaria.
Los cálculos del Gobierno son muy similares a los de Asofondos, advierte Santiago Montenegro, presidente del gremio, y quien se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Hacienda para analizar el impacto de la propuesta.
En medio del intenso debate, también se pronunció el Ministerio del Trabajo al señalar que la iniciativa conlleva riesgos de financiamiento para el sistema pensional en el mediano y largo plazos.
Al referirse a la propuesta, Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, dijo que “el Gobierno es el que debe decidir si la apoya o no. Si tiene ese monumental costo fiscal que calcula Asofondos, estoy seguro de que no saldrá… Supongo que la defenderán los autores”.