8 Julio 2019.
La desgraciada situación protagonizada por alias Jesús Santrich vuelve a abrir el debate sobre si fue conveniente o no suscribir un acuerdo para desmovilizar a las Farc y si ese acuerdo fue exageradamente generoso con los miembros de ese grupo, que cometieron delitos sin nombre en el marco del conflicto armado.
Tomado de: La Silla Vacía.
La respuesta que parece aceptada en forma mayoritaria por la opinión es sorprendentemente contraevidente. El relato público dominante asume que a los guerrilleros se les otorgaron muchas concesiones, que los tienen hoy en una situación de privilegio que incluso les facilita seguir delinquiendo con garantía de impunidad.
La situación de Santrich lo que prueba es exactamente lo contrario: que los ex Farc están hoy, como no lo estuvieron en los cincuenta años anteriores, sometidos a la ley y que si hay siquiera indicios de que reinciden, el Estado tiene todos los instrumentos para impedir que lo hagan o castigarlos.
A esta hora sigue siendo incierto el paradero del exnegociador, pero asumamos lo peor: que abandonó el proceso, es prófugo de la justicia e incluso que pretende volver a levantarse en armas y enfrentar al Estado. Si así fuera, Santrich habría vuelto a la situación en la que estuvo durante décadas antes del acuerdo y por tanto no habría sacado ningún provecho.
Las deserciones de cabezas visibles de la antigua guerrilla como Iván Márquez, Romaña y alias El Paisa parecieran contradecir la afirmación reiterada de que las condiciones convenidas para el desarme fueron muy generosas en favor de los ex combatientes y que incluso significaban un costo muy alto para la sociedad.
Las hipótesis de porqué ha habido deserciones importantes y eventualmente un número creciente de disidentes sólo pueden ser tres: o bien esas personas nunca tuvieron la intención sincera de abandonar la actividad delictiva, o las condiciones pactadas no tenían los suficientes incentivos para abandonar las armas, o el Estado ha incumplido lo pactado. Es decir, todas las opciones menos la que un gran sector de la población cree, que es que el acuerdo fue muy generoso, porque si lo fuese no lo abandonarían, así de simple.
Los rebrotes de violencia, el fortalecimiento aparente del ELN, el crecimiento de los ataques a la fuerza pública e incluso el aumento de la cifra de homicidios son nuevamente razones que no solo justifican la suscripción del acuerdo con las FARC sino que obligan a hacer esfuerzos por conseguir desactivar esos otros factores de violencia mediante un acuerdo negociado que, a pesar de todo, ha probado que es el medio más eficaz para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.
Los opositores al proceso insisten en que el acuerdo es un camino de impunidad y que no previó los instrumentos suficientes para reparar a las víctimas o que no aseguró que los ex combatientes proveyeran verdad y reparación. Bastaría con verificar las casi nulas opciones de satisfacción de sus derechos que tienen las víctimas del ELN o de las disidencias de las Farc.
Las víctimas de las Farc tienen una ruta, una verdadera expectativa, un esquema institucional diseñado para satisfacer sus derechos; las víctimas del ELN en cambio tienen prácticamente la certeza de que nunca se va a individualizar el autor de un determinado crimen y de que si aspira a una reparación tendrá que reclamarla al Estado sin que haya opción alguna de que los victimarios aporten algo de verdad o de reparación para la satisfacción de sus derechos.
Los contrastes de las situaciones actuales deberían ser suficientes para cerrar la discusión sobre la conveniencia del acuerdo con las Farc. Si el acuerdo no se hubiera firmado tendríamos 10.000 Santrich, es decir 10.000 guerrilleros prófugos probablemente delinquiendo y con bajas posibilidades de ser sometidos a la justicia – como ocurre con El Paisa, respecto de quien la JEP emitió orden de captura que la fuerza pública no ha podido hacer efectiva, probablemente tardará meses o años en hacerlo después de gastar inmensas cantidades de recursos para lograrlo.
Incluso cuando el accionar de la fuerza pública parece eficaz los derechos de las víctimas quedan en entredicho por la vía de la confrontación. Las víctimas de alias Guacho, abatido por el ejercito en Nariño, no tendrán verdad y su reparación será administrativa a cargo del Estado.
La decepción que significa la conducta de Santrich debería producir el efecto de reforzar la voluntad de la sociedad de cumplir un acuerdo que permitió desarmar a más de 10.000 personas y que abre la expectativa real de satisfacer los derechos de las víctimas, sin embargo, la reacción, de una parte importante de la población pareciera ser la de desistir y volver a confiar en un camino que ha probado ser totalmente ineficaz para las víctimas, además de aumentar el número de ellas.
El grueso de los miembros de las Farc, liderados por Timochenko, han demostrado que sí tienen la voluntad de someterse a la ley y confiar en el cumplimiento del acuerdo a pesar de que el Estado lo convirtió en un acuerdo de desarme y no de “paz”, a pesar de que han asesinado a más de un centenar, a pesar de que se mantiene la incertidumbre jurídica y la amenaza de cambiar las condiciones pactadas.
El acuerdo ha probado con creces sus bondades y el martes cuando Santrich no llegue a su cita con la Corte Suprema de Justicia no será el momento de desistir sino todo lo contrario el de persistir.