3 mayo 2020 –
Foto: Pixabay.
Tomado de: El Nuevo Siglo –
La libertad de prensa, todavía más en estas épocas de coronavirus, es lo que en buena parte mantiene vigente la democracia en Colombia. En efecto, pese a la epidemia de noticias falsas que muchas veces circulan por las redes sociales, causando zozobra y distorsionando la realidad como propósito siniestro, los medios del país han sabido ponerse a la altura de unas circunstancias tan calamitosas e impredecibles como las que hoy afronta el país.
No son por supuesto épocas de buenas noticias, cuando se trata de una situación que compromete tan definitivamente la salud pública y el futuro de la nación. Pero dentro de ese escenario, quienes han hecho uso profesional del derecho constitucional de informar de modo veraz y responsable en cada una de las ramas del periodismo impreso, radial, televisado y sus derivados digitales, además sorteando de la mejor manera posible la carencia de recursos monetarios en muchas de las empresas a raíz del desplome económico nacional, les han permitido a los colombianos mantenerse permanentemente al tanto de las medidas gubernamentales, de los retos sociales y económicos así como de los mecanismos de bioseguridad e higiene necesarios para impedir el contagio.
Asimismo, la pedagogía en torno de instrumentos tan incómodos pero necesarios, como la cuarentena y el aislamiento social, ha encontrado soporte sustancial en los diversos y continuos informes de los medios de comunicación. En igual sentido estos han servido de canal esencial para lograr las donaciones y las expresiones de solidaridad impostergables para que la nación pueda salir adelante en su conjunto. En suma, se viene cumpliendo de una parte el carácter de servicio fundamental que tienen los medios en una situación como la que hoy se padece y, de otra, han hecho estos gala de su deber de escrutar, con base, efectivamente, en el derecho y el deber de informar veraz e imparcialmente.
Todo ello, en buena medida, se ha debido al sentido democrático que tiene Colombia como base irrefragable de su pacto social. Y no solo porque así lo establezcan las cláusulas constitucionales o esté escrito en la ley, sino también porque la vida en democracia, con la libertad de expresión como elemento primordial, es el fundamento cultural que ha moldeado, desde los albores de la República y aun con todas sus vicisitudes desde entonces, la forma de ser de los colombianos. Muchas veces esto no se percibe en toda su dimensión categórica, porque se da por descontado. Parecería un elemento natural tan arraigado en la sociedad que no recibe, en consecuencia, la debida apreciación.
No obstante, en Colombia, como se sabe, son varios los esguinces y amenazas a la libertad de expresión, pese a estar consagrada desde los albores republicanos casi como en ninguna otra parte de la América Latina. En efecto, los periodistas siguen cayendo mortalmente en las regiones cuando se vuelven incómodos a los intereses creados en municipios y veredas, además en medio de una impunidad flagrante; de otra parte, también son víctimas de artificios de algún sector de la inteligencia oficial, según se ha develado en las últimas horas en un informe de la revista Semana; y en otras ocasiones las empresas de que hacen parte encuentran a veces veladas talanqueras desde los propios flancos estatales.
Corresponde, desde luego, al mismo Estado impedir por anticipado que todo esto ocurra, so pena de auto infringirse una herida irreparable y llevarse por delante los postulados insoslayables a los que por demás se debe una democracia con pretensiones de llamarse tal. Está bien, en esa dirección y como lo ha hecho el Ministro de Defensa, apartar de sus funciones a quienes, dentro de la estructura castrense, causaron en su momento semejante lesión enorme a la razón de ser del Estado Social de Derecho. Razón que como se dijo no es otra, en un régimen de leyes y garantías, que velar, para el caso, por la libertad de expresión, aunque hubiera sido más tarde que temprano. De hecho, habría que recordar que en situaciones como ésta el orden de los factores sí altera el producto, por lo cual siempre es mejor actuar antes que después.
De otro lado sería necesario, en ese sentido, que el Ministerio de las TIC no solo fuera un organismo tecnológico, sino que también cumpliera las funciones vigilantes sobre la libertad de expresión que paulatinamente se han abandonado. No siendo así, el ministerio público, representante de la sociedad, podría hacer una evaluación global en la materia. La libertad de expresión, que en Colombia consideramos un principio inextinguible, se ha venido erosionando desde hace ya un tiempo largo. Y eso es grave, porque antes que un derecho es un valor, sin el cual la democracia comienza a fenecer.