Miami (29 de octubre de 2016).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que Venezuela es uno de los países en las Américas con mayores procesos legales contra periodistas y medios de comunicación, mecanismo utilizado por el gobierno, funcionarios y organismos estatales para frenar la difusión de información independiente y generar autocensura.
La más reciente denuncia involucra al diario El Nuevo País, cuyo propietario Rafael Poleo y un grupo de periodistas y trabajadores del medio fueron demandados por el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio del Pino, a mediados de octubre por difamación agravada continuada y solicitó a la corte que se le prohíba al periódico informar sobre la empresa.
Además de Rafael Poleo (exiliado desde el 2009), la querella también se interpuso contra los miembros del Consejo Editorial Graciela Requena y Jurate Rosales, el periodista Camilo Rey Luna y el supervisor general Luis Camacho, a quienes se les prohíbe la salida del país.
Otros 44 periodistas, directivos de medios, medios de comunicación y particulares enfrentan procesos judiciales desde 2013, acusados por las autoridades por los delitos de difamación, injuria, violencia de género, disputa por propiedad de sede física, legitimación de capitales, ofensa a la Fuerza Armada y difusión de información falsa.
El director del diario El Nacional de Caracas, Miguel Henrique Otero, quien también afronta varias demandas por difamación, expresó que «el acoso contra periodistas y medios es cada día peor en Venezuela. Todos los periodistas que han sido sometidos a procedimientos penales y medidas cautelares siguen en las mismas condiciones, más bien, aumentan».
«A esta situación – explicó Otero, vicepresidente regional para Venezuela de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP- hay que agregar el crecimiento desmedido de la represión a opositores y periodistas, estos últimos considerados enemigos graves de la Revolución Bolivariana. Quien tenga una cámara fotográfica o un teléfono inteligente, corre peligro de ser agredido brutalmente por las fuerzas represivas o los colectivos paramilitares. Los pocos espacios de libertad informativa que quedan en el país están en grave peligro de desaparecer.»
El presidente de la SIP, Matt Sanders, director senior y gerente general de Deseret Digital Media, de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, llamó la atención sobre lo que consideró «una alarmante industria de demandas promovidas por las autoridades venezolanas para cercenar aún más a la prensa independiente que enfrenta en el país numerosos agravios».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron recientemente las acciones del Estado de Venezuela, entre estas el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica, dirigidas a cerrar espacios de participación y a perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión.