Un proyecto piloto que prometía cambiarle la cara al servicio de taxis de Bogotá está a punto de hacer quebrar a más de 50 propietarios de la ciudad. Taxistas preparan una demanda en contra del Distrito por lo que califican como “un proyecto que nació muerto”.
Por: Jairo Cárdenas / @Jairo_Cardenas7
Cincuenta conductores de Bogotá se la jugaron en 2013 por un proyecto piloto de la administración Petro: el servicio de taxis eléctricos. Cuatro años después están a punto de perderlo todo. Su inversión se quedó sin respaldo por la supuesta falta de compromiso de la actual administración y la desvinculación de las empresas privadas que, en su momento, le apostaron a este servicio en la capital. (Lea: 2.000 taxis de gasolina serán remplazados por vehículos eléctricos en Bogotá)
En teoría, el proyecto de impulsar el uso de energías limpias en el servicio público de transporte de la ciudad pintaba bien. Los que se sumaran tendrían 10 años de licencia para rodar sin pagar el famoso cupo que cobran las empresas de taxis, estarían libres de la medida de Pico y Placa, recibirían durante un año un pago mensual de $900.000 por publicidad voz a voz y contarían con el apoyo de la Alcaldía, la Secretaría del Medio Ambiente, Codensa y Praco Didacol, entre otros. El plan era tan atractivo que esperaban tener en tres años 600 taxis eléctricos rodando en la ciudad.
Sin embargo, desde el inicio se presentaron falencias que marcaron el camino hacia el fracaso en el modelo de negocio y en la operación de estos taxis, que hoy se traducen en una cifra: el plan se quedó estancado y sólo hay 43 vehículos prestando el servicio. El número podría disminuir en los próximos años si nadie salva el proyecto.
Según explica Pablo Bogolla, uno de los propietarios, la prueba piloto contó al comienzo con el respaldo del Distrito. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los canales de comunicación se fueron diluyendo hasta el punto en que los taxistas tuvieron que afrontar solos una serie de problemas que hoy nadie les ayuda a resolver.
“Nosotros invertimos con la esperanza de ser parte del cambio de la ciudad. Muchos vendimos nuestros carros para poder conseguir los $97 millones que costaba el eléctrico y hoy estamos cerca de quedar en la ruina, porque Bogotá no tiene la infraestructura necesaria para atender este tipo de vehículos y nadie en la Alcaldía nos da la cara”, dice Bogolla.
A pesar de que la administración Petro trató de darle un último impulso al proyecto, al firmar el 30 de diciembre de 2015 (un día antes de terminar su mandato) un decreto que obligaba a que la reposición de taxis fuera por vehículos de cero emisiones contaminantes (como los eléctricos), la administración de Enrique Peñalosa lo derogó el pasado 27 de diciembre, por considerar que la ciudad no tenía la capacidad para este cambio. “Era un decreto muy iluso (…). Los taxis eléctricos por ahora no se pueden masificar”, indicó Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.
Y al parecer tiene razón. Según los propietarios de taxis eléctricos, la empresa BYD (que vendió los vehículos para el plan piloto) tiene un deficiente servicio posventa. La falta de repuestos y las demoras de importación han obligado a algunos taxistas a parar por varios meses sin tener ninguna entrada económica, mientras deben seguir cumpliendo con sus obligaciones bancarias. A esto se suma que la evolución de la tecnología de energía eléctrica para carros también ha aumentado los costos de refacción de los taxis entregados en el 2013, pues las averías de ciertos componentes obligan a hacer grandes cambios en todo el sistema.
Ante esta situación, el gobierno de China, como parte de su estrategia de expansión económica y de cooperación en Colombia, plantea continuar promoviendo el uso de vehículos eléctricos para servicio público a través de las marcas que tienen presencia en el país. La embajada anunció que trabajaría para mejorar los servicios posventa y cubrir la demanda de repuestos. Sin embargo, esto es apenas un plan en el papel.
Otra preocupación de los propietarios de taxis eléctricos es el posible cierre de las estaciones de recarga, situación que dejaría varados a los 43 vehículos que aún prestan el servicio. La inquietud surge tras el anuncio de Codensa de clausurar el próximo 15 de marzo una de las cinco estaciones que tiene actualmente operando, con capacidad para atender 300 taxis al día.
Sobre este temor, si bien Codensa confirmó el cierre por temas logísticos, aclaró que las otras continuarán operando y garantizando el suministro de energía. Y agregó que seguirá vinculada al proyecto, pero no instalará nuevos puntos hasta que crezca la demanda en la ciudad, pues con las estaciones actuales la cubre por completo.
Preocupados por la situación, los taxistas anunciaron que demandarán al Distrito, por considerar que haber abandonado el proyecto les genera perjuicios irreparables. La idea, explican, es presionar a la administración para retomar el proceso de recambio de los vehículos, crear mesas de trabajo o garantizar el futuro de sus familias con una indemnización.
Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asoprotax), indicó que ya han establecido contacto con varios asesores legales. “Este es un proyecto que nació muerto. La idea era que creciera y le cambiara la cara a la movilidad de Bogotá, pero sólo les está cambiando la vida, para mal, a nuestros compañeros”.
Frente a todas estas inquietudes, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, indicó que esta administración sí ha buscado estrategias para promover el uso de energías limpias en el servicio público de pasajeros, pero que no se pueden concentrar todos los esfuerzos en privilegiar una sola tecnología, cuando existen otras que también compiten en el mercado.
En este panorama, queda claro que el proyecto que buscaba cambiarle en parte la cara al servicio de taxis en la ciudad, por ahora se está quedando sin energía y sin respaldo en Bogotá.